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Valencia

Los embargos por impago del alquiler se disparan y llegan a 1.037 en la Comunitat

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desahucios comunidad valenciana
Activistas de PAH Valencia, Entrebarris y Stop Desahucios ante la vivienda de una mujer afectada por un desahucio. EFE/ Biel Aliño/Archivo

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago del alquiler sumó entre enero y marzo un total de 5.443 (1.037 en la Comunitat), un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que representan siete de cada diez procedimientos (73,1 %), según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7 % hasta 1.448, el 19,5 % del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 lanzamientos, un 12,8 % más que en el mismo trimestre de 2023; Cataluña –con 1.870, el 25,2 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunitat Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

De los embargos provocados por impago del alquiler, el 18,7 % del total correspondieron a Cataluña, donde se produjeron 1.390; a continuación figura la Comunitat Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunitat Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2024 en los juzgados de la Comunitat Valenciana (1.037) supone un aumento del 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De los 1.037 lanzamientos contabilizados, 703, casi el 68 % del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 4,1 % más que un año antes, mientras que 281 (el 27 % del total) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que implica una reducción del 7,6 % respecto a los contabilizados entre enero y marzo de 2023. Los 53 restantes obedecieron a otras causas.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 449, solo uno más que en el mismo trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 464 los lanzamientos practicados, 20 más que un año antes, y en la de Castellón, 124, frente a los 138 de 2023.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, advierte el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9 % más que en mismo trimestre de 2023; de ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %.

Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunitat Valenciana, con 837 y Madrid, con 471.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunitat Valenciana, con 15,7.

 

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Sucesos

A prisión el exconvicto detenido por el asesinato del hotelero de Bocairent, cuyo cuerpo sigue sin aparecer

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Desaparecido empresario Bocairent

Antonio C. B. niega los hechos, pero las pruebas apuntan a él como autor del crimen de Enrique G. P., de 77 años, cuyo cuerpo sigue sin aparecer

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Ontinyent, en funciones de guardia, ha ordenado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Antonio C. B., exconvicto por homicidio, tras su detención como presunto autor del asesinato del empresario hotelero Enrique G. P., desaparecido desde finales de mayo en Bocairent (Valencia).


Pruebas clave y antecedentes del sospechoso

Antonio C. B., de 42 años y natural de Ontinyent, fue arrestado el viernes en una caseta propiedad de sus padres, donde residía desde hacía años. El arresto se produjo tras la llegada de resultados forenses que confirmaban la presencia de ADN y restos de sangre compatibles con la víctima, tanto en el hotel rural San Isidro —propiedad del desaparecido— como en uno de sus vehículos.

El detenido tiene un historial criminal relevante: fue condenado en 2008 a 10 años de prisión por el asesinato de un joven empresario en Muro (el Comtat), crimen cometido mientras ambos consumían alcohol y veían pornografía. Cumplió íntegramente la condena.


Un crimen en el hotel rural San Isidro

La desaparición del empresario Enrique G. P., de 77 años, fue denunciada por su hija el 31 de mayo. Desde entonces, la Guardia Civil ha centrado sus investigaciones en el hotel rural San Isidro, cerrado desde hace dos años, donde Enrique pasaba tiempo para evitar su ocupación ilegal.

El 4 de mayo, Enrique sorprendió a un okupa en el hotel. Su coche, un Opel Astra, fue robado esa misma jornada y continúa desaparecido. Las primeras sospechas recayeron sobre Antonio C. B., quien había trabajado anteriormente como camarero y encargado de mantenimiento en el establecimiento.


Sangre, ADN y desaparición: pruebas del crimen

Durante el registro del hotel, los agentes hallaron restos de sangre en una pared y en un sofá del salón, así como las gafas personales y el teléfono móvil del hotelero, que estaba apagado, impidiendo su geolocalización.

Días después, apareció un Volkswagen Golf azul oscuro, segundo coche de la víctima, cerrado y aparcado en Bocairent. En su maletero se hallaron salpicaduras de sangre que están siendo analizadas. Todo apunta a que en ese vehículo pudo ser transportado el cuerpo de Enrique tras el crimen.


Detención y negativa a colaborar

Antonio C. B. fue interrogado por el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil pero se negó a declarar ante los agentes, y este domingo solo respondió a las preguntas de su abogado, negando cualquier implicación y afirmando desconocer el paradero de Enrique, pese a los indicios abrumadores en su contra.

Durante su traslado a la prisión de Picassent, mostró una actitud violenta: intentó agredir, insultó y amenazó a un reportero gráfico. Su comportamiento ha sido descrito por fuentes cercanas como «chulesco y desafiante», sin mostrar señales de arrepentimiento ni intención de cooperar.


Un rompecabezas sin resolver: ¿dónde está el cuerpo?

La localización del cadáver de Enrique G. P. es ahora la máxima prioridad para la Guardia Civil. El silencio del detenido mantiene en vilo a la familia, que esperaba una confesión. Su viuda e hijos siguen sin respuestas, a la espera de poder recuperar el cuerpo para despedirse.

Todo apunta a que Enrique fue asesinado el 28 de mayo a primera hora, y su cadáver trasladado en el maletero del Golf. El coche fue visto circulando de forma temeraria en Banyeres, pero la Policía Local no logró interceptarlo.

 

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