Sanlúcar de Barrameda se encuentra conmocionada tras conocerse que el Juzgado Mixto número 2 de la localidad investiga una presunta agresión sexual en la residencia de mayores Virgen de la Caridad, en la que estaría implicado un residente como presunto autor y una mujer con un alto grado de dependencia como víctima.
Los hechos y denuncia
Según la familia de la denunciante, los hechos habrían ocurrido mientras la mujer dormía en la noche del pasado 19 de febrero. La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional de Sanlúcar el 24 de febrero, por la delegada sindical del Comité de Trabajadores de la residencia. No obstante, la familia afirma que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta el 27 de febrero, es decir, ocho días después del presunto suceso.
Actuación judicial
El 28 de febrero, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del juzgado instructor. El juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluyendo la prohibición de volver a la residencia Virgen de la Caridad y de comunicarse con la víctima. Posteriormente, el investigado fue trasladado a otro centro de mayores dentro de la provincia.
Críticas a la gestión del centro de mayores
En un comunicado emitido por su abogado, Miguel Ángel González Saborido, la familia ha manifestado su “total repulsa ante este tipo de situaciones” y ha lanzado duras críticas a la gestión del centro de mayores Virgen de la Caridad. Acusan al equipo directivo de “silencio cómplice” y de “no aplicar protocolos adecuados ante una situación de gravedad”, dejando desprotegida a una usuaria vulnerable.
Asimismo, expresan su confianza en la Justicia, reclamando que tanto el presunto agresor como los responsables institucionales por acción u omisión respondan ante la ley:
«Deben verse abocados a un procedimiento penal que depure todas las responsabilidades necesarias», sostienen.
Repercusiones políticas
El caso ha alcanzado también el plano político. Durante el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar celebrado el 1 de abril, la oposición solicitó la creación de una comisión de investigación. La alcaldesa Carmen Álvarez (IU) intentó abrir un expediente disciplinario al director del centro, pero la propuesta fue bloqueada por los consejeros de Emuremasa, la empresa pública que gestiona la residencia, con votos de PSOE, PP y Vox. Solo IU apoyó la medida.
Petición de respeto y verdad
Finalmente, la familia de la víctima ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que traten el caso “con respeto y pulcritud” y ha apelado a la “honestidad de los trabajadores del centro que conocen la realidad de lo ocurrido”.
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