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Sucesos

Desarticulado un grupo dedicado a la estafa en la compraventa de mascotas por internet

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Desgravar gastos mascotas

La Guardia Civil de Navarra ha concluido la Operación ‘DOG FAKE 2022’, que ha permitido la desarticulación de un grupo criminal implicado en múltiples estafas, una de ellas en la provincia de Valencia, relacionadas con la compraventa fraudulenta de mascotas a través de internet.

La operación, según ha informado el cuerpo policial, ha finalizado con la identificación de nueve personas de nacionalidad española como presuntas autoras de siete delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La operación se originó en mayo de 2022, tras un aumento de denuncias relacionadas con estafas en la compra de cachorros a través de portales de internet. El modus operandi del grupo criminal consistía en publicar anuncios falsos de venta o adopción de mascotas en conocidas plataformas.

Tras captar la atención de las víctimas, los estafadores se ganaban su confianza enviando imágenes de los cachorros y solicitando diversas transferencias bancarias o pagos vía Bizum bajo diferentes conceptos, como transporte, seguros, vacunas y otros gastos ficticios.

Una vez recibían el dinero, los autores del delito cortaban toda comunicación con las víctimas, quienes nunca llegaban a recibir el animal adquirido ni el reembolso del dinero, según explica la Guardia Civil.

Las personas estafadas son de Sangüesa (Navarra), Nerja (Málaga), Pamplona (Navarra), Villalonga (Valencia), Castelldefels (Barcelona), Albacete y Lerín (Navarra).

Transferencias previas a la entrega

El 15 de mayo de 2022, un ciudadano denunció en la Guardia Civil de Sangüesa haber sido víctima de una estafa al intentar comprar un cachorro de Dogo Argentino a través en una web de venta de cachorros. Tras contactar con el vendedor, realizó una primera transferencia de 260 euros para la compra del cachorro.

Posteriormente, le fue solicitado un pago adicional de 1.200 euros para el alquiler de una jaula, seguido por otra petición de 800 euros para el seguro de viaje, de los cuales el denunciante solo pudo transferir 400 euros. Finalmente, el vendedor exigió otros 525 euros para una supuesta vacunación del cachorro, suma que el denunciante se negó a pagar.

La victima de la estafa realizó pagos por valor de 1.860 euros. A pesar de ello, el denunciante no recibió el cachorro ni recuperó el dinero transferido porque todo se trataba de una estafa.

Los investigadores analizaron las transferencias bancarias y los movimientos de Bizum realizados por las víctimas, así como las imágenes de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaron los reintegros. Estas gestiones permitieron identificar a los miembros del grupo, que operaba desde Bilbao. La coordinación y organización del grupo permitían una rápida y eficiente gestión del dinero estafado, dificultando mucho su rastreo.

Tras 18 meses de investigación, se ha logrado la identificación y puesta a disposición judicial en calidad de investigados a nueve personas implicadas en la red criminal. En esta operación se ha contado con la colaboración de la Guardia Civil de Bizkaia, unidad que se ha encargado de la localización e investigación de estas siete personas, tres varones y cuatro mujeres de entre 21 y 28 años, residentes en diferentes localidades de Bizkaia.

Se ha identificado a dos personas más que permanecen en paradero desconocido, y sobre ellos pesa una orden de búsqueda y detención del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Aoiz que entiende de la causa,

 

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Sucesos

Investigada una trabajadora de guardería en Algemesí por posible conducta omisiva en el caso de maltrato a menores

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Imagen de un coche patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

El juzgado amplía la investigación por presunto maltrato infantil

El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira ha acordado tomar declaración como investigada a una trabajadora de una guardería de Algemesí para determinar si pudo incurrir en una conducta omisiva ante los presuntos malos tratos denunciados en el centro.

La decisión se produce en el marco de la causa abierta tras la denuncia contra la propietaria del establecimiento, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.


👩‍⚖️ La dueña del centro ya estaba investigada

En el procedimiento figura como investigada la propietaria de la guardería, una mujer de 55 años que quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas:

  • Prohibición de acercarse o comunicarse con los menores matriculados

  • Prohibición de acudir al centro

  • Suspensión de cualquier actividad laboral relacionada con menores

La causa se instruye inicialmente por presuntos delitos de maltrato habitual a menores y un delito continuado de vejaciones injustas.


🚔 Denuncias por presuntos episodios de malos tratos

Según la investigación policial, la responsable del centro habría presuntamente zarandeado, golpeado, vejado y dejado sin vigilancia a niños de entre nueve meses y tres años.

Las actuaciones se iniciaron tras denuncias del personal del propio centro. De acuerdo con informaciones publicadas, una trabajadora habría grabado durante meses varios vídeos que fueron entregados a la policía y que recogerían conductas como empujones, trato vejatorio o prácticas inapropiadas durante la alimentación.


👶 Protección de los menores y actuación institucional

El juzgado ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía la recopilación de los datos de los menores afectados y de sus familias para garantizar su protección.

Por su parte, las autoridades educativas y el Ayuntamiento coordinaron el cierre del centro y ofrecieron alternativas de escolarización a las familias para asegurar la continuidad educativa de los niños.


🔎 Qué significa la “conducta omisiva” en este caso

La investigación a la trabajadora busca esclarecer si pudo existir una omisión del deber de actuar o de denunciar situaciones que pudieran haber puesto en riesgo a los menores, algo que deberá determinarse en sede judicial.

Detención de la propietaria por presuntos malos tratos habituales

De acuerdo con la Jefatura, agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí llevaron a cabo la detención de la dueña de la guardería, de 55 años, a la que consideran presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante.

La detención tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y la mujer fue puesta a disposición judicial ese mismo día. Según ha adelantado À Punt, el arresto se produjo a raíz de varias denuncias del personal del centro, que alertó de los posibles malos tratos. El centro infantil permanece cerrado.

Libertad provisional con medidas cautelares

Prohibición de contacto con los menores y de ejercer trabajos relacionados con niños

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el pasado viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas figura la prohibición de aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados, así como la prohibición de acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, se le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores durante ese tiempo. La mujer está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Protección policial y actuación de la UFAM

El magistrado ha ordenado librar oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario con el fin de hacer efectiva la protección policial. Asimismo, ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

El Ayuntamiento de Algemesí y la Conselleria trabajan para reubicar a los menores

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí, en relación con el cierre cautelar de la escuela infantil, de titularidad privada, no ha ofrecido información adicional al tratarse, según ha señalado, de “un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores”.

No obstante, desde el consistorio han indicado que, desde primera hora de la mañana, están colaborando con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para, una vez identificadas las familias afectadas por el cierre, ofrecer alternativas rápidas y urgentes que garanticen la escolarización en otros centros, priorizando el bienestar de los menores y la tranquilidad de sus familias.

Asimismo, desde el departamento dirigido por Carme Ortí han señalado que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, está coordinada con el Ayuntamiento para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias afectadas.

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