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Desmantelan una ‘startup’ de marihuana que hacía seguimiento ‘on line’ de los cultivos

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ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desmantelado en San Vicente del Raspeig (Alicante) una de las organizaciones más modernas y mejor estructuradas dedicadas al cultivo y tráfico de drogas, calificada como la «startup» de la marihuana, que realizaba un seguimiento ‘on line’ de los cultivos tras la detención de 13 personas.

El cabecilla de la organización era un holandés reclamado por las autoridades de su país como presunto autor de un asesinato que había comenzado hacía menos de un año este negocio y ya disponía de cuatro cultivos que se encontraban a pleno rendimiento. El mismo día que fue detenido era emitida una Orden Europea de Detención por las autoridades holandesas en la que se le reclamaba por un delito contra las personas.

Uno de los activos de la organización era agente inmobiliario, experto en localizar a los propietarios que alquilaban viviendas, naves o locales comerciales, susceptibles de albergar plantaciones de gran tamaño. Cuando encontraba una vivienda que se adecuaba a las necesidades de la organización, hacía lo posible por alquilarla, incluso aunque estuviera habitada. Para ello, ofrecían grandes cantidades de dinero a sus moradores, que ante la oferta, acababan alquilándoles el inmueble.

Las cinco viviendas registradas por los agentes, estaban situadas en urbanizaciones de lujo. Por ellas pagaban alrededor de los 3.000 euros mensuales, pero todas estaban enganchadas ilegalmente a la red eléctrica, para poder suministrar las necesidades de las plantaciones sin levantar sospechas.

Estas viviendas pasaban totalmente desapercibidas para los vecinos, ya que vistas desde el exterior no se podía apreciar ningún detalle de lo que se estaba cultivando en su interior. De hecho, en ellas vivían los miembros de la banda con sus familias. Durante tres de los registros, la Guardia Civil descubrió en ellos a cuatro niños, de entre 9 meses y 7 años, según las mismas fuentes.

Otros miembros de la banda hacían el papel de «jardineros». Por un lado cuidaban el jardín y los exteriores de las casas, para aparentar normalidad entre el vecindario, pero también se encargaban de las plantas de marihuana en el interior de los recintos donde se estaban cultivando.

En esos cultivos, además, utilizaban tecnología punta para aumentar el rendimiento. El coste de montaje de estos cultivos era más del doble del habitual ya que disponían de equipos informáticos, conectados a aparatos de domótica, con los cuales controlaban el desarrollo de las plantaciones a distancia, con una tablet o un teléfono móvil, a través de una aplicación específica para ello.

De eso se encargaba uno de los miembros de la organización, que realizaba un seguimiento «on line» de los cultivos, controlando los niveles adecuados de temperatura, humedad, o los niveles de CO2. Cuando los agentes le detuvieron, otros miembros de la organización borraron remotamente el teléfono móvil donde tenía toda la información de los procesos de cultivo y las aplicaciones para el control.

Cuando llegaba el momento de la recogida y secado de las plantas, la organización realizaba una subcontratación a un grupo de marroquís, que solo tenían contacto con los miembros durante ese periodo de tiempo.

NEGOCIO PERFECTAMENTE ORGANIZADO
Mientras tanto, el líder de la organización llevaba un alto nivel de vida. Visitaba clubs de alterne y hoteles de lujo, en los que se cree cerraba acuerdos para exportar la droga a otros países europeos. Además, cambiaba constantemente de itinerarios, de vehículos (todos de alta gama y generalmente de alquiler), de teléfonos e incluso de vivienda, lo que dificultaba su seguimiento.

Durante los registros de las cinco viviendas, los agentes descubrieron entre la diversa documentación encontrada, que disponían de varias empresas pantalla, que no tenían actividad ninguna, pero que servían para blanquear el dinero procedente de la venta de droga.
Con ese fin tenían también alquilados varios locales, en los que se encontraban inscritas las empresas, pero que no tenían movimiento alguno. Los administradores de esas empresas, eran personas ajenas a la organización, que cobraban una cantidad mensual, solo por estar dadas de alta en esas funciones.

La Guardia Civil ha aprehendido cinco vehículos de alta gama (BMW y VW), valorados en unos 150.000 euros, cerca de 10.000 euros en efectivo, y numerosos terminales telefónicos con tarjetas de telefonía a nombre de súbitos argelinos con identidades ficticias al objeto de imposibilitar sus posibles intervenciones telefónicas.

También han sido intervenidos numerosos equipos informáticos, tablets, sistema telemáticos para controlar las plantaciones a distancia, arrojando este último extremo que dicho grupo operaba con las técnicas más moderas y pioneras en dicho mercado ilegal.

Además, se han incautado 60 kilos de marihuana dispuesta para su venta (cogollos), del cual hubiesen obtenido en el mercado ilícito unos 300.000 euros. Así mismo se han aprehendido 3.500 plantas de marihuana en cuatro cultivos diferentes y pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas para su propio consumo.
Las viviendas y locales estaban situadas en las localidades de Muchamiel, Gata de Gorgos, Busot, La Alcoraya, El Moralet y la capital alicantina.

En total, los agentes de la Guardia Civil de San Vicente han detenido a 13 personas (dos ucranianas, una rusa, un bosnio, cinco holandés, un colombiano, dos argentinos, dos marroquís), siendo tres de ellas mujeres, todos con edades comprendidas entre 25 y 45 años
como presuntos autores de varios delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico. Tras ser puestos a disposición judicial, cinco de ellos han ingresado en prisión provisional.

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Condenado un menor por matar a su padre para defender a su madre durante una pelea

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Menor mata a su padre para defender a su madre

El Juzgado de Menores número 1 de Murcia ha dictado una sentencia firme contra un menor de 14 años, que ha sido condenado como autor de un delito de homicidio por apuñalar a su padre en defensa de su madre durante una fuerte discusión familiar en Totana, en junio de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el menor asestó cinco puñaladas a su progenitor, una de ellas mortal, provocándole heridas graves en el hígado, diafragma y pulmón derecho. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital, donde falleció posteriormente.

El joven reconoció los hechos en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal. Ante su confesión y la aceptación de todas las partes, el juez dictó sentencia ‘in voce’, imponiendo 24 meses de internamiento en régimen cerrado, sustituibles por una medida de libertad vigilada bajo estrictas condiciones.

⚖️ Medidas impuestas al menor:

La sentencia establece un control integral del menor, incluyendo:

  • Escolarización adaptada a su situación personal

  • Seguimiento psicológico continuo

  • Controles periódicos de consumo de sustancias

  • Asistencia obligatoria a programas de educación en valores

  • Participación en actividades deportivas y de integración social

  • Restricción de movimientos nocturnos

  • Prohibición de contacto con entornos delictivos

  • Supervisión constante del equipo educativo y sanitario

El menor deberá asistir a todas las citas programadas y mostrar una actitud de responsabilidad frente a las normas impuestas. El fallo es firme y no recurrible.

Las consecuencias de este caso, tanto jurídicas como sociales y psicológicas, son amplias y delicadas debido a la gravedad de los hechos, la edad del autor y el contexto de violencia familiar. Aquí te detallo las principales posibles consecuencias:


⚖️ 1. Consecuencias jurídicas para el menor

Aunque se trata de un menor de 14 años —la edad mínima de responsabilidad penal en España— ha sido condenado conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Las consecuencias legales incluyen:

  • Libertad vigilada con estrictas condiciones durante 24 meses.

  • Restricción de derechos y movimientos: limitación de horarios, prohibición de contacto con ciertos entornos y obligación de asistencia a programas.

  • Registro de antecedentes (aunque de tipo reservado y con posible cancelación futura).

  • Supervisión judicial constante: si incumple las normas, podría pasar a régimen cerrado.

👉 En caso de reincidencia o incumplimiento, el juez podría revisar la medida y endurecerla, incluso decretar internamiento en un centro cerrado de menores.


🧠 2. Consecuencias psicológicas para el menor

El hecho de haber matado a su propio padre —aunque haya sido en un contexto de defensa de su madre— puede generar en el menor:

  • Trastornos emocionales como estrés postraumático, culpa o ansiedad.

  • Riesgo de estigmatización en su entorno escolar o social.

  • Necesidad de atención psicológica continuada para evitar conductas futuras de riesgo o retraimiento.

  • Impacto en su desarrollo emocional y relaciones futuras.


👪 3. Consecuencias familiares

  • Desestructuración familiar total: pérdida del padre y posible distanciamiento con otros familiares.

  • Carga emocional y legal para la madre: puede verse afectada por la culpa o presión social.

  • Implicaciones en custodia o tutela, si el menor no puede seguir viviendo con su madre.


📰 4. Consecuencias sociales y mediáticas

  • Estigmatización en el entorno: especialmente en un municipio pequeño como Totana.

  • Debate público sobre violencia familiar, defensa propia y justicia juvenil.

  • Revisión del sistema de protección a menores en contextos de violencia doméstica.


🛡️ 5. Implicaciones para el sistema judicial y de protección

Este caso puede tener repercusiones más amplias, como:

  • Mayor atención a los menores que viven en entornos de violencia familiar.

  • Revisión de políticas de intervención temprana y protocolos escolares.

  • Debate sobre la edad penal mínima y el tipo de medidas aplicadas en casos extremos.

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