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Detenidas 3 personas en Murcia en menos de 72 horas por otros tantos casos de violencia de género o doméstica

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Ana Cánovas

La Policía Local de Murcia ha detenido entre el pasado sábado y este lunes, en menos de 72 horas, a tres personas por protagonizar otros tantos casos de violencia de género o doméstica, según fuentes del citado Cuerpo.

La primera actuación tuvo lugar este sábado por la mañana, en la pedanía de El Esparragal, donde una mujer, de nacionalidad española y 56 años de edad, fue detenida por efectivos de la Unidad de Descentralización, por agredir a su hijo discapacitado, que presentaba lesiones recientes en espalda, cuello y codo.

Según indicaron su esposo e hija, esta situación se venía repitiendo los fines de semana, cuando el chico pasaba más tiempo en casa dado que no acudía al centro especializado que lo atendía los días laborables.

Por otra parte, el segundo suceso tuvo lugar a mediodía de ayer en la pedanía de Los Dolores, donde un hombre de 48 años y nacionalidad española fue detenido acusado por su esposa e hijo, menor de edad, de amenazarles gravemente y agredir a su mujer en diversas ocasiones.

No obstante, desde que el menor se interpuso, enfrentándose a su padre para que dejara de agredir a su madre, el menor también mantenía hacia él una actitud agresiva. En esta ocasión, el menor tuvo que salir corriendo de la casa para evitar que le pegara, antes de solicitar el auxilio de la policía. En presencia de los agentes adscritos al Grupo de Seguridad Ciudadana, el individuo llegó a amenazar de muerte a su esposa.

Finalmente, el tercer suceso tuvo lugar a la misma hora que la anterior, en la pedanía de Algezares y, en esta ocasión, agentes pertenecientes a la Unidad de Descentralización procedieron a la detención de un varón, de nacionalidad colombiana, por amenazar a su esposa con hacer daño a sus hijos que viven en Colombia.

Incluso los agentes fueron testigos a su llegada de cómo el detenido intimidaba gravemente a su mujer en la terraza del edificio, acorralándola mientras discutía con ella acaloradamente.

Finalmente, la víctima fue trasladada por una de las patrullas policiales a un centro médico puesto que indicó haber recibido la noche anterior una fuerte patada, y añadió que el individuo ya fue detenido en Madrid hace un tiempo por otra agresión.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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