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Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a suplantar la identidad en los exámenes para la obtención de la nacionalidad española y han detenido a once personas en la Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares y Murcia por estos hechos.

Las personas detenidas -diez hombres y una mujer de entre 25 y 40 años, de origen nigeriano y guineano- están acusadas de los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad de los aspirantes a las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y de conocimientos culturales (CCSE) del Instituto Cervantes.

Los organizadores cobraban entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes aprovechando su parecido físico, y se han detectado al menos diez suplantaciones de identidad, según han informado este jueves fuentes policiales.

La investigación arrancó hace aproximadamente un año por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia ante los indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para conseguir la nacionalidad española.

Estas sospechas se fundamentaron en la detención de un ciudadano de origen nigeriano como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil, al haber suplantado presuntamente a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española.

Ante la hipótesis de la existencia de una organización dedicada a suplantar la identidad de los candidatos para superar las pruebas de dominio de la lengua española y conocimientos culturales y legales, necesarias para la obtención de la nacionalidad, los agentes prosiguieron las investigaciones.

Se consiguió establecer la relación entre seis personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Ghana, que se encargaban de localizar a otras con parecido físico a los aspirantes y conocimientos suficientes para la superación de las pruebas.

Posteriormente, suplantaban a los verdaderos aspirantes para aprobar los exámenes requeridos para la obtención de la nacionalidad española.

En ocasiones, los mismos organizadores suplantaban la identidad de los aspirantes, aportando documentación falsa o falsificada a nombre de los aspirantes o bien con la propia documentación de estos, en ambos casos haciéndose pasar por los candidatos.

Los investigadores han podido constatar hasta diez suplantaciones de identidad llevadas a cabo por la organización criminal, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los 400 y los 800 euros por cada examen.

Como resultado de las investigaciones los agentes llevaron a cabo registros en la provincia de Valencia, donde se intervinieron varios dispositivos móviles, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsos.

Asimismo, se han efectuado un total de once detenciones –siete en Valencia, dos en Madrid, una en Murcia y otra en Baleares– por los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, imputándoles además a cuatro de ellos un delito de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.

Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

Imagen de la investigación compartida por la Policía Nacional.

 

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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