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Valencia

Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a suplantar la identidad en los exámenes para la obtención de la nacionalidad española y han detenido a once personas en la Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares y Murcia por estos hechos.

Las personas detenidas -diez hombres y una mujer de entre 25 y 40 años, de origen nigeriano y guineano- están acusadas de los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad de los aspirantes a las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y de conocimientos culturales (CCSE) del Instituto Cervantes.

Los organizadores cobraban entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes aprovechando su parecido físico, y se han detectado al menos diez suplantaciones de identidad, según han informado este jueves fuentes policiales.

La investigación arrancó hace aproximadamente un año por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia ante los indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para conseguir la nacionalidad española.

Estas sospechas se fundamentaron en la detención de un ciudadano de origen nigeriano como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil, al haber suplantado presuntamente a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española.

Ante la hipótesis de la existencia de una organización dedicada a suplantar la identidad de los candidatos para superar las pruebas de dominio de la lengua española y conocimientos culturales y legales, necesarias para la obtención de la nacionalidad, los agentes prosiguieron las investigaciones.

Se consiguió establecer la relación entre seis personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Ghana, que se encargaban de localizar a otras con parecido físico a los aspirantes y conocimientos suficientes para la superación de las pruebas.

Posteriormente, suplantaban a los verdaderos aspirantes para aprobar los exámenes requeridos para la obtención de la nacionalidad española.

En ocasiones, los mismos organizadores suplantaban la identidad de los aspirantes, aportando documentación falsa o falsificada a nombre de los aspirantes o bien con la propia documentación de estos, en ambos casos haciéndose pasar por los candidatos.

Los investigadores han podido constatar hasta diez suplantaciones de identidad llevadas a cabo por la organización criminal, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los 400 y los 800 euros por cada examen.

Como resultado de las investigaciones los agentes llevaron a cabo registros en la provincia de Valencia, donde se intervinieron varios dispositivos móviles, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsos.

Asimismo, se han efectuado un total de once detenciones –siete en Valencia, dos en Madrid, una en Murcia y otra en Baleares– por los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, imputándoles además a cuatro de ellos un delito de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.

Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

Imagen de la investigación compartida por la Policía Nacional.

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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