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Valencia

Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a suplantar la identidad en los exámenes para la obtención de la nacionalidad española y han detenido a once personas en la Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares y Murcia por estos hechos.

Las personas detenidas -diez hombres y una mujer de entre 25 y 40 años, de origen nigeriano y guineano- están acusadas de los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad de los aspirantes a las pruebas de dominio de la lengua española (DELE) y de conocimientos culturales (CCSE) del Instituto Cervantes.

Los organizadores cobraban entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en lugar de los verdaderos aspirantes aprovechando su parecido físico, y se han detectado al menos diez suplantaciones de identidad, según han informado este jueves fuentes policiales.

La investigación arrancó hace aproximadamente un año por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia ante los indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para conseguir la nacionalidad española.

Estas sospechas se fundamentaron en la detención de un ciudadano de origen nigeriano como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil, al haber suplantado presuntamente a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española.

Ante la hipótesis de la existencia de una organización dedicada a suplantar la identidad de los candidatos para superar las pruebas de dominio de la lengua española y conocimientos culturales y legales, necesarias para la obtención de la nacionalidad, los agentes prosiguieron las investigaciones.

Se consiguió establecer la relación entre seis personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Ghana, que se encargaban de localizar a otras con parecido físico a los aspirantes y conocimientos suficientes para la superación de las pruebas.

Posteriormente, suplantaban a los verdaderos aspirantes para aprobar los exámenes requeridos para la obtención de la nacionalidad española.

En ocasiones, los mismos organizadores suplantaban la identidad de los aspirantes, aportando documentación falsa o falsificada a nombre de los aspirantes o bien con la propia documentación de estos, en ambos casos haciéndose pasar por los candidatos.

Los investigadores han podido constatar hasta diez suplantaciones de identidad llevadas a cabo por la organización criminal, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los 400 y los 800 euros por cada examen.

Como resultado de las investigaciones los agentes llevaron a cabo registros en la provincia de Valencia, donde se intervinieron varios dispositivos móviles, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsos.

Asimismo, se han efectuado un total de once detenciones –siete en Valencia, dos en Madrid, una en Murcia y otra en Baleares– por los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, imputándoles además a cuatro de ellos un delito de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.

Once detenidos por suplantar la identidad en exámenes para lograr la nacionalidad española

Imagen de la investigación compartida por la Policía Nacional.

 

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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