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Doble crimen machista en Rubí: mata a su expareja y a su actual mujer y se suicida

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Doble crimen machista Rubí
Doble crimen machista en Rubí: un excomisario de la Policía mata a su expareja y a su actual mujer y se suicida

Un trágico caso de violencia machista ha sacudido las localidades de Rubí y Castellbisbal, en la provincia de Barcelona. Un hombre, excomisario de la Policía Nacional ya jubilado, ha asesinado con un arma de fuego a su expareja en su domicilio de Rubí y posteriormente a su actual pareja en Castellbisbal, antes de quitarse la vida.

Los Hechos: Un Caso de Violencia Machista

Según fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra es que el hombre, de unos 60 años, cometió los asesinatos en dos lugares distintos. Primero, mató a su expareja en Rubí, para luego desplazarse a Castellbisbal, donde residía con su actual pareja, también de edad similar, a quien también disparó antes de suicidarse.

Investigación en Marcha

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra está a cargo de las pesquisas para esclarecer los detalles de este doble crimen. Las autoridades confirmaron que el autor de los hechos era un comisario de la Policía Nacional que ya estaba retirado.

Estadísticas y Recursos de Ayuda

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que ninguna de las dos mujeres figuraba en el sistema como víctima de violencia machista previamente. De confirmarse la naturaleza machista de estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va del año 2024 ascendería a 31.

¿Dónde Buscar Ayuda?

Las víctimas de violencia de género y su entorno pueden acceder a varios recursos de ayuda disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. El teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 están a disposición para ofrecer apoyo y orientación.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los números de emergencias de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a las autoridades con geolocalización.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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