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Doble crimen machista en Rubí: mata a su expareja y a su actual mujer y se suicida

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Doble crimen machista Rubí
Doble crimen machista en Rubí: un excomisario de la Policía mata a su expareja y a su actual mujer y se suicida

Un trágico caso de violencia machista ha sacudido las localidades de Rubí y Castellbisbal, en la provincia de Barcelona. Un hombre, excomisario de la Policía Nacional ya jubilado, ha asesinado con un arma de fuego a su expareja en su domicilio de Rubí y posteriormente a su actual pareja en Castellbisbal, antes de quitarse la vida.

Los Hechos: Un Caso de Violencia Machista

Según fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra es que el hombre, de unos 60 años, cometió los asesinatos en dos lugares distintos. Primero, mató a su expareja en Rubí, para luego desplazarse a Castellbisbal, donde residía con su actual pareja, también de edad similar, a quien también disparó antes de suicidarse.

Investigación en Marcha

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra está a cargo de las pesquisas para esclarecer los detalles de este doble crimen. Las autoridades confirmaron que el autor de los hechos era un comisario de la Policía Nacional que ya estaba retirado.

Estadísticas y Recursos de Ayuda

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que ninguna de las dos mujeres figuraba en el sistema como víctima de violencia machista previamente. De confirmarse la naturaleza machista de estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va del año 2024 ascendería a 31.

¿Dónde Buscar Ayuda?

Las víctimas de violencia de género y su entorno pueden acceder a varios recursos de ayuda disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. El teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 están a disposición para ofrecer apoyo y orientación.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los números de emergencias de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a las autoridades con geolocalización.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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