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Sucesos

Dos detenidos tras entregarse a la Policía por las 13 toneladas de cocaína y el jefe de UDEF con 20 millones

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Detenido un matrimonio por convivir dos meses con el cadáver del hombre que les acogía para seguir cobrando su pensión

Una pareja de El Campello (Alicante) buscada por su presunta relación con el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) y la investigación contra el jefe de la UDEF que escondía 20 millones emparedados en su casa se ha entregado a la Policía Nacional, poniendo fin a varios meses ocultándose de los agentes para evitar su localización.

La pareja conformada por un hombre y una mujer se han entregado en una comisaría en Madrid, donde han sido detenidos al existir órdenes de detención tanto nacionales como europeas, según ha adelantado el diario ‘Información’ y confirman a Europa Press fuentes policiales.

A los dos se les vincula con la empresa de frutas que presuntamente importó el contenedor que ocultaba las 13 toneladas de cocaína, el considerado como el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en toda Europa por la Policía y la Agencia Tributaria.

Los investigadores lo buscaban desde que se intervino en noviembre la droga en el puerto de Algeciras y una vez que ambos desaparecieron del chalet de El Campello donde residían con su hija menor de edad. La principal hipótesis es que se ocultaron tras ser alertados de las diligencias policiales.

ROL DEL JEFE DE LA UDEF EN MADRID

La investigación sobre este entramado criminal la dirige el Juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, englobando a varias mercantiles relacionadas presuntamente con el narcotráfico.

Dicha investigación apunta a que este entramado dedicado al narcotráfico contaba con la ayuda del inspector Óscar S.G., exjefe de la UDEF en Madrid y encarcelado tras ser detenido junto a su mujer, también policía nacional. En su casa ocultaban entre las paredes 20 millones de euros, así como cerca de un millón en su despacho en la Jefatura Superior de Policía en Madrid.

La investigación también señala al exjefe de antiblanqueo de la Policía en Madrid por presuntamente colaborar con la red dedicada al narcotráfico, para lo que introducía datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas.

A cambio de dinero recibido por los ‘narcos’, con este mecanismo el responsable policial detectaba si eran objeto de otras pesquisas policiales y podía alertar a los cabecillas del grupo criminal.

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Sucesos

Condenan a Almudena Ramón a 3,5 años de prisión por estafar a lesionados medulares

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VALÈNCIA, 27 Ene. 2026 – La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Almudena Ramón, investigadora científica, y a su pareja a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa agravada, tras aprovecharse de personas con lesiones medulares a quienes ofrecían una supuesta terapia médica experimental.

Según la sentencia, los condenados promocionaron una “Terapia Regenerativa Medular” desde un centro privado, ofreciendo diagnósticos y tratamientos que carecían de validación científica y autorización sanitaria.

Terapia fraudulenta y engaño a pacientes

La investigación judicial confirmó que la terapia, presentada como innovadora y con supuesta eficacia para personas con lesiones de médula espinal, no tenía respaldo clínico ni ensayos que demostraran su efectividad. Los pacientes pagaban por tratamientos que nunca se completaron, mientras que los acusados mantenían la apariencia de profesionalidad científica.

La sentencia subraya que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de personas gravemente afectadas, haciendo creer que podían mejorar o curar su condición mediante un tratamiento inexistente.

Multas e indemnizaciones

Además de la pena de prisión, la sentencia obliga a Ramón y a su pareja a pagar una multa económica y a indemnizar a varios pacientes, con cantidades que oscilan entre 400 y 9.000 euros, por los daños causados durante la estafa.

Repercusión del caso

Este fallo judicial se produce tras años de denuncias sobre prácticas médicas no reguladas en clínicas privadas de la Comunitat Valenciana. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles éticos y sanitarios estrictos para tratamientos médicos experimentales, especialmente cuando se dirigen a pacientes con graves secuelas físicas.

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