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Educación concede 882 becas salarios a alumnos universitarios por sus expedientes académicos

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la resolución de las becas salario, unidas a la renta para la realización de estudios universitarios, adscritas a los estudiantes de las universidades publicas valencianas para el curso 2016-2017.

En total, han sido 882 beneficiados, de los cuales 368 corresponden a la Universitat de València, 214 a la Universitat d’Alacant, 127 a la Universitat Politècnica de València, 102 a la Universitat Jaume I de Castellón y 71 a la Universidad Miguel Hernández.

Las becas salario están dirigidas al alumnado que inicia por primera vez sus estudios universitarios el curso 2016-2017, cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos derivados de sus estudios universitarios. El umbral de renta que se establece es de familias de cuatro miembros con una renta de 18.000 euros y la nota mínima exigida es de un 5.

El conseller Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha declarado que «destinamos 5 millones de euros para paliar los efectos negativos de una política estatal de universidades y del antiguo gobierno autonómico que generaba desequilibrios flagrantes traducidos en el descenso en un 11% del alumnado en las universidades públicas valencianas por no poder estudiar por razones económicas».

«Es un cambio de prioridades del Gobierno Valenciano y estos 882 alumnos son el símbolo de la generación del Botànic, la generación de alumnos que tiene garantizada la igualdad de oportunidades educativas en la vida sin condicionantes económicos», ha continuado Marzà.

Los alumnos beneficiados cobrarán la cantidad íntegra por medio de su universidad durante las próximas semanas. El objetivo de las becas salario es evitar la autoexclusión y garantizar que los estudiantes de nuevo ingreso puedan optar a una formación universitaria con un salario destinado a esa finalidad. De esta manera, el alumnado puede colaborar con su familia aportando un sueldo próximo al salario mínimo interprofesional de hasta 600 euros, durante los cuatro años de formación.

El expediente académico de los estudiantes que han reunido todos los requisitos está entre el 7,33 y el 10. «Con eso se prueba que el Gobierno del Botànic da apoyo al esfuerzo académico de muchas personas con un expediente impecable que no deben tener entorpecida su oportunidad de estudiar en nuestras universidades porque la renta familiar sea baja. Es gente que se lo tiene bien merecido y hay que darles apoyo», ha declarado la directora general de Universidades, Josefina Bueno, y ha añadido: «Además, les beneficiados renovarán la ayuda siempre que superen académicamente cada curso».

Hay que destacar que, el programa de becas universitarias de la Generalitat, tiene un marcado carácter social, ya que potencia la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios; los criterios se han establecido pensando en aquellas familias con rentas más bajas y aquellas personas que, o están sin trabajo, o deben compatibilizar trabajo y estudios para hacer frente al coste de la matrícula.

La información se puede consultar en este enlace: consultar

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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