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Educación concede 882 becas salarios a alumnos universitarios por sus expedientes académicos

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la resolución de las becas salario, unidas a la renta para la realización de estudios universitarios, adscritas a los estudiantes de las universidades publicas valencianas para el curso 2016-2017.

En total, han sido 882 beneficiados, de los cuales 368 corresponden a la Universitat de València, 214 a la Universitat d’Alacant, 127 a la Universitat Politècnica de València, 102 a la Universitat Jaume I de Castellón y 71 a la Universidad Miguel Hernández.

Las becas salario están dirigidas al alumnado que inicia por primera vez sus estudios universitarios el curso 2016-2017, cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos derivados de sus estudios universitarios. El umbral de renta que se establece es de familias de cuatro miembros con una renta de 18.000 euros y la nota mínima exigida es de un 5.

El conseller Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha declarado que «destinamos 5 millones de euros para paliar los efectos negativos de una política estatal de universidades y del antiguo gobierno autonómico que generaba desequilibrios flagrantes traducidos en el descenso en un 11% del alumnado en las universidades públicas valencianas por no poder estudiar por razones económicas».

«Es un cambio de prioridades del Gobierno Valenciano y estos 882 alumnos son el símbolo de la generación del Botànic, la generación de alumnos que tiene garantizada la igualdad de oportunidades educativas en la vida sin condicionantes económicos», ha continuado Marzà.

Los alumnos beneficiados cobrarán la cantidad íntegra por medio de su universidad durante las próximas semanas. El objetivo de las becas salario es evitar la autoexclusión y garantizar que los estudiantes de nuevo ingreso puedan optar a una formación universitaria con un salario destinado a esa finalidad. De esta manera, el alumnado puede colaborar con su familia aportando un sueldo próximo al salario mínimo interprofesional de hasta 600 euros, durante los cuatro años de formación.

El expediente académico de los estudiantes que han reunido todos los requisitos está entre el 7,33 y el 10. «Con eso se prueba que el Gobierno del Botànic da apoyo al esfuerzo académico de muchas personas con un expediente impecable que no deben tener entorpecida su oportunidad de estudiar en nuestras universidades porque la renta familiar sea baja. Es gente que se lo tiene bien merecido y hay que darles apoyo», ha declarado la directora general de Universidades, Josefina Bueno, y ha añadido: «Además, les beneficiados renovarán la ayuda siempre que superen académicamente cada curso».

Hay que destacar que, el programa de becas universitarias de la Generalitat, tiene un marcado carácter social, ya que potencia la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios; los criterios se han establecido pensando en aquellas familias con rentas más bajas y aquellas personas que, o están sin trabajo, o deben compatibilizar trabajo y estudios para hacer frente al coste de la matrícula.

La información se puede consultar en este enlace: consultar

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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