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Educación concede 882 becas salarios a alumnos universitarios por sus expedientes académicos

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la resolución de las becas salario, unidas a la renta para la realización de estudios universitarios, adscritas a los estudiantes de las universidades publicas valencianas para el curso 2016-2017.

En total, han sido 882 beneficiados, de los cuales 368 corresponden a la Universitat de València, 214 a la Universitat d’Alacant, 127 a la Universitat Politècnica de València, 102 a la Universitat Jaume I de Castellón y 71 a la Universidad Miguel Hernández.

Las becas salario están dirigidas al alumnado que inicia por primera vez sus estudios universitarios el curso 2016-2017, cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos derivados de sus estudios universitarios. El umbral de renta que se establece es de familias de cuatro miembros con una renta de 18.000 euros y la nota mínima exigida es de un 5.

El conseller Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha declarado que «destinamos 5 millones de euros para paliar los efectos negativos de una política estatal de universidades y del antiguo gobierno autonómico que generaba desequilibrios flagrantes traducidos en el descenso en un 11% del alumnado en las universidades públicas valencianas por no poder estudiar por razones económicas».

«Es un cambio de prioridades del Gobierno Valenciano y estos 882 alumnos son el símbolo de la generación del Botànic, la generación de alumnos que tiene garantizada la igualdad de oportunidades educativas en la vida sin condicionantes económicos», ha continuado Marzà.

Los alumnos beneficiados cobrarán la cantidad íntegra por medio de su universidad durante las próximas semanas. El objetivo de las becas salario es evitar la autoexclusión y garantizar que los estudiantes de nuevo ingreso puedan optar a una formación universitaria con un salario destinado a esa finalidad. De esta manera, el alumnado puede colaborar con su familia aportando un sueldo próximo al salario mínimo interprofesional de hasta 600 euros, durante los cuatro años de formación.

El expediente académico de los estudiantes que han reunido todos los requisitos está entre el 7,33 y el 10. «Con eso se prueba que el Gobierno del Botànic da apoyo al esfuerzo académico de muchas personas con un expediente impecable que no deben tener entorpecida su oportunidad de estudiar en nuestras universidades porque la renta familiar sea baja. Es gente que se lo tiene bien merecido y hay que darles apoyo», ha declarado la directora general de Universidades, Josefina Bueno, y ha añadido: «Además, les beneficiados renovarán la ayuda siempre que superen académicamente cada curso».

Hay que destacar que, el programa de becas universitarias de la Generalitat, tiene un marcado carácter social, ya que potencia la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios; los criterios se han establecido pensando en aquellas familias con rentas más bajas y aquellas personas que, o están sin trabajo, o deben compatibilizar trabajo y estudios para hacer frente al coste de la matrícula.

La información se puede consultar en este enlace: consultar

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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