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Educación concede 882 becas salarios a alumnos universitarios por sus expedientes académicos

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la resolución de las becas salario, unidas a la renta para la realización de estudios universitarios, adscritas a los estudiantes de las universidades publicas valencianas para el curso 2016-2017.

En total, han sido 882 beneficiados, de los cuales 368 corresponden a la Universitat de València, 214 a la Universitat d’Alacant, 127 a la Universitat Politècnica de València, 102 a la Universitat Jaume I de Castellón y 71 a la Universidad Miguel Hernández.

Las becas salario están dirigidas al alumnado que inicia por primera vez sus estudios universitarios el curso 2016-2017, cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos derivados de sus estudios universitarios. El umbral de renta que se establece es de familias de cuatro miembros con una renta de 18.000 euros y la nota mínima exigida es de un 5.

El conseller Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha declarado que «destinamos 5 millones de euros para paliar los efectos negativos de una política estatal de universidades y del antiguo gobierno autonómico que generaba desequilibrios flagrantes traducidos en el descenso en un 11% del alumnado en las universidades públicas valencianas por no poder estudiar por razones económicas».

«Es un cambio de prioridades del Gobierno Valenciano y estos 882 alumnos son el símbolo de la generación del Botànic, la generación de alumnos que tiene garantizada la igualdad de oportunidades educativas en la vida sin condicionantes económicos», ha continuado Marzà.

Los alumnos beneficiados cobrarán la cantidad íntegra por medio de su universidad durante las próximas semanas. El objetivo de las becas salario es evitar la autoexclusión y garantizar que los estudiantes de nuevo ingreso puedan optar a una formación universitaria con un salario destinado a esa finalidad. De esta manera, el alumnado puede colaborar con su familia aportando un sueldo próximo al salario mínimo interprofesional de hasta 600 euros, durante los cuatro años de formación.

El expediente académico de los estudiantes que han reunido todos los requisitos está entre el 7,33 y el 10. «Con eso se prueba que el Gobierno del Botànic da apoyo al esfuerzo académico de muchas personas con un expediente impecable que no deben tener entorpecida su oportunidad de estudiar en nuestras universidades porque la renta familiar sea baja. Es gente que se lo tiene bien merecido y hay que darles apoyo», ha declarado la directora general de Universidades, Josefina Bueno, y ha añadido: «Además, les beneficiados renovarán la ayuda siempre que superen académicamente cada curso».

Hay que destacar que, el programa de becas universitarias de la Generalitat, tiene un marcado carácter social, ya que potencia la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios; los criterios se han establecido pensando en aquellas familias con rentas más bajas y aquellas personas que, o están sin trabajo, o deben compatibilizar trabajo y estudios para hacer frente al coste de la matrícula.

La información se puede consultar en este enlace: consultar

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El Gobierno obligará a patinetes eléctricos a contratar un seguro a partir de esta fecha

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Seguro patinete eléctrico
En la imagen, una persona circula en un patinete bajo la lluvia en la ciudad de València. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de un patinete eléctrico. Además, se establecerá un registro para estos vehículos ligeros que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026.

Asimismo, se ampliará la definición de vehículo de motor para incluir una amplia gama de maquinaria, como la agrícola y la de construcción. Los propietarios de estos equipos deberán contratar un seguro obligatorio del automóvil, con el objetivo de facilitar la resolución de siniestros.

A partir de ahora, se considerarán vehículos a motor aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros por hora o que tengan un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.

MÁS DE 2 MILLONES DE MÁQUINAS ASEGURADAS Y 200 MILLONES DE EUROS

En total, más de dos millones de máquinas deberán asegurarse, lo que representará un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones repercutirán en los distribuidores, según la Fundación Inade.

El objetivo es «mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico», según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

El Gobierno ha dado luz verde a la ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, colocando a España entre los países que han adoptado la última directiva europea aprobada en noviembre de 2021. Esta directiva aclara qué debe considerarse un vehículo a motor y el «hecho de la circulación».

EL SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS

Conforme a la jurisprudencia europea, el concepto de «hecho de la circulación» se amplía para incluir «toda utilización de un vehículo» en el momento del accidente, independientemente de sus características, el terreno y si el vehículo está parado o en movimiento.

La nueva legislación también introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de circulación, empleando un nuevo «baremo». Además, una comisión de expertos estudiará la conveniencia de un seguro obligatorio para los nuevos vehículos de movilidad personal.

El procedimiento para el cálculo y pago de indemnizaciones se agiliza, con el objetivo de lograr una resolución rápida sin necesidad de recurrir a los juzgados. Las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo.

INDEMNIZACIONES CUBIERTAS EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA ASEGURADORA

La directiva también ordena que un fondo de garantía en cada país cubra las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, tarea que en España corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros.

La norma introduce cambios en la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, mejorando las facultades de control para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen las aseguradoras y mediante la implementación de planes preventivos de recuperación.

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