La esposa del presidente niega malversación y enmarca los correos en un “uso social”

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, compareció este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunta malversación de caudales públicos. Gómez aseguró que su imputación responde únicamente a que pidió un “favor” a su asistente en situaciones excepcionales debido a la relación de amistad que mantenían, según fuentes jurídicas.

La defensa de Gómez sostiene en su último escrito que ese favor consistió en tres líneas al final de un correo a un patrocinador, algo habitual en cualquier entorno laboral y que debe entenderse como un “uso social”, lo que, según argumentan, no encaja en la figura penal de malversación recogida en el Código Penal.

La versión de Begoña Gómez sobre el papel de su asistente

Ante el juez, Gómez explicó que su asesora, Cristina Álvarez, siempre se dedicó a las funciones que le fueron encomendadas, como la gestión de su agenda y la coordinación de su equipo de seguridad en función de los protocolos de los actos oficiales.

La esposa del jefe del Ejecutivo enmarcó como un favor los dos correos enviados en 2021 por su asistente a directivas de Reale Seguros, una de las entidades que financiaba la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez precisó que Álvarez la acompañaba habitualmente a actos oficiales y, en menor medida, a actos privados. En consecuencia, tenía acceso a buena parte de su correo electrónico, algo que consideró imprescindible para poder cumplir con sus funciones. La propia Begoña Gómez subrayó que todas las cuestiones vinculadas a su actividad profesional las gestionaba personalmente y que su asistente disponía de copia de los correos solo para coordinar la agenda oficial y particular.

La asesora estaba citada también este miércoles, pero se acogió a su derecho a no declarar.

La investigación judicial por malversación

El magistrado Peinado se apoyó en el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que en junio confirmó la investigación por presunta malversación. Esto motivó la citación formal de Gómez en calidad de investigada.

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como imputada en otras piezas del caso por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Desde enero, Peinado investiga si Cristina Álvarez pudo incurrir en malversación de fondos públicos al enviar correos en nombre de Gómez, lo que, a juicio del juez, podría exceder sus funciones en la Moncloa. Sin embargo, el propio magistrado reconoció en una resolución previa que “no se alcanza a percibir en qué medida” la asistente habría podido malversar dinero público por realizar las tareas que le correspondían y por las que ya percibía salario.

Los argumentos de la defensa de Begoña Gómez

El equipo jurídico de Gómez insiste en que, tras dos años de instrucción, no ha aparecido ningún indicio de tráfico de influencias por parte de su defendida. Argumentan que las cartas firmadas en nombre de la cátedra eran habituales en procesos de contratación pública de carácter tecnológico y que otras instituciones emitieron documentos idénticos.

En consecuencia, defienden que si Gómez no participó en un delito de tráfico de influencias, tampoco podría haber malversado fondos públicos para ese fin.

Nuevas diligencias solicitadas por el juez

En paralelo, el magistrado ha requerido al exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, que entregue en un plazo de 10 días todos los correos electrónicos en los que figure como remitente o destinataria la asesora de Gómez.

La medida responde a una petición de las acusaciones populares promovidas por la organización Hazte Oír, que solicitaron los más de cien correos mencionados por Doadrio durante su declaración como testigo.

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