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El 67% de los valencianos prefiere utilizar mascarillas del tipo FFP2

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EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

València, 8 feb (EFE).- Una encuesta llevada a cabo por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con 668 personas revela que el 67 % de los encuestados asegura utilizar mascarillas FFP2, dato que convierte a este tipo de producto como las más utilizadas por los valencianos durante la pandemia de coronavirus.

En la encuesta, las mascarillas quirúrgicas son utilizadas por el 44,7 % de la población encuestada, mientras que las higiénicas, con un 18,7 %, las de tela, un 16,6 % y las FFP3, con un 1 % de personas usuarias, cierran la encuesta.

Según las conclusiones extraídas de la encuesta titulada «El uso de la mascarilla», las personas consumidoras adquieren más de un tipo de mascarillas, siendo las FFP2 y las quirúrgicas las más usadas entre la ciudadanía.

El objetivo de la encuesta ha sido dar a conocer el uso que realiza la población de las mascarillas, dónde se adquieren, el presupuesto destinado a su obtención y el conocimiento de la vida útil del producto.

Así, el 54,8 % de entrevistados ha afirmado que adquiere las mascarillas en farmacias; un 31,2 % de los valencianos lo hace por internet; un 29,1 % de los encuestados, en supermercados, y el 19,5 % restante, en otro tipo de establecimientos comerciales.

Por otro lado, la Unión de Consumidores ha comentado que un 78,8 % de la ciudadanía conoce y sigue las indicaciones de uso de las mascarillas, mientras que el 17,9 % ha afirmado que las conocen pero no las siguen, y un 3,3 % de los valencianos no las conoce y tampoco las sigue.

En relación a estos datos, el 51,2 % de la población siempre cumple las indicaciones de vida útil de la mascarilla, el 41,7 % de manera frecuente, y el 7,1 % con una frecuencia esporádica.

La encuesta ha mostrado que el uso obligatorio de las mascarillas ha provocado un incremento en los gastos de los ciudadanos, por lo que el 78 % de los entrevistados destina al mes entre 25 y 50 euros para la compra de mascarillas; un 18,3 % entre 50 y 75 euros, y el 3,7 % restante gasta más de esta cantidad, por lo que un 98,6 % considera necesario que las mascarillas FFP2, las más usadas, bajen de precio.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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