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El 67% de los valencianos prefiere utilizar mascarillas del tipo FFP2

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EFE/LUIS TEJIDO/Archivo

València, 8 feb (EFE).- Una encuesta llevada a cabo por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con 668 personas revela que el 67 % de los encuestados asegura utilizar mascarillas FFP2, dato que convierte a este tipo de producto como las más utilizadas por los valencianos durante la pandemia de coronavirus.

En la encuesta, las mascarillas quirúrgicas son utilizadas por el 44,7 % de la población encuestada, mientras que las higiénicas, con un 18,7 %, las de tela, un 16,6 % y las FFP3, con un 1 % de personas usuarias, cierran la encuesta.

Según las conclusiones extraídas de la encuesta titulada «El uso de la mascarilla», las personas consumidoras adquieren más de un tipo de mascarillas, siendo las FFP2 y las quirúrgicas las más usadas entre la ciudadanía.

El objetivo de la encuesta ha sido dar a conocer el uso que realiza la población de las mascarillas, dónde se adquieren, el presupuesto destinado a su obtención y el conocimiento de la vida útil del producto.

Así, el 54,8 % de entrevistados ha afirmado que adquiere las mascarillas en farmacias; un 31,2 % de los valencianos lo hace por internet; un 29,1 % de los encuestados, en supermercados, y el 19,5 % restante, en otro tipo de establecimientos comerciales.

Por otro lado, la Unión de Consumidores ha comentado que un 78,8 % de la ciudadanía conoce y sigue las indicaciones de uso de las mascarillas, mientras que el 17,9 % ha afirmado que las conocen pero no las siguen, y un 3,3 % de los valencianos no las conoce y tampoco las sigue.

En relación a estos datos, el 51,2 % de la población siempre cumple las indicaciones de vida útil de la mascarilla, el 41,7 % de manera frecuente, y el 7,1 % con una frecuencia esporádica.

La encuesta ha mostrado que el uso obligatorio de las mascarillas ha provocado un incremento en los gastos de los ciudadanos, por lo que el 78 % de los entrevistados destina al mes entre 25 y 50 euros para la compra de mascarillas; un 18,3 % entre 50 y 75 euros, y el 3,7 % restante gasta más de esta cantidad, por lo que un 98,6 % considera necesario que las mascarillas FFP2, las más usadas, bajen de precio.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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