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El ‘Aquarius’ descarta viajar a España y reclama a las autoridades italianas una solución

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MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) –

El buque ‘Aquarius’, en el que viajan más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo, descarta viajar a España por la inseguridad que generaría un viaje de entre tres y cinco días hasta Valencia.

Tanto la ONG SOS Méditerranée como Médicos Sin Fronteras (MSF) han confirmado que se descarta la opción de Valencia, tal y como había ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez, por la inseguridad de un viaje tan largo y debido al empeoramiento del tiempo.

«Es responsabilidad de las autoridades marítimas italianas encontrar una solución rápida y segura para las 629 personas a bordo del ‘Aquarius'», ha subrayado SOS Mediterranée. La organización ha destacado que Salvamento Marítimo español propuso acoger al buque en Valencia, «pero llegar a España llevaría varios días». «Con 629 personas a bordo y el clima empeorando, la situación podría volverse crítica», ha advertido. «La prioridad debe seguir siendo la seguridad de todos los sobrevivientes», ha apostillado.

Tras valorar «muy positivamente» el gesto del Gobierno español, ambas ONG han recordado que con 629 personas a bordo y el deterioro previsto en las condiciones meteorológicas podrían llevar a «una situación crítica» en el trayecto hasta Valencia, a 1.300 kilómetros de distancia.

En sus cuentas oficiales de Twitter, han recalcado que la prioridad es garantizar la seguridad de todas las personas migrantes a bordo del buque de rescate.

La enviada especial de Euronews Analise Borges, a bordo del barco, ya había adelantado que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas podrían hacer que el trayecto hasta Valencia se prolongue entre tres y cinco días, lo que supondría un riesgo para todos los que están a bordo.

«Es inseguro para el barco, para la tripulación y para la gente rescatada», ha señalado en su cuenta de Twitter en base a la información facilitada desde la ONG SOS Méditerranée.

Poco antes, desde la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) han reclamado que se permitiera el desembarco inmediato de los 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo y ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el buque tuviera que desplazarse hasta Valencia, ya que ello supondría reducir notablemente la capacidad de respuesta ante un posible nuevo naufragio.

Además, MSF ha expresado su «preocupación» por la seguridad de los migrantes rescatados que están a bordo del ‘Aquarius’, entre ellos «enfermos, heridos, mujeres embarazadas y menores».

En particular, ha subrayado que «un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro». Además, recuerda que el buque aún necesita instrucciones formales de los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma y Madrid.

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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