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El AVE unirá València y Barcelona en dos horas en 2019

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles la implantación de doble plataforma en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre Valencia y Castellón.

Este proyecto contempla una inversión estimada de 1.170 millones de euros para este trayecto, de una longitud aproximada de 62 km, y permitirá a los servicios comerciales de viajeros circular a una velocidad máxima de 350 km/h. De acuerdo con la planificación actual del Ministerio de Fomento, la obra se licitará en 2019.

Esta actuación, junto a la construcción del túnel pasante en Valencia ya aprobado por la Sociedad de Integración de la Alta Velocidad en Valencia, logrará reducir el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia a 2 horas, desde Barcelona hasta Alicante a 3 horas y hasta Castellón a 1 hora y 35 minutos, permitiendo así servicios competitivos para los trenes de mercancías, más eficientes y ágiles, al incorporar un nuevo trazado.

Esta reducción de tiempo se producirá también gracias a las propuestas de inversión ya programadas por el Ministerio de Fomento para incorporar el ancho UIC en otros tramos: la variante de Vandellós- Tarragona, el cambio de ancho Castellón-Vinarós y las actuaciones entre Valencia-Xátiva-La Encina.

DESARROLLO POR FASES

Una vez que entre en servicio la vía con tercer carril entre Valencia y Castellón, que en estos momentos se encuentra en pruebas, previsiblemente en el cuarto trimestre de 2017, Adif empezará con las obras en la otra vía de este mismo tramo para incorporar también el tercer carril.

Ante un potencial incremento del tráfico de mercancías y viajeros en este tramo, se ha previsto abordar la construcción de una nueva plataforma y el marco presupuestario de los próximos ejercicios para esta infraestructura.

Además, el Ministerio de Fomento se ha comprometido ya, a través de Adif, con la Sociedad de Integración de la Alta Velocidad en Valencia a ejecutar tanto el túnel pasante como la estación de Portela, ambos en Valencia, con el fin de aumentar la agilidad de los tráficos ferroviarios. Esta actuación supone una inversión estimada de 2.228 millones de euros.

Por tanto, además de la conexión entre Tarragona, Barcelona y Girona mediante ancho estándar con la frontera francesa, en 2020 cuatro nuevas capitales de provincia (Castellón, Valencia, Alicante y Murcia), estarán comunicadas mediante alta velocidad con Europa.

Por lo que respecta al tráfico de mercancías, el Plan Estratégico que el Ministerio de Fomento quiere llevar a cabo incluye la conexión de todos los puertos del Corredor Mediterráneo a la red de ancho estándar, con soluciones acordes con las necesidades de cada instalación, como la implantación de tercer carril.

ACCESO DE MERCANCÍAS A PUERTOS
Así, las mercancías de Valencia y Castellón que se dirijan hacia Cataluña o Francia se encaminarán por el Corredor Mediterráneo en ancho estándar. En cambio, aquellas que tengan como destino Aragón o el País Vasco podrán hacerlo en ancho ibérico a través de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, en la que se está trabajando para introducir importantes mejoras y la electrificación de la vía para mejorar la productividad de los trenes de mercancías. Por último, el transporte de mercancías con destino al centro o al resto de las regiones del norte de la península se seguirá haciendo, como hasta ahora, por la línea de Albacete en ancho ibérico.

En Castellón, las mercancías actualmente acceden al puerto a través del norte de la ciudad, por la estación de Les Palmes, pero en estos momentos Adif está ya ejecutando las actuaciones necesarias para impulsar un nuevo acceso por el sur, más potente, que contemplará tanto ancho ibérico como estándar.

El anuncio realizado hoy en Castellón por De la Serna representa un avance más en el desarrollo del Corredor Mediterráneo, un proyecto estratégico para el Gobierno de España por su elevado interés socioeconómico y al que se han destinado hasta la fecha 13.520 millones de euros de los 17.451 de inversión estimada, presupuestando para 2017 una partida de 715 millones de euros.

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El Gobierno ordena retirar el 12% del aceite de oliva del mercado para frenar la caída de los precios

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precio litro de aceite de oliva virgen extra
El Gobierno ha activado por primera vez el mecanismo de retirada de aceite de oliva del mercado para evitar un desplome de los precios en origen y proteger a los agricultores. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obligará a retirar un 12% de la producción durante la campaña 2026-2027. La decisión ha provocado el rechazo de la industria, que ya ha anunciado que recurrirá la orden.

La medida llega en un momento de aumento de la producción y de las existencias de aceite de oliva en España, una situación que amenaza con presionar todavía más los precios que reciben los productores. El sector agrario llevaba tiempo reclamando la activación de este mecanismo ante el deterioro de la rentabilidad del olivar y el incremento de los costes de producción.

¿Por qué el Gobierno retira aceite de oliva del mercado?

La principal razón es el incremento de la oferta disponible. Las primeras estimaciones apuntan a que España producirá alrededor de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027, un 23% más que en la anterior.

A esta cantidad se suman unas existencias finales de la campaña precedente de aproximadamente 357.000 toneladas, también un 23% superiores.

Este volumen de producto disponible ha generado preocupación entre los agricultores, que temen que el exceso de oferta provoque una nueva caída de los precios en origen.

De hecho, durante el último mes los precios han descendido un 6%, según los datos del sistema de información Poolred. Por su parte, el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en torno a los 3,2 euros por litro y el del aceite virgen en 2,8 euros.

Estas cifras contrastan con los aproximadamente cinco euros que se pagaban por el virgen extra hace un año.

¿Cuánto aceite de oliva se retirará y hasta cuándo?

La resolución del Ministerio de Agricultura establece que deberá retirarse del mercado un 12% del aceite de oliva, una medida que estará vigente hasta el final de la campaña 2026-2027.

El mecanismo busca limitar la cantidad de producto disponible para su comercialización y evitar que una oferta excesiva provoque un hundimiento de las cotizaciones.

La activación se produce después de que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios confirmara que se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Una medida basada en la normativa europea

La retirada de aceite de oliva tiene su origen en un mecanismo previsto en la legislación española desde 2021, basado a su vez en el artículo 167 bis de un reglamento europeo.

Esta normativa permite a los países productores de la Unión Europea adoptar medidas para regular la oferta cuando las previsiones de disponibilidad de un producto puedan provocar desequilibrios en el mercado.

El pasado 30 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó en el BOE la norma de comercialización que permite activar este mecanismo cuando las existencias iniciales y las estimaciones de producción alcanzan el 120% de la media registrada en las seis campañas anteriores.

Aunque la norma ya existía, nunca se había aplicado una retirada obligatoria de estas características. En la campaña 2025-2026 tampoco llegó a activarse porque no se cumplían las condiciones necesarias.

La industria rechaza la retirada de aceite de oliva

La decisión del Gobierno ha abierto un nuevo frente entre los productores y la industria del aceite de oliva.

Mientras los agricultores defienden la intervención como una herramienta para evitar el hundimiento de los precios en origen y garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la industria ha anunciado que recurrirá la orden.

También ha mostrado su oposición la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advierte de los riesgos que puede generar este mecanismo para la competencia y los consumidores.

Entre las posibles consecuencias señaladas figuran un encarecimiento del aceite de oliva y una reducción de la variedad de productos disponibles en el mercado.

La medida abre así un debate sobre el equilibrio entre la protección de los agricultores, la regulación de la oferta y el impacto que una retirada obligatoria de producto puede tener en los precios que pagan los consumidores.

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