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El AVE unirá València y Barcelona en dos horas en 2019

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles la implantación de doble plataforma en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre Valencia y Castellón.

Este proyecto contempla una inversión estimada de 1.170 millones de euros para este trayecto, de una longitud aproximada de 62 km, y permitirá a los servicios comerciales de viajeros circular a una velocidad máxima de 350 km/h. De acuerdo con la planificación actual del Ministerio de Fomento, la obra se licitará en 2019.

Esta actuación, junto a la construcción del túnel pasante en Valencia ya aprobado por la Sociedad de Integración de la Alta Velocidad en Valencia, logrará reducir el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia a 2 horas, desde Barcelona hasta Alicante a 3 horas y hasta Castellón a 1 hora y 35 minutos, permitiendo así servicios competitivos para los trenes de mercancías, más eficientes y ágiles, al incorporar un nuevo trazado.

Esta reducción de tiempo se producirá también gracias a las propuestas de inversión ya programadas por el Ministerio de Fomento para incorporar el ancho UIC en otros tramos: la variante de Vandellós- Tarragona, el cambio de ancho Castellón-Vinarós y las actuaciones entre Valencia-Xátiva-La Encina.

DESARROLLO POR FASES

Una vez que entre en servicio la vía con tercer carril entre Valencia y Castellón, que en estos momentos se encuentra en pruebas, previsiblemente en el cuarto trimestre de 2017, Adif empezará con las obras en la otra vía de este mismo tramo para incorporar también el tercer carril.

Ante un potencial incremento del tráfico de mercancías y viajeros en este tramo, se ha previsto abordar la construcción de una nueva plataforma y el marco presupuestario de los próximos ejercicios para esta infraestructura.

Además, el Ministerio de Fomento se ha comprometido ya, a través de Adif, con la Sociedad de Integración de la Alta Velocidad en Valencia a ejecutar tanto el túnel pasante como la estación de Portela, ambos en Valencia, con el fin de aumentar la agilidad de los tráficos ferroviarios. Esta actuación supone una inversión estimada de 2.228 millones de euros.

Por tanto, además de la conexión entre Tarragona, Barcelona y Girona mediante ancho estándar con la frontera francesa, en 2020 cuatro nuevas capitales de provincia (Castellón, Valencia, Alicante y Murcia), estarán comunicadas mediante alta velocidad con Europa.

Por lo que respecta al tráfico de mercancías, el Plan Estratégico que el Ministerio de Fomento quiere llevar a cabo incluye la conexión de todos los puertos del Corredor Mediterráneo a la red de ancho estándar, con soluciones acordes con las necesidades de cada instalación, como la implantación de tercer carril.

ACCESO DE MERCANCÍAS A PUERTOS
Así, las mercancías de Valencia y Castellón que se dirijan hacia Cataluña o Francia se encaminarán por el Corredor Mediterráneo en ancho estándar. En cambio, aquellas que tengan como destino Aragón o el País Vasco podrán hacerlo en ancho ibérico a través de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, en la que se está trabajando para introducir importantes mejoras y la electrificación de la vía para mejorar la productividad de los trenes de mercancías. Por último, el transporte de mercancías con destino al centro o al resto de las regiones del norte de la península se seguirá haciendo, como hasta ahora, por la línea de Albacete en ancho ibérico.

En Castellón, las mercancías actualmente acceden al puerto a través del norte de la ciudad, por la estación de Les Palmes, pero en estos momentos Adif está ya ejecutando las actuaciones necesarias para impulsar un nuevo acceso por el sur, más potente, que contemplará tanto ancho ibérico como estándar.

El anuncio realizado hoy en Castellón por De la Serna representa un avance más en el desarrollo del Corredor Mediterráneo, un proyecto estratégico para el Gobierno de España por su elevado interés socioeconómico y al que se han destinado hasta la fecha 13.520 millones de euros de los 17.451 de inversión estimada, presupuestando para 2017 una partida de 715 millones de euros.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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