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El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas

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El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas
El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas FEDERACIÓN VECINOS

Los vecinos exigen que se cumplan las ordenanzas en materia de terrazas y se oponen a que se amplíen en zonas saturadas

 

La Federació d’Associacions Veïnals de València ha trasladado este martes a la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, sus prioridades en relación al uso del espacio público por parte principalmente del sector del ocio y la restauración.

En este sentido, el objetivo de la entidad es velar para que en todos barrios haya mobiliario, iluminación y zonas verdes suficientes y en buenas condiciones, donde se garantice la convivencia y una diversidad de usos en el espacio público no necesariamente comerciales.

Además de la movilidad hay que hacer posible que las calles sean lugares de encuentro y de buena vecindad: “Es una barbaridad que se retiren bancos de las aceras para ampliar terrazas. Esto ha ocurrido en el centro (plaza junto a calle de l’Estamenyeria Vella y El Palmar junto a la iglesia) y hemos exigido su reposición inmediato”, ha exigido la presidenta de la organización, María José Broseta.

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Según la dirigente vecinal, las quejas por las molestias del ruido del ocio no cesan en la ciudad y si en algún punto están bajando es por circunstancias estacionales (periodos de exámenes).

Las zonas ‘tensionadas’ por la saturación de terrazas siguen igual: incumplimiento generalizado de las ordenanzas, la policía no actúa de oficio ante los abusos y obliga a los vecinos a que sean ellos los que formulen las quejas y denuncias.

La prueba es que una nueva ZAS está en curso (solicitada por los vecinos de la plaza de Honduras y de Ciutat Jardí)  y no se consulta con ninguna asociación de vecinos dónde deben colocarse los sonómetros ni se da respuesta a las propuestas de reducción del espació público o de limitación de nuevos locales.

“Es necesario reducir la ocupación del espacio público en los barrios afectados, decretar moratorias de apertura mientras los indicadores detecten la existencia de conflictos y niveles de ruido. Hemos propuesto que en el orden del día de la junta de Gobierno de debata un plan para el cumplimiento de la ordenanza sobre dominio público”, ha explicado.

Las medidas actuales son parciales, insuficientes y no tienen en cuenta las propuestas de las asociaciones vecinales, ha añadido Broseta.

“Nos hemos interesado por los planes de inspección anunciados este verano, y hemos reiterado que queremos mesas de trabajo en todos los barrios con problemas de ruido contando con los residentes”, ha comentado.

Para Broseta, hablar de ampliación de terrazas sin encauzar esos conflictos no es sensato. Sin gobernanza no puede haber ampliación: “Fuera de las zonas saturadas por supuesto que podría hablarse de ampliación y de formas flexibles y compatibles con otros usos de ocupación de la vía pública. El conflicto evidentemente no está en todos los barrios de València, pero sin buena gobernanza lo único que se conseguirá es extender el problema”.

La presidenta del movimiento vecinal ha explicado que apuestan  por “construir una nueva normalidad, recuperar la calle como espacio de convivencia y no de conflicto”.

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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