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El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas

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El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas
El ayuntamiento de València arranca bancos para ampliar terrazas FEDERACIÓN VECINOS

Los vecinos exigen que se cumplan las ordenanzas en materia de terrazas y se oponen a que se amplíen en zonas saturadas

 

La Federació d’Associacions Veïnals de València ha trasladado este martes a la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, sus prioridades en relación al uso del espacio público por parte principalmente del sector del ocio y la restauración.

En este sentido, el objetivo de la entidad es velar para que en todos barrios haya mobiliario, iluminación y zonas verdes suficientes y en buenas condiciones, donde se garantice la convivencia y una diversidad de usos en el espacio público no necesariamente comerciales.

Además de la movilidad hay que hacer posible que las calles sean lugares de encuentro y de buena vecindad: “Es una barbaridad que se retiren bancos de las aceras para ampliar terrazas. Esto ha ocurrido en el centro (plaza junto a calle de l’Estamenyeria Vella y El Palmar junto a la iglesia) y hemos exigido su reposición inmediato”, ha exigido la presidenta de la organización, María José Broseta.

FEDERACIÓN VECINOS

Según la dirigente vecinal, las quejas por las molestias del ruido del ocio no cesan en la ciudad y si en algún punto están bajando es por circunstancias estacionales (periodos de exámenes).

Las zonas ‘tensionadas’ por la saturación de terrazas siguen igual: incumplimiento generalizado de las ordenanzas, la policía no actúa de oficio ante los abusos y obliga a los vecinos a que sean ellos los que formulen las quejas y denuncias.

La prueba es que una nueva ZAS está en curso (solicitada por los vecinos de la plaza de Honduras y de Ciutat Jardí)  y no se consulta con ninguna asociación de vecinos dónde deben colocarse los sonómetros ni se da respuesta a las propuestas de reducción del espació público o de limitación de nuevos locales.

“Es necesario reducir la ocupación del espacio público en los barrios afectados, decretar moratorias de apertura mientras los indicadores detecten la existencia de conflictos y niveles de ruido. Hemos propuesto que en el orden del día de la junta de Gobierno de debata un plan para el cumplimiento de la ordenanza sobre dominio público”, ha explicado.

Las medidas actuales son parciales, insuficientes y no tienen en cuenta las propuestas de las asociaciones vecinales, ha añadido Broseta.

“Nos hemos interesado por los planes de inspección anunciados este verano, y hemos reiterado que queremos mesas de trabajo en todos los barrios con problemas de ruido contando con los residentes”, ha comentado.

Para Broseta, hablar de ampliación de terrazas sin encauzar esos conflictos no es sensato. Sin gobernanza no puede haber ampliación: “Fuera de las zonas saturadas por supuesto que podría hablarse de ampliación y de formas flexibles y compatibles con otros usos de ocupación de la vía pública. El conflicto evidentemente no está en todos los barrios de València, pero sin buena gobernanza lo único que se conseguirá es extender el problema”.

La presidenta del movimiento vecinal ha explicado que apuestan  por “construir una nueva normalidad, recuperar la calle como espacio de convivencia y no de conflicto”.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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