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El Ayuntamiento de València quiere tomar el control sobre los apartamentos turísticos

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En estos momentos, el único requisito que se exige a cualquier alojamiento turístico para poder operar y ser publicado en las plataformas colaborativas es presentar una declaración de responsabilidad ante el Registro de Viviendas Turísticas de la Generalitat. “Eso supone que muchas de las viviendas que se inscriben están al margen de las propias normas que se determinan desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento para establecer qué viviendas pueden ser o no apartamentos turísticos”, ha explicado Gómez.

El Ayuntamiento quiere que, para poder inscribirse en dicho Registro, los apartamentos pidan un informe preceptivo y obligatorio a Urbanismo, que establezca la aceptación de la compatbilidad de uso. “Es decir, que sólo podrán inscribirse aquellas a los que el Ayuntamiento dé su posición favorable”, ha explicado la concejala. A día de hoy, el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, señala que sólo se admiten viviendas turisticas en plantas que se situen por debajo de los usos residenciales (en la mayoría de los casos, plantas bajas o primeras). Por ello, ha adelantado Sandra Gómez, si la medida es finalmente aceptada, afectará alrededor de un 70% de las viviendas que hay actualmente en la ciudad en este uso.

Además, la medida permitirá también al Ayuntamiento establecer límites específicos según de qué zona de la ciudad se trate, sus características y sus necesidades. “Por ejemplo –ha expuesto Gómez- actualmente se está redactando el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, en el que se estableció la moratoria para que ningún edificio residencial se convierta en uso hotelero o de apartamentos turísticos. Si lo estimáramos conveniente, en el futuro podríamos limitar el número de apartamentos y viviendas incluso en planta baja o primera en este barrio. Y lo mismo en el Plan del Cabanyal, ahora en redacción, donde la gran mayoría de las viviendas son de planta baja y primer piso, que también tendrán que tener una limitación y regulación”. “Todo ello nos permitirá tener la flexibilidad de poner más o menos límites según el barrio, la zona del barrio o las necesidades de cada momento”, ha explicado la delegada de Turismo.

MESA DE DIÁLOGO
Hay que tener en cuenta, ha añadido la concejala, que esto implica a toda la ciudad de manera transversal: al precio de la vivienda, al de los alquileres, genera competencia desleal en algunos casos con los hoteles… De hecho, esta misma mañana, Gómez ha mantenido una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, y con el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Valencia, Ximo Solà, para constituir una mesa de trabajo en la que están también invitadas las asociaciones que representan este tipo de alojamientos. “Queremos que haya una mesa formal que haga el seguimiento de este problema que va evolucionando con el tiempo”, en palabras de la delegada.

La concejala ha concluido su presentación asegurando que “necesitamos un modelo de destino sostenible, que genere unos alojamientos de calidad, que estén dentro de la regulación que establezca la norma local, y que garanticen la convivencia con los residentes”

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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