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El Ayuntamiento de València quiere tomar el control sobre los apartamentos turísticos

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En estos momentos, el único requisito que se exige a cualquier alojamiento turístico para poder operar y ser publicado en las plataformas colaborativas es presentar una declaración de responsabilidad ante el Registro de Viviendas Turísticas de la Generalitat. “Eso supone que muchas de las viviendas que se inscriben están al margen de las propias normas que se determinan desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento para establecer qué viviendas pueden ser o no apartamentos turísticos”, ha explicado Gómez.

El Ayuntamiento quiere que, para poder inscribirse en dicho Registro, los apartamentos pidan un informe preceptivo y obligatorio a Urbanismo, que establezca la aceptación de la compatbilidad de uso. “Es decir, que sólo podrán inscribirse aquellas a los que el Ayuntamiento dé su posición favorable”, ha explicado la concejala. A día de hoy, el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, señala que sólo se admiten viviendas turisticas en plantas que se situen por debajo de los usos residenciales (en la mayoría de los casos, plantas bajas o primeras). Por ello, ha adelantado Sandra Gómez, si la medida es finalmente aceptada, afectará alrededor de un 70% de las viviendas que hay actualmente en la ciudad en este uso.

Además, la medida permitirá también al Ayuntamiento establecer límites específicos según de qué zona de la ciudad se trate, sus características y sus necesidades. “Por ejemplo –ha expuesto Gómez- actualmente se está redactando el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, en el que se estableció la moratoria para que ningún edificio residencial se convierta en uso hotelero o de apartamentos turísticos. Si lo estimáramos conveniente, en el futuro podríamos limitar el número de apartamentos y viviendas incluso en planta baja o primera en este barrio. Y lo mismo en el Plan del Cabanyal, ahora en redacción, donde la gran mayoría de las viviendas son de planta baja y primer piso, que también tendrán que tener una limitación y regulación”. “Todo ello nos permitirá tener la flexibilidad de poner más o menos límites según el barrio, la zona del barrio o las necesidades de cada momento”, ha explicado la delegada de Turismo.

MESA DE DIÁLOGO
Hay que tener en cuenta, ha añadido la concejala, que esto implica a toda la ciudad de manera transversal: al precio de la vivienda, al de los alquileres, genera competencia desleal en algunos casos con los hoteles… De hecho, esta misma mañana, Gómez ha mantenido una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, y con el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Valencia, Ximo Solà, para constituir una mesa de trabajo en la que están también invitadas las asociaciones que representan este tipo de alojamientos. “Queremos que haya una mesa formal que haga el seguimiento de este problema que va evolucionando con el tiempo”, en palabras de la delegada.

La concejala ha concluido su presentación asegurando que “necesitamos un modelo de destino sostenible, que genere unos alojamientos de calidad, que estén dentro de la regulación que establezca la norma local, y que garanticen la convivencia con los residentes”

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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