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El Ayuntamiento de València quiere tomar el control sobre los apartamentos turísticos

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En estos momentos, el único requisito que se exige a cualquier alojamiento turístico para poder operar y ser publicado en las plataformas colaborativas es presentar una declaración de responsabilidad ante el Registro de Viviendas Turísticas de la Generalitat. “Eso supone que muchas de las viviendas que se inscriben están al margen de las propias normas que se determinan desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento para establecer qué viviendas pueden ser o no apartamentos turísticos”, ha explicado Gómez.

El Ayuntamiento quiere que, para poder inscribirse en dicho Registro, los apartamentos pidan un informe preceptivo y obligatorio a Urbanismo, que establezca la aceptación de la compatbilidad de uso. “Es decir, que sólo podrán inscribirse aquellas a los que el Ayuntamiento dé su posición favorable”, ha explicado la concejala. A día de hoy, el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, señala que sólo se admiten viviendas turisticas en plantas que se situen por debajo de los usos residenciales (en la mayoría de los casos, plantas bajas o primeras). Por ello, ha adelantado Sandra Gómez, si la medida es finalmente aceptada, afectará alrededor de un 70% de las viviendas que hay actualmente en la ciudad en este uso.

Además, la medida permitirá también al Ayuntamiento establecer límites específicos según de qué zona de la ciudad se trate, sus características y sus necesidades. “Por ejemplo –ha expuesto Gómez- actualmente se está redactando el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, en el que se estableció la moratoria para que ningún edificio residencial se convierta en uso hotelero o de apartamentos turísticos. Si lo estimáramos conveniente, en el futuro podríamos limitar el número de apartamentos y viviendas incluso en planta baja o primera en este barrio. Y lo mismo en el Plan del Cabanyal, ahora en redacción, donde la gran mayoría de las viviendas son de planta baja y primer piso, que también tendrán que tener una limitación y regulación”. “Todo ello nos permitirá tener la flexibilidad de poner más o menos límites según el barrio, la zona del barrio o las necesidades de cada momento”, ha explicado la delegada de Turismo.

MESA DE DIÁLOGO
Hay que tener en cuenta, ha añadido la concejala, que esto implica a toda la ciudad de manera transversal: al precio de la vivienda, al de los alquileres, genera competencia desleal en algunos casos con los hoteles… De hecho, esta misma mañana, Gómez ha mantenido una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, y con el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Valencia, Ximo Solà, para constituir una mesa de trabajo en la que están también invitadas las asociaciones que representan este tipo de alojamientos. “Queremos que haya una mesa formal que haga el seguimiento de este problema que va evolucionando con el tiempo”, en palabras de la delegada.

La concejala ha concluido su presentación asegurando que “necesitamos un modelo de destino sostenible, que genere unos alojamientos de calidad, que estén dentro de la regulación que establezca la norma local, y que garanticen la convivencia con los residentes”

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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