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El Ayuntamiento recupera 150.000 euros del fraude de la EMT

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Transporte público gratis en València

VALÈNCIA, 31 Oct.- El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este jueves que el consistorio ha logrado bloquear cerca de 150.000 euros en un banco de Hong Kong –poco más de un millón de dólares en moneda de esa región– de los cuatro millones de euros del fraude cometido en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad.

El primer edil ha admitido que se trata de una cantidad «pequeña» pero «significativa». Por ello, considera que es una «buena noticia» y un «paso adelante» en el objetivo de la estrategia emprendida para que el dinero del fraude vuelva a la EMT. Para ello, han desarrollado actuaciones con Interpol y a través del gabinete de abogados contratados en esa región.

Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios antes del pleno del Ayuntamiento, en las que ha querido recalcar tres «grandes ideas»: que la estrategia del consistorio está dirigida a recuperar el dinero; que quieren aumentar la seguridad en esta empresa pública y organismos autónomos y ha subrayado el papel «clave» de la EMT para el consistorio, que ha pasado de tener un patrimonio de menos 14 millones con el PP a casi disponer de cuatro millones, de no ser por el fraude.

«Es una pequeña buena noticia» y un «paso adelante», ha indicado Ribó sobre el bloqueo del dinero conseguido y ha subrayado que seguirán en esta estrategia «con los mecanismos que haga falta» aunque saben que no será un proceso de «escribir una carta y que nos contesten».

Sobre el objetivo de aumentar la seguridad, ha indicado que empezó ya en el pleno extraordinario sobre este tema «en un momento en que los intentos de estafa aparecen en empresas privadas y públicas», si bien los primeros no se conocen públicamente porque afectaría, por ejemplo, a la bolsa.

En el tercer caso, ha insistido en que la EMT es «una empresa que funciona bien» pese a que «por parte de determinados grupos muchas veces se está jugando a intentar degradarla». En esta línea, ha rceordado que «hace muy pocos años el ministro de Hacienda nos escribió una carta diciendo que la EMT a nivel de patrimonio estaba en un menos 14 millones y en situación de disolución, en esa situación la encontramos. Ahora, en 2019, de no haber sucedido este fraude, estaría con más de 4 millones de patrimonio».

Asimismo, ha puesto en valor que entre 2011 y 2015 se compraron dos autobuses mientras que el actual gobierno lleva adquiridos más de 180 y ha aumentado la plantilla con más conductores. Además, la EMT fue declarada premio a la mejor empresa en 2017/2018 «y la Forbes la considera una de las mejores empresas», que ha obtenido una valoración de 7,66 de los usuarios.

MECANISMOS

Sobre el resto del dinero y cuánto se podría conseguir de vuelta, Ribó ha apuntado que no lo pueden prever porque «intervendrán muchos factores». No obstante, va a explicar los mecanismos que utilizarán para hacerlo efectivo y ha apuntado que existen experiencias de otras grandes ciudades españolas con problemas de fraude en las que ha costado tiempo pero se ha devuelto el dinero.

En relación con el informe interno de Caixabank, –que apunta a que la que la directiva de la EMT de baja fue informada por correo de dos transferencias–, ha admitido que es «realista» y sabe que «cualquier entidad si le pides que devuelva cuatro millones no lo va a hacer».

«Tenemos que trabajar con realismo; un requerimiento es el paso del comienzo y para hacer otras cosas pero no es el paso final y entiendo perfectamente que se defienda», ha dicho, y ante la advertencia de CaixaBank de que irá a los tribunales defenderse si se usa su nombre, Ribó ha precisado que nunca ha mencionado a ninguna entidad financiera ni tampoco a particulares.

Fuente: EUROPA PRESS

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El Supremo levanta la orden de detención contra Puigdemont tras el aval del Constitucional a la amnistía por malversación

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Carles Puigemont

El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación relacionado con el procés.

La decisión ha sido adoptada este martes por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés. En un auto, Llarena acuerda levantar «con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa» las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El levantamiento es inmediato

La resolución del Supremo se produce después de que el Tribunal Constitucional haya estimado el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa contra la decisión que había rechazado aplicarle la amnistía por el delito de malversación.

El Constitucional ha establecido así un criterio que puede afectar al resto de dirigentes del procés que mantienen causas pendientes por este delito. La decisión se ha adoptado por siete votos frente a cinco, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

Llarena señala que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia del Constitucional, pero considera que existe una «coincidencia sustancial» entre los hechos y la cuestión jurídica analizada en el caso de Bassa y la situación de Puigdemont, Comín y Puig. Por ello, entiende que el nuevo pronunciamiento puede afectar al fundamento de las órdenes de detención.

Puigdemont puede regresar a España sin esa orden de detención

El levantamiento de la orden nacional elimina, por el momento, el riesgo de que Puigdemont sea detenido en España en virtud de esa medida. La decisión también afecta a Toni Comín y Lluís Puig, que permanecían procesados en la causa del procés.

El Supremo ha comunicado la decisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que no ejecuten ninguna privación de libertad basada en las órdenes que han quedado sin efecto.

No obstante, el auto de Llarena deja claro que esta decisión no supone todavía la aplicación automática de la amnistía ni declara extinguida la responsabilidad penal de Puigdemont, Comín y Puig. Se trata de una medida adoptada ante el nuevo escenario jurídico abierto por el Constitucional.

El Supremo deberá resolver sobre la amnistía

El magistrado Pablo Llarena deberá analizar el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional para determinar sus consecuencias sobre la situación jurídica de Puigdemont y los otros dos exconsellers.

El propio auto señala que la decisión sobre las órdenes de detención podrá ser revisada posteriormente, una vez estudiado el alcance completo del pronunciamiento del Constitucional.

La decisión supone un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación vinculados al procés y abre la puerta al regreso a España de Puigdemont sin la orden nacional de detención que permanecía vigente desde 2017.

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