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El bloqueo político en España le cuesta a la Comunitat Valenciana 1.800 millones de euros

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VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) –

El bloqueo político en España, con un gobierno en funciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y con presupuestos prorrogados, tiene un coste para la Comunitat Valenciana que ronda los 1.800 millones de euros, sumando las entregas a cuenta no recibidas, por la liquidación del IVA, la financiación de la dependencia, la condonación de la deuda de la Marina de València, así como por las inversiones que contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue tumbado en el Congreso y que condujo al adelanto electoral.

En lo que respecta a la financiación, los datos consultados por Europa Press reflejan que al no haber PGE no se pueden actualizar ahora las entregas a cuenta, lo que le supone a la Comunitat Valenciana 450 millones de euros. En el conjunto del país, esta cifra llega a los 4.739 millones. Este dinero no se perderá, porque se cobraría dentro de dos años con la liquidación.

Sobre esta cuestión, la Generalitat de Catalunya abría este miércoles el debate al anunciar medidas legales contra el Gobierno central para reclamar el pago de esas entregas a cuenta. Preguntado al respecto, el presidente valenciano, Ximo Puig, indicó que no sabe si la vía judicial «es la correcta» para abordar la financiación de las comunidades y apuntó que la Comunitat Valenciana está «por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación» sobre este tema.

«Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa. Y para eso es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones», añadió Puig, que agregó que «hubo una voluntad» por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las comunidades pudieran contar con esa actualización, pero «parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite».

Además, al no haber salido adelante los PGE que planteó el Ejecutivo socialista para el presente ejercicio, la Comunitat Valenciana no puede disponer de las medidas que incorporaba el proyecto económico, que incluían 281 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que no recibió, como el resto de autonomías, otros 237 millones por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas, 450 millones por el incremento de las inversiones, 373 millones por la condonación de la deuda de La Marina de València y otros 50 millones por la financiación del sistema de dependencia.

Antes del debate de los PGE el ‘president’ Puig ya advertía de la importancia de que las cuentas recibieran luz verde en la Cámara Baja, señalando entonces que un ‘no’ tendría «tendría un coste económico grave de más de 1.000 millones de euros» para los valencianos.

Una vez se consumó el rechazo, criticó que «la triple alianza entre la derecha y los independentistas» hubiera «robado a los valencianos 1.400 millones de euros». «Eran los mejores presupuestos de la historia, unas cuentas que «mostraban hechos, realidades con la Comunitat Valenciana», dijo un par de meses después, destacando la necesidad de certezas: «Necesitamos un gobierno, necesitamos un Presupuesto y desde luego necesitamos que haya certidumbre, confianza».

El pasado viernes, Puig incidió en que la ausencia de gobierno y de PGE le está costando a la Comunitat Valenciana dinero y no quiere que se traduzca en «ningún recorte» en el estado de bienestar aunque «en las próximas semanas» se tendrá que adoptar «algún tipo de decisión».

«ESTO NO ES UN JUEGO DE TRONOS»
«Necesitamos un Gobierno, obviamente, y necesitamos que se salga de este impasse, que es muy negativo para los ciudadanos. Esto no es un juego de tronos, esto es una realidad cotidiana, el Estado social está asociado a las comunidades. Por tanto, si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final quien lo paga son los ciudadanos», advertía.

Sobre esos ajustes a realizar ha sido preguntado esta misma semana y el jefe del Consell ha indicado que se está trabajando a nivel técnico desde la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, y quiso dejar claro que ningún ajuste va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.

Se trata, apuntó, de dar respuesta a un problema de base, «que España no tiene presupuestos». «Tenemos que tomar decisiones, a cualquier gobierno se le debe exigir siempre responsabilidad y el valenciano va a actuar con responsabilidad y para intentar garantizar los mejores servicios públicos», aseveró.

Así, se verá si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene y con los «escasos» recursos disponibles «intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social». Según indicó, no hay aún una cifra cerrada.

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Sánchez se enorgullece de las protestas propalestinas que paralizan la Vuelta a España y desata la ira de Israel

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Vuelta a España
Vuelta a España

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a situar la política internacional en el centro del debate nacional tras referirse este domingo a las protestas propalestinas que interrumpieron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025. Desde un mitin en Málaga, Sánchez expresó su “reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas” y, al mismo tiempo, mostró su “admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”.

Las palabras de Pedro Sánchez durante un mitin en Málaga

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo señaló que la actitud de la ciudadanía es un ejemplo para la comunidad internacional.
“España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo nuestro país da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”, subrayó.

Sánchez no dejó pasar la ocasión para cargar contra la oposición, a la que acusó de guardar silencio frente a la crisis en Gaza. “Tienen menos ideas que educación”, afirmó.

El líder socialista insistió en que se siente “orgulloso de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo se pone de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos”. Concluyó su mensaje con un encendido “¡Viva los derechos humanos y viva el pueblo español!”.

Respuesta inmediata de Israel y acusaciones de incitación

Las declaraciones de Sánchez no tardaron en generar reacciones. Israel respondió con dureza a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, quien acusó al presidente español de alentar las protestas que obligaron a cancelar la etapa final de la Vuelta.

“Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle”, escribió Saar en la red social X, acompañando el mensaje con un texto en hebreo en el que acusaba a Sánchez de incitar a la turba propalestina.

El ministro israelí señaló directamente que “el asedio de manifestantes propalestinos dinamitó una competición deportiva que siempre fue motivo de orgullo para España”. Y concluyó: “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”.

Una crisis diplomática en escalada

El choque verbal se produce en una semana marcada por la tensión entre ambos países. El Ejecutivo español ha aprobado nuevas medidas críticas contra Israel, mientras que las palabras de Sánchez sobre “no disponer de bombas atómicas para detener” al país hebreo encendieron aún más la polémica.

El propio primer ministro Benjamin Netanyahu calificó esas declaraciones como una “amenaza genocida”. Estados Unidos también mostró su preocupación por la escalada de retórica y su posible impacto en la estabilidad diplomática.

La cancelación de la etapa final de la Vuelta, en la que debía competir el equipo Israel-Premier Tech, ha sido interpretada por Israel como la consecuencia directa de lo que consideran un discurso de incitación desde la presidencia española.

El incidente abre un nuevo frente en la relación bilateral y sitúa a España en el centro del foco internacional, en un momento en el que la Vuelta a España debía poner el broche deportivo a su edición de 2025 y ha terminado convertida en símbolo de tensión política.

 

 

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