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Valencia

Freno al botellón en la Comunitat: Será infracción grave y se multará con hasta 30.000 euros

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València, 9 jul (EFE).- El Consell ha aprobado la modificación del Régimen sancionador de las medidas de prevención de la covid para añadir como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública por grupos de más de 4 personas -en lugar de 10 como hasta ahora- en la franja horaria que determine la autoridad sanitaria.

Se modifica el régimen de infracciones para convertir en falta grave la participación en reuniones, fiestas o actos similares cuando se constate que no se pueden mantener las medidas de prevención y distancia, y se reserva la falta muy grave para la organización y celebración de estos eventos, por la mayor responsabilidad que conlleva.

El Consell también ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de 2014 para prohibir la venta de alcohol a partir de las 20 horas cuando no sea para consumo en el interior del local, según ha informado este viernes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

Además, se califica como infracción grave la participación y, como muy grave, la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas, cuando se constate por la autoridad inspectora que las circunstancias de la celebración impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

En el caso de las infracciones muy graves, para los organizadores se estipulan sanciones de entre 30.001 y 60.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 si son acumulativas.

El decreto ley que modifica el Régimen sancionador incorpora la modificación de la ley de Salud Pública que permitirá avanzar la prohibición de vender bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas al por menor a las 20:00 horas.

Aunque en un principio la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, había explicado que la modificación de las sanciones se refería a un grupo de 4 personas consumiendo alcohol en la vía pública -en lugar de 10- fuera del horario permitido, la Conselleria de Justicia ha precisado que ambas medidas (infracciones graves y prohibición de venta de alcohol) se aplican a todo el territorio de la Comunitat Valenciana independientemente de si hay o no toque de queda en los municipios de mayor incidencia de la covid-19.

Oltra, que ha informado tras el pleno del Consell de este viernes de la aprobación del decreto ley a propuesta de las Consellerias de Justicia y de Sanidad, ha manifestado que cada vez son más las personas vacunadas pero todavía faltan colectivos por recibir la vacuna, por lo que «la mejor vacuna sigue siendo el cumplimiento de las medidas, la mascarilla, la higiene de manos, la distancia social y la ventilación».

También este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación de seguridad de medidas COVID-19, que ha sido presidida por el president de la Generalitat, Ximo Puig con la asistencia de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, responsables policiales y representantes de los ayuntamientos.

En el encuentro, se han establecido líneas de coordinación y se ha solicitado la máxima colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los municipios para que refuerce el control y la vigilancia de las medidas de prevención frente a la covid, en especial, las aglomeraciones y prácticas como el botellón.

Según Bravo, en este tipo de fiestas y de reuniones es donde se produce el mayor índice de contagios, y ha recordado a los jóvenes que el virus ataca a todos y que el 10 por ciento de los jóvenes que se contagian tiene secuelas muy importantes.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha anunciado el despliegue de los efectivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y contener la propagación del virus, y ha pedido a los municipios presentes en la reunión que incrementen los agentes de la Policía local para la vigilancia nocturna.

En el mes de junio, la Policía Nacional interpuso en la Comunitat Valenciana un total de 450 sanciones por excesos grupales, botellones o la celebración de fiestas ilegales, frente a las 979 interpuestas en el mes de mayo, un 45 % menos.

Además, registró 927 sanciones por no respetar las restricciones a la movilidad nocturna, frente a las 6.453 interpuestas en el pasado mes de mayo. A partir del 7 de junio desaparecieron las restricciones a la movilidad nocturna.

Las multas al botellón en la Comunitat Valenciana entran en vigor este sábado

Las multas al botellón en la Comunitat Valenciana entrarán en vigor este sábado, un día después de que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) haya publicado el decreto ley del Consell que modifica el Régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención de la covid-19.

Con este decreto, el botellón se incorpora como infracción grave y el consumo de alcohol en la vía pública se multará con sanciones que van desde 601 a 30.000 euros.

El DOGV ha publicado una edición bis este viernes que recoge el decreto ley 11/2021, de 9 de julio, del Consell por el que se modifica el Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la covid-19, que entra en vigor al día siguiente.

El decreto está firmado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y Sanidad, Ana Barceló.

 

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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