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El Consell ‘da carpetazo’ a RTVV cinco años después del cierre

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El Pleno del Consell ha declarado la extinción de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de aprobar la aceptación de la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo del ente a favor de la Generalitat.

Además, el Consell, constituido en Junta General de Accionistas, ha aprobado el proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU, así como la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

Con la adopción de estos dos acuerdos, concluye un proceso que se inició primero con la aprobación en 2012 de la Ley 3/2012 -norma que modificó el modelo de la RTVV pública autonómica y dictaminó la disolución-liquidación de esta entidad para transformarla en una sociedad (SAU) que debía prestar este servicio de radiotelevisión-, y siguió después con el abrupto cierre de estos medios, que se consumó con la Ley 4/2013 y el cese de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9 el 29 de noviembre de 2013.

Durante este tiempo se ha tenido que hacer frente a una deuda de más de 1.200 millones de euros y a una herencia acumulada de numerosos conflictos laborales o judiciales con productoras, trabajadores, acreedores, Seguridad Social e incluso Agencia Tributaria, que han ido resolviéndose, en buena parte de los casos, con resultados razonables y evitando consecuencias más costosas para la Administración.

Al mismo tiempo, con las diversas actuaciones de la liquidación, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, y conforme se ha ido detallando también en los 16 informes que se han ido presentado a Les Corts (cada dos meses desde la aprobación de la citada Ley), se ha procurado rescatar, evitar el deterioro y reparar los activos, tanto del edificio de Burjassot como de la red de repetidores extendida por toda la Comunitat Valenciana, que permitían la prestación del servicio público de radio y televisión.

Cese de los liquidadores

El acuerdo adoptado por el Pleno del Gobierno valenciano para la extinción total del ente público RTVV, que conlleva el cese de los liquidadores, implica la subrogación de la Generalitat en todas las relaciones jurídicas de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorios.

Además, por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se realizarán las operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales de carácter preceptivo y necesarias para la incorporación de todo el activo y el pasivo del ente público en el patrimonio de la Generalitat.

Asimismo, la publicación del proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU se realizará en el BORM y en prensa escrita, al objeto de que sea conocido y, si es el caso, puedan presentarse posibles impugnaciones por parte de acreedores.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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