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El Consell ‘da carpetazo’ a RTVV cinco años después del cierre

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El Pleno del Consell ha declarado la extinción de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de aprobar la aceptación de la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo del ente a favor de la Generalitat.

Además, el Consell, constituido en Junta General de Accionistas, ha aprobado el proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU, así como la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

Con la adopción de estos dos acuerdos, concluye un proceso que se inició primero con la aprobación en 2012 de la Ley 3/2012 -norma que modificó el modelo de la RTVV pública autonómica y dictaminó la disolución-liquidación de esta entidad para transformarla en una sociedad (SAU) que debía prestar este servicio de radiotelevisión-, y siguió después con el abrupto cierre de estos medios, que se consumó con la Ley 4/2013 y el cese de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9 el 29 de noviembre de 2013.

Durante este tiempo se ha tenido que hacer frente a una deuda de más de 1.200 millones de euros y a una herencia acumulada de numerosos conflictos laborales o judiciales con productoras, trabajadores, acreedores, Seguridad Social e incluso Agencia Tributaria, que han ido resolviéndose, en buena parte de los casos, con resultados razonables y evitando consecuencias más costosas para la Administración.

Al mismo tiempo, con las diversas actuaciones de la liquidación, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, y conforme se ha ido detallando también en los 16 informes que se han ido presentado a Les Corts (cada dos meses desde la aprobación de la citada Ley), se ha procurado rescatar, evitar el deterioro y reparar los activos, tanto del edificio de Burjassot como de la red de repetidores extendida por toda la Comunitat Valenciana, que permitían la prestación del servicio público de radio y televisión.

Cese de los liquidadores

El acuerdo adoptado por el Pleno del Gobierno valenciano para la extinción total del ente público RTVV, que conlleva el cese de los liquidadores, implica la subrogación de la Generalitat en todas las relaciones jurídicas de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorios.

Además, por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se realizarán las operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales de carácter preceptivo y necesarias para la incorporación de todo el activo y el pasivo del ente público en el patrimonio de la Generalitat.

Asimismo, la publicación del proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU se realizará en el BORM y en prensa escrita, al objeto de que sea conocido y, si es el caso, puedan presentarse posibles impugnaciones por parte de acreedores.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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