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El Consell recorta el uso de internet y telefonía a los funcionarios

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El Consell ha centralizado la contratación de determinados servicios en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de un Acuerdo Marco que, entre otras novedades, elimina la tarifa plana para los servicios de telecomunicaciones de la Generalitat. La Conselleria de Hacienda ha decidido cambiar el modelo por el que hasta ahora se facturaban estos servicios para pasar a regirse por un Acuerdo Marco en el que el coste está vinculado directamente al uso efectivo de estos recursos. La consecuencia directa de ello es un ahorro de más de la mitad en la factura actual, lo que supondrá 85,6 millones de euros en los cuatro años de duración del contrato, según las estimaciones de la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que dirige Vicente Aguiló, encargada de elaborar y gestionar este acuerdo marco.

El conseller de Hacienda y Mjodelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que la revisión que ha realizado el Consell sobre los contratos de conectividad de sus sedes, telefonía, Internet y servicios de telecomunicaciones «ha permitido que las nuevas condiciones contractuales se adapten al uso real que puedan hacer los funcionarios». «El ahorro será de 86 millones de euros los cuatro años que dura el contrato, lo que supone que ahora nos costará un 53% menos de lo que pagábamos con el contrato firmado por el anterior Consell», asegura Soler.

El contrato anterior, que se firmó por cuatro años y se prorrogó otros cuatro, contemplaba entre otras cuestiones la tarifa plana, con independencia del uso que se realizara de estos servicios. La facturación durante el último periodo anual registrado del contrato ascendió a 40,2 millones, mientras que la estimación del coste para ese mismo periodo aplicando las nuevas condiciones supondría una importante reducción del gasto, situándose en solo 18,8 millones al año. Esto es, un ahorro anual de 21,4 millones, con lo que la economía prevista durante los cuatro ejercicios próximos será de 85,6 millones, una rebaja del 53%.

El titular de Hacienda y Modelo Económico ha destacado también que para el Gobierno de la Generalitat «es prioritario el hacer un buen uso del dinero del contribuyente, máxime con la escasez de recursos debido a la infrafinanciación», y ha asegurado que «con la revisión de estos contratos mejoramos la gestión del dinero que pagan los ciudadanos a través de los impuestos y avanzamos en la eficiencia en la utilización de los fondos públicos».

Este convenio marco dará servicio a más de 110.000 usuarios de la Administración de la Generalitat incluyendo también los centros educativos, los centros sanitarios y los hospitales, las sedes judiciales y el 112 de emergencias, así como el sector público empresarial (IVACE, FGV, CulturArts, IVAS, Epsar, Eige y AVT) y organismos adheridos como las Corts Valencianes, el Sindic de Greuges, el de Comptes, el Consell Valencià de Cultura o el Consell Juridic Consultiu.

El contrato incluye 69.804 extensiones corporativas (2.872 centralitas), 6.100 circuitos de datos, 5.686 routers, 3.700 sedes de la Generalitat, 10.265 dispositivos móviles (2.093 smartphones, 6.513 móviles, 282 móviles de sobremesa, 225 tablets y 1.150 tarjetas M2M) y 9.756 líneas móviles, así como el acceso a Internet de toda la Administración de la Generalitat, entre otros servicios.

Ahorros del 14% en la factura eléctrica tras revisar el contrato

El conseller ha insistido en «la prioridad de buscar en todo momento la eficiencia en la gestión de los recursos de todos los valencianos» y, en ese sentido, ha recordado, entre otras medidas, el apoyo a la Central de Compras, «que hasta la fecha ha acumulado un ahorro del 26%, sumando una reducción del gasto de unos 27 millones de euros».

Así, en los tres últimos servicios incorporados a la Central de Compras se han registrado ahorros muy importantes. En el caso del servicio de impresión se están alcanzando reducciones del coste del 40% respecto al modelo anterior. Asimismo, con la centralización de los servicios postales el ahorro ha sido de un 30,8%. Otro ejemplo es la ejecución del vigente acuerdo marco de energía eléctrica que está consiguiendo un ahorro de aproximadamente un 14% respecto a los precios de licitación.

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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