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¿Cuándo se ampliará definitivamente la baja por paternidad?

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Esto es lo que le cuesta a los padres el primer año de vida de un bebé

VAÈNCIA, 7 Mar.- El Gobierno ha anunciado este jueves que la ampliación de la baja por paternidad queda pospuesta. Aunque el decreto ley en el que se regula esta medida entra en vigor este jueves tras su publicación en el BOE, la ley no estará operativa hasta el 8 de abril.

El Real Decreto-Ley aprobado el pasado 1 de marzo por el Consejo de Ministros amplia el permiso de paternidad a 8 semanas. Esta cifra irá incrementándose en los próximos dos años hasta equiparar la baja por maternidad. En 2020 el permiso se ampliará a 12 semanas y 16 en 2021. Estos serán ampliables en dos semanas por cada hijo en casos de partos múltiples.

Actualmente el permiso por paternidad es de cinco semanas y de carácter voluntario. En poco más de dos años los permisos de hombres y mujeres serán iguales, intrasferibles y  retribuidos de 16 semanas. El objetivo de este Decreto-Ley «garantizar la igualdad entre mujeres y hombre en el empleo».

¿Por qué un Decreto-Ley?

Tras el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la única opción para el Gobierno es aprobar aquellas medidas consideradas urgentes a través del decreto ley. Una vez aprobado, las medidas entrarán en vigor tras su publicación en el BOE; aunque el Congreso deba convalidar el texto posteriormente.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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