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Estas son las restricciones que sopesa el Gobierno antes que dictar otra alarma

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El coronavirus sigue cogiendo fuerza en España. La cifra de contagios va en aumento cada día y las autoridades sanitarias no descartan ya, públicamente, la necesidad de aplicar medidas drásticas.

Hace unos días Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmó que no descarta el confinamiento en las zonas en que sea necesario para atajar la transmisión, especialmente la comunitaria. Además de las pruebas PCR, Simón apunta a la cuarenta a los contactos de las personas que hayan sido afectadas.

No obstante, decretar, nuevamente, el Estado de Alarma no se descarta si fuera necesario en algún momento. En este sentido, Simón ha explicado las tres modalidades de Estado de Alarma que el Ejecutivo tiene preparado para aplicar si la emergencia sanitaria así lo requiere:

  1. Solicitar el Estado de Alarma en toda una Comunidad Autónoma
  2. Estado de Alarma limitado a una zona en concreto
  3. Estado de Alarma aplicado a todo el territorio nacional como el que sufrió España meses atrás

 

Y con la curva en ascenso, este sábado se ha sabido que el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea la posibilidad de implantar restricciones de movilidad en las comunidades autónomas, similares a las que se vivieron en Fase 2, intentando evitar el decreto de un nuevo estado de alarma, según han confirmado fuentes de los gobiernos autonómicos a El Español.

De no mejorar los datos de contagios, España podría dar pasos atrás en la nueva normalidad y volver a situaciones similares de la Fase 2, aunque las limitaciones de movilidad estarían circunscritas a la comunidad, en lugar del ámbito provincial.

Estas medidas podrían ser anunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la próxima reunión Interterritorial de Salud, que se produce el jueves 27 de agosto, según las fuentes oficiales. Esta nueva decisión podría afectar al inicio del próximo curso escolar, que se vería retrasado en función de la evolución de la epidemia tras las nuevas restricciones impuestas. El objetivo del Gobierno es, por el momento, poner en marcha medidas legalmente viables sin tener que pasar por el Congreso.

Por otra parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en RNE ha asegurado que «nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo».

«Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más», advirtió el director del CCAES, Fernando Simón en su última comparecencia.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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