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Estas son las restricciones que sopesa el Gobierno antes que dictar otra alarma

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El coronavirus sigue cogiendo fuerza en España. La cifra de contagios va en aumento cada día y las autoridades sanitarias no descartan ya, públicamente, la necesidad de aplicar medidas drásticas.

Hace unos días Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmó que no descarta el confinamiento en las zonas en que sea necesario para atajar la transmisión, especialmente la comunitaria. Además de las pruebas PCR, Simón apunta a la cuarenta a los contactos de las personas que hayan sido afectadas.

No obstante, decretar, nuevamente, el Estado de Alarma no se descarta si fuera necesario en algún momento. En este sentido, Simón ha explicado las tres modalidades de Estado de Alarma que el Ejecutivo tiene preparado para aplicar si la emergencia sanitaria así lo requiere:

  1. Solicitar el Estado de Alarma en toda una Comunidad Autónoma
  2. Estado de Alarma limitado a una zona en concreto
  3. Estado de Alarma aplicado a todo el territorio nacional como el que sufrió España meses atrás

 

Y con la curva en ascenso, este sábado se ha sabido que el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea la posibilidad de implantar restricciones de movilidad en las comunidades autónomas, similares a las que se vivieron en Fase 2, intentando evitar el decreto de un nuevo estado de alarma, según han confirmado fuentes de los gobiernos autonómicos a El Español.

De no mejorar los datos de contagios, España podría dar pasos atrás en la nueva normalidad y volver a situaciones similares de la Fase 2, aunque las limitaciones de movilidad estarían circunscritas a la comunidad, en lugar del ámbito provincial.

Estas medidas podrían ser anunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la próxima reunión Interterritorial de Salud, que se produce el jueves 27 de agosto, según las fuentes oficiales. Esta nueva decisión podría afectar al inicio del próximo curso escolar, que se vería retrasado en función de la evolución de la epidemia tras las nuevas restricciones impuestas. El objetivo del Gobierno es, por el momento, poner en marcha medidas legalmente viables sin tener que pasar por el Congreso.

Por otra parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en RNE ha asegurado que «nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo».

«Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Es momento de parar. El que detectemos mucho no quiere decir que no haya transmisión, y cada día tenemos más», advirtió el director del CCAES, Fernando Simón en su última comparecencia.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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