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Valencia

El Gobierno se compromete a compensar a la Comunitat con más vacunas, que permitirán inmunizar antes a los jóvenes

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Alicante, 15 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a compensar a la Comunitat Valenciana con un aumento en el envío de vacunas contra la Covid-19, por lo que en agosto y septiembre recibirá más dosis, lo que permitirá acelerar la vacunación a los jóvenes.

Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a los periodistas en Alicante, donde ha acudido a la presentación de los programas de innovación abierta de Distrito Digital en Alicante.

Barceló ha explicado que el Ministerio de Sanidad se comprometió ayer, en la reunión del Consejo Interterritorial, a compensar a la Comunitat Valenciana con un aumento en el envío de dosis de vacunas contra la Covid-19.

Esta compensación, que llegará en agosto y septiembre, responde tanto a la vacunación de desplazados como al déficit que se produjo al inicio del proceso de vacunación, cuando se destinaron más dosis a comunidades autónomas con población más envejecida.

El incremento de vacunas que se recibirá en la Comunitat a partir de agosto permitirá «ir acelerando el ritmo de vacunación», ha dicho Barceló.

La Conselleria de Sanidad acelerará la vacunación a la población joven a partir del mes de agosto gracias a la compensación de dosis de vacunas que se ha acordado con el Ministerio de Sanidad, y que va a suponer un aumento en el envío de dosis a la Comunitat Valenciana, según Barceló.

En este sentido, la consellera ha apuntado que «en agosto y septiembre la Comunitat Valenciana recibirá más dosis, gracias al incremento del número de vacunas de Moderna que van a llegar a España».

De hecho, según se acordó ayer en el Consejo Interterritorial, estas dosis de vacunas se van a repartir entre las comunidades autónomas que tienen un déficit, bien por vacunación a desplazados o por población, que se tiene que ajustar a los datos del INE.

Según ha indicado Barceló, «la Comunitat Valenciana lleva tiempo reclamando al Ministerio de Sanidad poder contar con un mayor número de dosis, ya que se estaban produciendo dos hechos que hacían necesaria esa compensación para acelerar el proceso de vacunación».

Por una parte, en la Comunitat Valenciana se han destinado dosis para vacunar a personas desplazadas de otras comunidades autónomas, dado que el objetivo ha sido proteger a la población y, por tanto, vacunar también a la población que vaya a permanecer durante un tiempo en la Comunitat, con el fin de contener el virus.

En este sentido, ha manifestado que «el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a realizar un cruce de datos dentro del sistema, para que las comunidades autónomas puedan saber qué ciudadanos y ciudadanas han vacunado, tanto de su propia comunidad como desplazados de otras comunidades».

Asimismo, otro de los aspectos que se acordó en el Consejo Interterritorial es compensar el déficit que se produjo al inicio del proceso de vacunación, cuando se destinaron más dosis a comunidades autónomas con población más envejecida.

En este sentido, la consellera de Sanidad ha señalado que «en estos momentos los mayores están protegidos y ahora recibimos vacunas de acuerdo con nuestra población, pero necesitamos resolver el déficit que se ha producido a lo largo del tiempo, dado que hay otras comunidades que tienen una población más envejecida y que recibieron más dosis que la propia Comunitat Valenciana».

Barceló ha sido preguntada, por otra parte, por el pasaporte digital covid o certificado covid digital y cuándo podría implantarse en el turismo y la hostelería.

«Esto lo expusimos ayer también en el Consejo Interterritorial, la necesidad de que tengamos un marco jurídico para regular el pasaporte de la Unión Europea covid en otro entorno que no sea el de la movilidad europea, para otras cuestiones», ha señalado la consellera.

Ha indicado que «el Ministerio está trabajando ya porque tiene que tener un rango legal, tiene que ser en el marco de una ley; por lo tanto, el Ministerio está trabajando ya en este sentido para poder regular estos usos distintos a los de la movilidad», ha expuesto.

«Lo que sí sabemos es que tiene que ser mediante un real decreto ley; por tanto, una ley que tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados. Ese es el marco y ahora se está trabajando legalmente para ver qué otros usos podemos darle a ese pasaporte covid de movilidad, que es lo que la Comunitat Valenciana viene reclamando», ha explicado la consellera.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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