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El Gobierno se niega al confinamiento domiciliario que piden varias Comunidades

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Primero lo solicitó Melilla, la autonomía que tiene la mayor tasa de incidencia acumulada de España con más de 1300 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer fue Asturias, con una tasa por debajo de la media, pero con un riesgo grave de saturación del sistema sanitario. Hoy mismo, Castilla-León, que ya pidió el viernes que se estudiara la medida, ha cerrado todas las actividades económicas, de ocio y deportivas no esenciales.

De momento, la respuesta del Gobierno es clara: no a un nuevo confinamiento domiciliario. El ministro de Sanidad lo dejaba claro: “Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas es suficiente”.

El Ejecutivo prefiere esperar para ver si las últimas restricciones, con los toques de queda y los cierres perimetrales de muchas comunidades, dan resultado. Una estrategia que choca con la opinión de los gobiernos de las autonomías más golpeadas por esta segunda ola de la pandemia, con las medidas ya adoptadas en algunos países europeos y, sobretodo, con los consejos de muchos expertos sanitarios.

Casi todos ellos abogan por un confinamiento mínimo, de dos semanas, que ayude a aplanar una curva disparada. En declaraciones a Antena 3, el exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, ha sido muy claro: «En estos momentos la medida para España, como lo han hecho los demás países europeos vecinos, es el confinamiento domiciliario».

En opinión de Acuña, las peticiones de las comunidades autónomas son «profundamente sensatas», ya que la situación «requiere medidas más drásticas» y que la única que ha funcionado hasta ahora ha sido el confinamiento domiciliario. Esperar más, según Acuña, «en estos momentos no tiene sentido».

En lo que sí están de acuerdo casi todos es que el nuevo confinamiento, de llegar, sería diferente. No afectaría a todo el territorio nacional, y seguiría el modelo inglés: cierre de la hostelería y la actividad económica no esencial, pero no de la educación..

 

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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