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El Gobierno se niega al confinamiento domiciliario que piden varias Comunidades

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Primero lo solicitó Melilla, la autonomía que tiene la mayor tasa de incidencia acumulada de España con más de 1300 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer fue Asturias, con una tasa por debajo de la media, pero con un riesgo grave de saturación del sistema sanitario. Hoy mismo, Castilla-León, que ya pidió el viernes que se estudiara la medida, ha cerrado todas las actividades económicas, de ocio y deportivas no esenciales.

De momento, la respuesta del Gobierno es clara: no a un nuevo confinamiento domiciliario. El ministro de Sanidad lo dejaba claro: “Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas es suficiente”.

El Ejecutivo prefiere esperar para ver si las últimas restricciones, con los toques de queda y los cierres perimetrales de muchas comunidades, dan resultado. Una estrategia que choca con la opinión de los gobiernos de las autonomías más golpeadas por esta segunda ola de la pandemia, con las medidas ya adoptadas en algunos países europeos y, sobretodo, con los consejos de muchos expertos sanitarios.

Casi todos ellos abogan por un confinamiento mínimo, de dos semanas, que ayude a aplanar una curva disparada. En declaraciones a Antena 3, el exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, ha sido muy claro: «En estos momentos la medida para España, como lo han hecho los demás países europeos vecinos, es el confinamiento domiciliario».

En opinión de Acuña, las peticiones de las comunidades autónomas son «profundamente sensatas», ya que la situación «requiere medidas más drásticas» y que la única que ha funcionado hasta ahora ha sido el confinamiento domiciliario. Esperar más, según Acuña, «en estos momentos no tiene sentido».

En lo que sí están de acuerdo casi todos es que el nuevo confinamiento, de llegar, sería diferente. No afectaría a todo el territorio nacional, y seguiría el modelo inglés: cierre de la hostelería y la actividad económica no esencial, pero no de la educación..

 

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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