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El Hospital Clínico de Valencia duplicará sus camas con una inversión de 110 millones

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València, 15 dic (EFE).- La Generalitat ha iniciado la primera de las tres fases de reforma y ampliación del Hospital Clínico de València, en las que se invertirán unos 110 millones y permitirán duplicar su capacidad: de 67.000 m2 actuales a 108.000, de 495 a 966 camas (aforo máximo), de 19 a 25 quirófanos y de 33 a 66 camas de UCI.
«Con esta inversión, el Hospital Clínico de València se convertirá en uno de los centros sanitarios de referencia de toda España», ha señalado el president, Ximo Puig, en el acto de presentación de estas obras, en el que ha estado acompañado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez.
Las obras se inician, ha recordado Barceló, con la demolición de la parte trasera del edificio de la antigua escuela de ingenieros técnicos agrónomos, tres años después de que el Consell adquiriese este espacio a la Universitat Politècnica de València.
Las obras, divididas en tres fases, supondrán un desembolso para el Consell de 94 millones de euros, una cifra que ascenderá hasta los 110 millones si se tiene en cuenta el equipamiento sanitario que será necesario adquirir.
La directora general de Infraestructuras, Carmelina Pla, ha explicado que la primera de las fases, que ya se ha activado, consiste en la construcción de un nuevo edificio de cinco alturas, de 12.900 metros cuadrados que dispondrá de 132 habitaciones, 120 de las cuales podrán ser ocupadas por dos pacientes si fuese necesario, en las plantas 3, 4 y 5, además de 37 camas de UCI en box aislados.
Esta fase tiene un coste de 30 millones de euros y las obras, que ya se han iniciado, se espera que estén concluidas en 2021.
La segunda fase, que se desarrolla de forma paralela a la primera, implica la reforma de la antigua sede de la escuela de ingenieros técnicos agrícolas -se preserva el volumen y los patios de este edificio de los años 60- para que acoja las consultas externas y libere espacio en los edificios actuales.
Además, este espacio acogerá un hospital de día para enfermos oncológicos con 88 plazas.
Esta segunda fase tiene un coste de 36 millones de euros y estará concluida en 24 meses.
La tercera fase supondrá la reforma del actual edificio que acoge las consultas externas (por donde pasan 360.000 personas al año), para convertirlo en un espacio de hospitalización de nueve plantas y 136 habitaciones individuales (podrán acoger hasta 272 camas en caso de que sea necesario).
Esta fase no se iniciará hasta que no se produzca el traslado de las consultas externas al nuevo edificio, previsiblemente en 2023.
Preguntado sobre las críticas del Colegio de Arquitectos al derribo de las naves anexas a la antigua Escuela de Agrónomos, Puig ha asegurado que respeta su opinión, pero que «todas las intervenciones se hacen con el respaldo de las instituciones competentes» y que «se va a salvar el edificio de la escuela».
Sobre las obras de ampliación, el president ha insistido en que «lo más importante de la Sanidad siempre son sus profesionales», a quienes ha agradecido el esfuerzo de los últimos meses debido a la pandemia y ha mostrado su voluntad de «ofrecerles las mejores instalaciones posibles».

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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