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El juez imputa a la directora de la residencia de Llíria donde se grabó el maltrato a los internos

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Llíria ha imputado a la directora de la residencia Domus VI de la capital del Camp del Túria de la cual se difundieron una imágenes de maltrato a los residentes. Aunque aún no se ha concretado el tipo de delito, en su momento la Fiscalía los calificó de delitos contra la integridad moral de los ancianos, según el artículo 173.1 del Código Penal.

El video en el que se observaba a los residentes desatendidos, atados, desnudos y abandonados, algunos en el suelo, fue difundido a principios de septiembre por diversos medios de comunicación, y provocó la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía día 9 de ese mes.

El juez ha visto indicio de delito en los hechos y ha abierto la causa, en la que, además de la directora del centro, están imputadas las dos empresas que lo gestionan.

 

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Estas son las restricciones que continuarán después del final del estado de alarma

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Madrid, 5 may (EFE).- Las restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad, volverán a estar vigentes a partir del 9 de mayo.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que insistido en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto «para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo».

Así, la ministra ha explicado que en el Consejo Interterritorial se han repasado actuaciones coordinadas adoptadas por este órgano que siguen vigentes una vez que decaiga el estado de alarma, en concreto las aprobadas entre agosto y octubre, ha recordado, y que se refieren a restricciones que pueden adoptar las comunidades como acotar horarios comerciales o de ocio nocturno.

El Gobierno entiende que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia.

«Son suficientes para mantener el virus a raya», ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las autonomías no han estado siempre bajo el paraguas del estado de alarma y han ido tomando decisiones que en su mayoría han ido ratificando los TSJ.

Y ahora, con el real decreto, y ante la posibilidad de que se abra una nueva disparidad de criterios por parte de los jueces, será el Supremo el que tenga la última palabra y unifique doctrina al respecto.

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