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El juez pide información a Caixabank sobre su responsabilidad en el fraude de la EMT

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EMT

València, 29 oct (EFE).- La jueza que investiga la estafa de cuatro millones de euros de la que fue víctima la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha pedido información a Caixabank sobre su posible responsabilidad en estos hechos y la supuesta falta de diligencia en la prevención del blanqueo.

En una providencia fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia rechaza por el momento la citación, en calidad de investigado, de Caixabank como persona jurídica, por considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, aunque pide a la entidad bancaria que aporte cierta documentación.

Se refiere la instructora a información que ya ha solicitado la representación legal de la EMT relativa a la formación sobre la prevención del blanqueo de capitales que han recibido los empleados que han intervenido en las transferencias de la presente causa y los manuales internos de prevención de blanqueo de capitales de los que disponen sus empleados.

Por el momento, en esta causa judicial consta como investigada una extrabajadora de la entidad, la exdirectora de Administración, y como posible responsable civil Caixabank.

Sin embargo, los abogados de la EMT esgrimen varias llamadas entre Caixabank y la citada extrabajadora, Celia Zafra, o los correos electrónicos internos de la entidad bancaria advirtiendo de que determinadas transferencias eran sospechosas.

En consecuencia, reclaman que se investiguen la posibilidad de una posible actuación negligente de Caixabank, que a juicio de estos letrados pudo incumplir el protocolo de actuación del Soporte Operativo a Banca Institucional (SOBI) y la normativa de blanqueo de capitales.

La representación legal de la EMT argumenta básicamente que, en lugar de realizar las comprobaciones oportunas, Caixabank realizó ocho transferencias al Bank of China saltándose los protocolos.

Asimismo, insisten en que esta actuación supuestamente negligente de Caixabank por infracción de su deber de control «constituyó un factor esencial para la consumación del delito de estafa», por lo que EMT solicita al juzgado la declaración judicial de Caixabank en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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