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El juez pide información a Caixabank sobre su responsabilidad en el fraude de la EMT

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EMT

València, 29 oct (EFE).- La jueza que investiga la estafa de cuatro millones de euros de la que fue víctima la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha pedido información a Caixabank sobre su posible responsabilidad en estos hechos y la supuesta falta de diligencia en la prevención del blanqueo.

En una providencia fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia rechaza por el momento la citación, en calidad de investigado, de Caixabank como persona jurídica, por considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, aunque pide a la entidad bancaria que aporte cierta documentación.

Se refiere la instructora a información que ya ha solicitado la representación legal de la EMT relativa a la formación sobre la prevención del blanqueo de capitales que han recibido los empleados que han intervenido en las transferencias de la presente causa y los manuales internos de prevención de blanqueo de capitales de los que disponen sus empleados.

Por el momento, en esta causa judicial consta como investigada una extrabajadora de la entidad, la exdirectora de Administración, y como posible responsable civil Caixabank.

Sin embargo, los abogados de la EMT esgrimen varias llamadas entre Caixabank y la citada extrabajadora, Celia Zafra, o los correos electrónicos internos de la entidad bancaria advirtiendo de que determinadas transferencias eran sospechosas.

En consecuencia, reclaman que se investiguen la posibilidad de una posible actuación negligente de Caixabank, que a juicio de estos letrados pudo incumplir el protocolo de actuación del Soporte Operativo a Banca Institucional (SOBI) y la normativa de blanqueo de capitales.

La representación legal de la EMT argumenta básicamente que, en lugar de realizar las comprobaciones oportunas, Caixabank realizó ocho transferencias al Bank of China saltándose los protocolos.

Asimismo, insisten en que esta actuación supuestamente negligente de Caixabank por infracción de su deber de control «constituyó un factor esencial para la consumación del delito de estafa», por lo que EMT solicita al juzgado la declaración judicial de Caixabank en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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