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El juez procesa a Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur 2009

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado instructor de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño para adjudicar el contrato de Fitur a la red que dirigía Francisco Correa.

Aunque la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando De la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle por prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».

Fueron las revelaciones de Francisco Correa, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el que fuera número dos de la Gürtel Pablo Crespo y el exdirigente de Orange Market Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los ‘populares’ valencianos las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta.

Por eso, el magistrado instructor citó a declarar a todos ellos en enero de este año para preguntarles específicamente por la adjudicación de los contratos. ‘El Bigotes’ fue el que más se explayó, señalando a Camps directamente como la persona que ordenó todos los contratos adjudicados en la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel.

En una declaración de más de tres horas de duración, remarcó que no sólo fue el contrato de Fitur objeto de esta pieza de investigación, sino que hubo más adjudicaciones de la Generalitat valenciana anteriores a 2009 autorizadas por Francisco Camps, si bien los supuestos delitos cometidos ya estarían prescritos.

También Costa ratificó lo dicho ya en el juicio por la financiación ilegal del PPCV, cuando aseguró fue su antiguo jefe y expresidente valenciano quien decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

CAMPS LO NEGÓ TODO
Por contra, el propio Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a «una creación» orquestada «desde la izquierda», ya que se «creó un relato y no pueden romperlo» porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto.

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

Por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de la F-1 por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

En esta última causa, la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que el presunto delito de prevaricación por el que ya ha sido procesado está prescrito, si bien la juez instructora ha rechazado argumentando que el delito continuado de malversación, el que tiene pena más grave, no ha superado el plazo de 15 años.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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