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El juez procesa a Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur 2009

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado instructor de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño para adjudicar el contrato de Fitur a la red que dirigía Francisco Correa.

Aunque la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando De la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle por prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».

Fueron las revelaciones de Francisco Correa, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el que fuera número dos de la Gürtel Pablo Crespo y el exdirigente de Orange Market Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los ‘populares’ valencianos las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta.

Por eso, el magistrado instructor citó a declarar a todos ellos en enero de este año para preguntarles específicamente por la adjudicación de los contratos. ‘El Bigotes’ fue el que más se explayó, señalando a Camps directamente como la persona que ordenó todos los contratos adjudicados en la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel.

En una declaración de más de tres horas de duración, remarcó que no sólo fue el contrato de Fitur objeto de esta pieza de investigación, sino que hubo más adjudicaciones de la Generalitat valenciana anteriores a 2009 autorizadas por Francisco Camps, si bien los supuestos delitos cometidos ya estarían prescritos.

También Costa ratificó lo dicho ya en el juicio por la financiación ilegal del PPCV, cuando aseguró fue su antiguo jefe y expresidente valenciano quien decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

CAMPS LO NEGÓ TODO
Por contra, el propio Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a «una creación» orquestada «desde la izquierda», ya que se «creó un relato y no pueden romperlo» porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto.

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

Por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de la F-1 por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

En esta última causa, la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que el presunto delito de prevaricación por el que ya ha sido procesado está prescrito, si bien la juez instructora ha rechazado argumentando que el delito continuado de malversación, el que tiene pena más grave, no ha superado el plazo de 15 años.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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