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El juez procesa a Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur 2009

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado instructor de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño para adjudicar el contrato de Fitur a la red que dirigía Francisco Correa.

Aunque la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando De la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle por prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».

Fueron las revelaciones de Francisco Correa, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el que fuera número dos de la Gürtel Pablo Crespo y el exdirigente de Orange Market Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los ‘populares’ valencianos las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta.

Por eso, el magistrado instructor citó a declarar a todos ellos en enero de este año para preguntarles específicamente por la adjudicación de los contratos. ‘El Bigotes’ fue el que más se explayó, señalando a Camps directamente como la persona que ordenó todos los contratos adjudicados en la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel.

En una declaración de más de tres horas de duración, remarcó que no sólo fue el contrato de Fitur objeto de esta pieza de investigación, sino que hubo más adjudicaciones de la Generalitat valenciana anteriores a 2009 autorizadas por Francisco Camps, si bien los supuestos delitos cometidos ya estarían prescritos.

También Costa ratificó lo dicho ya en el juicio por la financiación ilegal del PPCV, cuando aseguró fue su antiguo jefe y expresidente valenciano quien decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

CAMPS LO NEGÓ TODO
Por contra, el propio Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a «una creación» orquestada «desde la izquierda», ya que se «creó un relato y no pueden romperlo» porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto.

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

Por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de la F-1 por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

En esta última causa, la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que el presunto delito de prevaricación por el que ya ha sido procesado está prescrito, si bien la juez instructora ha rechazado argumentando que el delito continuado de malversación, el que tiene pena más grave, no ha superado el plazo de 15 años.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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