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El juez procesa a Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur 2009

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado instructor de esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’ ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño para adjudicar el contrato de Fitur a la red que dirigía Francisco Correa.

Aunque la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando De la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle por prevaricación, aunque «sin perjuicio de ulterior calificación».

Fueron las revelaciones de Francisco Correa, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el que fuera número dos de la Gürtel Pablo Crespo y el exdirigente de Orange Market Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los ‘populares’ valencianos las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta.

Por eso, el magistrado instructor citó a declarar a todos ellos en enero de este año para preguntarles específicamente por la adjudicación de los contratos. ‘El Bigotes’ fue el que más se explayó, señalando a Camps directamente como la persona que ordenó todos los contratos adjudicados en la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel.

En una declaración de más de tres horas de duración, remarcó que no sólo fue el contrato de Fitur objeto de esta pieza de investigación, sino que hubo más adjudicaciones de la Generalitat valenciana anteriores a 2009 autorizadas por Francisco Camps, si bien los supuestos delitos cometidos ya estarían prescritos.

También Costa ratificó lo dicho ya en el juicio por la financiación ilegal del PPCV, cuando aseguró fue su antiguo jefe y expresidente valenciano quien decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

CAMPS LO NEGÓ TODO
Por contra, el propio Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a «una creación» orquestada «desde la izquierda», ya que se «creó un relato y no pueden romperlo» porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto.

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

Por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de la F-1 por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

En esta última causa, la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que el presunto delito de prevaricación por el que ya ha sido procesado está prescrito, si bien la juez instructora ha rechazado argumentando que el delito continuado de malversación, el que tiene pena más grave, no ha superado el plazo de 15 años.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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