En la sesión, los abogados de los acusados han denunciado un cambio de criterio de última hora de Fiscalía Anticorrupción en los términos en los que se había alcanzado hasta el pasado 5 de abril un pacto de conformidad con ellos, con lo que esperaban evitar el juicio. Por esta razón, han solicitado la suspensión de la vista al alegar que no han podido preparar el proceso porque estaban trabajando en cerrar definitivamente el pacto previo.

Por contra, Carrasco ha asegurado que este relato es «absolutamente incierto» y se ha opuesto a esta petición mayoritaria de las defensas. Al respecto, ha apuntado que para Anticorrupción falta la consignación de las responsabilidades civiles, que es «insoslayable e insalvable» para llegar a un acuerdo, al tiempo que ha considerado que el juicio será «ineludible».

En el mismo sentido se han pronunciado otras acusaciones –como la Generalitat Valenciana y la Coordinadora Valenciana de ONGD–, que han asegurado que nunca han alcanzado un acuerdo con las defensas y han expresado su voluntad de lograr una reparación del daño. En el último caso, además ha incidido en que si bien jamás se ha opuesto a un acuerdo, es importante la responsabilidad penal con criterios de «lógica».

Así lo han expuesto los letrados de los principales acusados de este proceso, que arrancaba este lunes para juzgar a Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

El abogado del exconseller de Solidaridad, Javier Boix, ha explicado que tanto él como gran parte de los acusados habían llegado a un acuerdo previo con Anticorrupción, en la época de Torres, según han revelado, y han apuntado que recientemente ha habido un cambio de criterio.

En su caso concreto, ha dicho que tenía un acuerdo «por escrito» con Fiscalía pero con el nuevo representante del ministerio público se han encontrado una «nueva postura», aunque ha precisado que sigue existiendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por esta razón, ha solicitado junto a otras defensas la suspensión del juicio para tratar de llegar a dicho pacto o, en caso contrario, para preparar el juicio.

Por otro lado, sí han coincidido las acusaciones y las defensas en solicitar el aplazamiento del calendario las declaraciones de los acusados previstas para este próximo martes, miércoles y jueves. En principio, estaban previstas para el mes de mayo, pero la sala atendió la petición de uno de los letrados y abordó este cambio en el calendario.

Sin embargo, en esta sesión, todas las acusaciones y la mayoría de las defensas –salvo una– han argumentado la imposibilidad de abordar estas comparecencias con la preparación suficiente y han pedido que se pospongan. Tras deliberar, el tribunal ha accedido a esta solicitud y ha acordado reanudar el juicio a partir del 6 de mayo.

«AL BORDE DEL COLAPSO»

A este respecto, el representante del ministerio público ha abogado por que el juicio se celebre «en unas condiciones posibilistas para el buen fin del proceso», pues el adelanto de las declaraciones «puede dar lugar a irregularidades» e introduce «disfunciones tremendamente graves». En este sentido, ha opinado que produce «imposibilidad de asumir con la debida calma la preparación de este juicio que es ciertamente complejo» y ha lamentado que, tras hacerse cargo del proceso, la preparación del mismo le ha situado «al borde del colapso».

En esta línea, ha sostenido que «la faena» que hubiera supuesto «cumplir la exigencia» del señalamiento marcado hasta hoy hubiera sido «de negros». A la solicitud de cambio en el calendario de la vista se ha sumado tanto la Generalitat como la Coordinadora Valenciana de ONGD, al igual que los acusados, a excepción de uno.

TODOS MENOS DOS

Sobre posibles pactos, el letrado de Blasco ha asegurado en su intervención que el acuerdo previo entre Fiscalía y los acusados incluía a todos ellos, a excepción de las ex altos cargos de la Conselleria de Solidaridad Tina Sanjuán y Dolores Escandell. Boix se ha mostrado dispuesto a aportar un pacto de conformidad, si se alcanzara antes del 6 de mayo, en cuestiones previas de la vista. «Existe posibilidad de llegar a un acuerdo», ha dicho el letrado, que ha señalado que se mantienen las negociaciones.

Sin embargo, ha lamentado que, tras disponer de un acuerdo con el anterior fiscal, se recibió «una indicación de un problema de interpretación de un matiz de Fiscalía», aunque ha asegurado que el pasado viernes lo «cumplimentaron». Pese a ello, ha puesto de relieve la «nueva postura» de Anticorrupción y ha alegado que esto «ha cambiado por completo el panorama judicial», razón por la que ha considerado «prudente» aplazar el juicio.

La defensa del empresario Augusto César Tauroni, a quien al Coordinadora de ONGD considera «cerebro» de la trama, ha dicho encontrarse «en la misma situación». «Se llegó a un acuerdo cerrado que justificó la no preparación de la vista», ha argumentado. En la misma línea se ha manifestado el letrado de Marc Llinares, exjefe de Área de Cooperación, que ha apuntado que este cambio de criterio de Fiscalía provoca que «la estrategia de defensa se modifique completamente».

También ha indicado que podría acreditar este «pacto verbal» –únicamente con Fiscalía, ha precisado– mediante «determinadas comunicaciones» y ha afirmado que «existen negociaciones desde junio de 2018» y el «cambio de criterio» se produjo el pasado 5 de abril.

«INCUMPLIMIENTO DE PREACUERDOS»

A este respecto, el fiscal anticorrupción ha señalado que esta citación judicial «se ha producido por falta de entendimiento e incumplimiento de preacuerdos que hubieran podido existir», aunque no se ha opuesto a la suspensión para no «perjudicar el derecho de defensa, que es sagrado».

Sobre este tema también se ha pronunciado la abogada de la Generalitat, que ha recordado que el desvío de fondos en estas piezas es de entre 4,5 y 5 millones de euros, además del «daño moral producido a la institución». Así, ha asegurado que esta acusación no ha llegado a ningún pacto «ni con Blasco ni con el resto de acusados».

ACUSADO EN BOLIVIA

En esta jornada también se ha planteado la situación de Adolfo Soler, cofundador de la Fundación Hemisferio, una de las entidades supuestamente empleadas para el desvío de fondos, quien se encuentra en Bolivia y ha alegado padecer una «seria enfermedad» para no acudir a la vista.

Se ha planteado solicitar su extradición y, mientras dure el proceso, celebrar el juicio sin su presencia. Sin embargo, la defensa de Augusto César Tauroni ha argumentado que Soler «no es un actor secundario», por lo que ha sostenido la «necesidad de que se celebre su declaración con el conjunto de los acusados». A esto se ha sumado el letrado de Blasco y varias defensas más, mientras que el tribunal ha indicado que «se resolverá más adelante».