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El juicio por el accidente del metro de València ya tiene fecha y se alargará más de medio año

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La Audiencia de Valencia reabre la causa del accidente de metro

València, 15 nov.- El juicio por el accidente del metro de València de 2006 tendrá lugar el próximo mes de enero de 2020, según han pactado este viernes las acusaciones y las defensas en una reunión convocada por el Juzgado de lo Penal número 6 de València. El día del inicio aún está por concretar, aunque todo parece indicar que la vista empezará a mediados de enero.

El Juzgado de lo Penal número 6 será el encargado de enjuiciar a los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) procesados por el siniestro, tal y como han adelantado Levante-EMV y Las Provincias.

El juicio llegará en el cumplimiento del 14 aniversario del accidente en el que dos trenes de Metrovalencia descarrilaran en la curva del trayecto que comunica las estaciones de Plaza de España y Jesús. En el accidente fallecieron 43 personas, incluyendo el maquinista y la interventora del tren, y otras 47 resultaron heridas.

El proceso judicial se prolongará entre seis y siete meses. El juzgado ha fijado en un principio un calendario provisional de sesiones que se extendería hasta mediados de julio. Todo parece indicar que el plazo podría alargarse con cualquier cuestión procesal que se produzca.

EL CALENDARIO JUDICIAL
El juzgado ha fijado para la primera semana del proceso las cuestiones previas, donde las partes pueden pedir la nulidad de determinadas acciones. Además, durante la primera semana se podrán llevar a cabo otras actuaciones o posibles aplazamientos de las sesiones por cuestiones extrajudiciales.

En la segunda semana, se procedería a escuchar la declaración de los ocho procesados: la exgerente Marisa Gracia; el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

Finalmente, les tocaría el turno a casi medio centenar de testigos y pertios: 53 sesiones en las que las partes interrogarán a aquellas personas que comparezcan. El proceso se cerraría con otras dos semanas para presentar posibles las distintas pruebas documentales y el lanzamiento de conclusiones e informes finales por parte de la fiscalía, defensas y acusaciones particulares.

LA REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La Asociación de Víctimas del metro 3 de julio han reaccionado al conocer la noticia de la fijación de fecha para el juicio. Por ello, han transmitido su «satisfacción por este paso que nos acerca un poco más a averiguar toda la verdad sobre el accidente, y a que se señalen los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas, entre ellas dos trabajadores de FGV, y de las lesiones de otros 47″.

Las familias de las víctimas mortales y de los heridos en el accidente de la estación de Jesús se han mostrado»convencidas que el juicio finalizará con la condena de los 8 acusados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa».

Asimismo, han añadido que «debido a sus cargos, los acusados eran conocedores del riesgo que suponía para la circulación dejar toda la responsabilidad en manos del conductor, y aun teniendo la capacidad de actuar, no hicieron nada para evitarlo, por lo que cabe sostener que existen indicios de la criminalidad respecto a las personas investigadas».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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