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El juicio por el accidente del metro de València ya tiene fecha y se alargará más de medio año

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La Audiencia de Valencia reabre la causa del accidente de metro

València, 15 nov.- El juicio por el accidente del metro de València de 2006 tendrá lugar el próximo mes de enero de 2020, según han pactado este viernes las acusaciones y las defensas en una reunión convocada por el Juzgado de lo Penal número 6 de València. El día del inicio aún está por concretar, aunque todo parece indicar que la vista empezará a mediados de enero.

El Juzgado de lo Penal número 6 será el encargado de enjuiciar a los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) procesados por el siniestro, tal y como han adelantado Levante-EMV y Las Provincias.

El juicio llegará en el cumplimiento del 14 aniversario del accidente en el que dos trenes de Metrovalencia descarrilaran en la curva del trayecto que comunica las estaciones de Plaza de España y Jesús. En el accidente fallecieron 43 personas, incluyendo el maquinista y la interventora del tren, y otras 47 resultaron heridas.

El proceso judicial se prolongará entre seis y siete meses. El juzgado ha fijado en un principio un calendario provisional de sesiones que se extendería hasta mediados de julio. Todo parece indicar que el plazo podría alargarse con cualquier cuestión procesal que se produzca.

EL CALENDARIO JUDICIAL
El juzgado ha fijado para la primera semana del proceso las cuestiones previas, donde las partes pueden pedir la nulidad de determinadas acciones. Además, durante la primera semana se podrán llevar a cabo otras actuaciones o posibles aplazamientos de las sesiones por cuestiones extrajudiciales.

En la segunda semana, se procedería a escuchar la declaración de los ocho procesados: la exgerente Marisa Gracia; el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

Finalmente, les tocaría el turno a casi medio centenar de testigos y pertios: 53 sesiones en las que las partes interrogarán a aquellas personas que comparezcan. El proceso se cerraría con otras dos semanas para presentar posibles las distintas pruebas documentales y el lanzamiento de conclusiones e informes finales por parte de la fiscalía, defensas y acusaciones particulares.

LA REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La Asociación de Víctimas del metro 3 de julio han reaccionado al conocer la noticia de la fijación de fecha para el juicio. Por ello, han transmitido su «satisfacción por este paso que nos acerca un poco más a averiguar toda la verdad sobre el accidente, y a que se señalen los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas, entre ellas dos trabajadores de FGV, y de las lesiones de otros 47″.

Las familias de las víctimas mortales y de los heridos en el accidente de la estación de Jesús se han mostrado»convencidas que el juicio finalizará con la condena de los 8 acusados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa».

Asimismo, han añadido que «debido a sus cargos, los acusados eran conocedores del riesgo que suponía para la circulación dejar toda la responsabilidad en manos del conductor, y aun teniendo la capacidad de actuar, no hicieron nada para evitarlo, por lo que cabe sostener que existen indicios de la criminalidad respecto a las personas investigadas».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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