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El Juzgado archiva una denuncia de Luis Salom contra Fuset al no ver prevaricación

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VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 17 de València ha archivado una denuncia contra el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento, Pere Fuset, por un presunto fraccionamiento de contratos relacionados con la instalación de un Buzón Real de los Reyes Magos en diciembre de 2017.

Así consta en una resolución, consultada por Europa Press, en la que el juez no ve ilícito penal alguno en los hechos denunciados por el asesor del PP municipal Luis Salom, quien denunció el fraccionamiento de dos contratos menores firmados en noviembre y en diciembre de 2017 y adjudicados al mismo proveedor. También aludía a un mismo objeto -instalación del Buzon Real–.

El juez, tras estudiar el escrito, lo rechaza al entender que Salom imputa a Fuset un delito de prevaricación «sin traer principio de prueba alguna ni indicio sólido y serio de que se trate de una resolución administrativa arbitraria dictada en un procedimiento administrativo».

Considera que el edil actuó dentro de su propio ámbito de competencia, «sin que exista indicio alguno de falsedad ni en los servicios y obras contratadas ni irregularidad alguna dentro del ámbito de las facultades de Fuset».

También advierte de que se trata de dos distintos servicios contratados pese a que se trate de un mismo proveedor. El primero, el suministro de una estructura móvil o carroza para el Buzón Real; y el segundo, con una duración más amplia, se centraba en el montaje de una estructura para el Buzón con una plataforma transportada e iluminada.

Fuentes municipales han indicado que el archivo de esta denuncia era una decisión «esperada» porque había «total convencimiento de haber realizado los contratos con todas las garantías legales, como es norma en cualquier gobierno honrado y transparente».

«El único objetivo de la persona denunciante, que está imputada al igual que nueve concejales de su grupo municipal -en el caso Taula– es hacer creer que todos son de su misma condición, algo que los propios tribunales rechazan de plano», han añadido.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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