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El Juzgado archiva una denuncia de Luis Salom contra Fuset al no ver prevaricación

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VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 17 de València ha archivado una denuncia contra el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento, Pere Fuset, por un presunto fraccionamiento de contratos relacionados con la instalación de un Buzón Real de los Reyes Magos en diciembre de 2017.

Así consta en una resolución, consultada por Europa Press, en la que el juez no ve ilícito penal alguno en los hechos denunciados por el asesor del PP municipal Luis Salom, quien denunció el fraccionamiento de dos contratos menores firmados en noviembre y en diciembre de 2017 y adjudicados al mismo proveedor. También aludía a un mismo objeto -instalación del Buzon Real–.

El juez, tras estudiar el escrito, lo rechaza al entender que Salom imputa a Fuset un delito de prevaricación «sin traer principio de prueba alguna ni indicio sólido y serio de que se trate de una resolución administrativa arbitraria dictada en un procedimiento administrativo».

Considera que el edil actuó dentro de su propio ámbito de competencia, «sin que exista indicio alguno de falsedad ni en los servicios y obras contratadas ni irregularidad alguna dentro del ámbito de las facultades de Fuset».

También advierte de que se trata de dos distintos servicios contratados pese a que se trate de un mismo proveedor. El primero, el suministro de una estructura móvil o carroza para el Buzón Real; y el segundo, con una duración más amplia, se centraba en el montaje de una estructura para el Buzón con una plataforma transportada e iluminada.

Fuentes municipales han indicado que el archivo de esta denuncia era una decisión «esperada» porque había «total convencimiento de haber realizado los contratos con todas las garantías legales, como es norma en cualquier gobierno honrado y transparente».

«El único objetivo de la persona denunciante, que está imputada al igual que nueve concejales de su grupo municipal -en el caso Taula– es hacer creer que todos son de su misma condición, algo que los propios tribunales rechazan de plano», han añadido.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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