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El Juzgado archiva una denuncia de Luis Salom contra Fuset al no ver prevaricación

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VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 17 de València ha archivado una denuncia contra el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento, Pere Fuset, por un presunto fraccionamiento de contratos relacionados con la instalación de un Buzón Real de los Reyes Magos en diciembre de 2017.

Así consta en una resolución, consultada por Europa Press, en la que el juez no ve ilícito penal alguno en los hechos denunciados por el asesor del PP municipal Luis Salom, quien denunció el fraccionamiento de dos contratos menores firmados en noviembre y en diciembre de 2017 y adjudicados al mismo proveedor. También aludía a un mismo objeto -instalación del Buzon Real–.

El juez, tras estudiar el escrito, lo rechaza al entender que Salom imputa a Fuset un delito de prevaricación «sin traer principio de prueba alguna ni indicio sólido y serio de que se trate de una resolución administrativa arbitraria dictada en un procedimiento administrativo».

Considera que el edil actuó dentro de su propio ámbito de competencia, «sin que exista indicio alguno de falsedad ni en los servicios y obras contratadas ni irregularidad alguna dentro del ámbito de las facultades de Fuset».

También advierte de que se trata de dos distintos servicios contratados pese a que se trate de un mismo proveedor. El primero, el suministro de una estructura móvil o carroza para el Buzón Real; y el segundo, con una duración más amplia, se centraba en el montaje de una estructura para el Buzón con una plataforma transportada e iluminada.

Fuentes municipales han indicado que el archivo de esta denuncia era una decisión «esperada» porque había «total convencimiento de haber realizado los contratos con todas las garantías legales, como es norma en cualquier gobierno honrado y transparente».

«El único objetivo de la persona denunciante, que está imputada al igual que nueve concejales de su grupo municipal -en el caso Taula– es hacer creer que todos son de su misma condición, algo que los propios tribunales rechazan de plano», han añadido.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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