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El Ministerio de Educación irá a los tribunales si el Consell no rectifica el decreto del plurilingüismo

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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que su departamento no aceptará «la diferencia de requisitos» ni la «discriminación» por lengua en la Comunidad Valenciana que el Consell pretende establecer con el decreto del plurilingüismo.

Así lo ha explicado Méndez de Vigo tras la pregunta formulada, por la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso. Martín ha acusado al ministro de inacción ante el nuevo modelo lingüístico que el actual Gobierno de la Generalitat quiere implantar el próximo curso.

A este sentido, Méndez de Vigo ha detallado que se ha enviado una carta a la conselleria de Educación para que se garantice el trilingüismo de los alumnos.

Cabe recordar que el citado decreto relaciona el nivel de inglés al estudio del valenciano en detrimento del castellano. Si un colegio opta por dar más materias en valenciano, el alumno recibe más horas de inglés y, por tanto, una titulación mayor en este idioma, que aquellos centros educativos que optan por dar mayor horas de castellano en sus asignaturas.

Durante su intervención, la diputada de la formación naranja ha criticado el papel de del PSOE en el Ejecutivo valenciano, así como que la única actuación del Ministerio de Educación haya sido enviar una carta a la Consejería. «Señor Ministro, si conseguimos frenar la discriminación Marzá los niños valencianos se lo van a agradecer», le replicaba Martín.

Ante ello, el Ministro ha detallado que el departamento que dirige ya actuó en cuanto se publicó el Real Decreto en febrero y que el pasado 10 de marzo remitió una «carta de colaboración»a la Conselleria de Educación porque es «la fórmula habitual» en la que les instaba a explicar el decreto y si se daban las diferencias que se critican.

«Ahora la conselleria tiene que rectificar y, si no lo hace en el plazo correspondiente se le enviará un requerimiento o iniciaremos un contencioso administrativo. Cumplimos la ley», ha manifestado Méndez de Vigo insistiendo en que el Gobierno «va a velar porque en España a nadie se le discrimine».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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