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El Ministerio de Educación irá a los tribunales si el Consell no rectifica el decreto del plurilingüismo

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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que su departamento no aceptará «la diferencia de requisitos» ni la «discriminación» por lengua en la Comunidad Valenciana que el Consell pretende establecer con el decreto del plurilingüismo.

Así lo ha explicado Méndez de Vigo tras la pregunta formulada, por la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso. Martín ha acusado al ministro de inacción ante el nuevo modelo lingüístico que el actual Gobierno de la Generalitat quiere implantar el próximo curso.

A este sentido, Méndez de Vigo ha detallado que se ha enviado una carta a la conselleria de Educación para que se garantice el trilingüismo de los alumnos.

Cabe recordar que el citado decreto relaciona el nivel de inglés al estudio del valenciano en detrimento del castellano. Si un colegio opta por dar más materias en valenciano, el alumno recibe más horas de inglés y, por tanto, una titulación mayor en este idioma, que aquellos centros educativos que optan por dar mayor horas de castellano en sus asignaturas.

Durante su intervención, la diputada de la formación naranja ha criticado el papel de del PSOE en el Ejecutivo valenciano, así como que la única actuación del Ministerio de Educación haya sido enviar una carta a la Consejería. «Señor Ministro, si conseguimos frenar la discriminación Marzá los niños valencianos se lo van a agradecer», le replicaba Martín.

Ante ello, el Ministro ha detallado que el departamento que dirige ya actuó en cuanto se publicó el Real Decreto en febrero y que el pasado 10 de marzo remitió una «carta de colaboración»a la Conselleria de Educación porque es «la fórmula habitual» en la que les instaba a explicar el decreto y si se daban las diferencias que se critican.

«Ahora la conselleria tiene que rectificar y, si no lo hace en el plazo correspondiente se le enviará un requerimiento o iniciaremos un contencioso administrativo. Cumplimos la ley», ha manifestado Méndez de Vigo insistiendo en que el Gobierno «va a velar porque en España a nadie se le discrimine».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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