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El móvil de Jorge Ignacio, la clave para localizar el cuerpo de Marta Calvo

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València, 16 dic. – Tras remover más de 170 toneladas de basura, la Guardia Civil busca el cadáver de Marta Calvo con la geolocalización de unos de los tres móviles de Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de la joven de Estivella desaparecida desde el pasado 7 de noviembre.

No obstante, los agentes no dejan de rastrear en el vertedero de Dos Aguas, buscando en los montones de basura del 9 de noviembre procedentes de la localidad de Silla.

Sin el cuerpo de Marta Calvo solo queda la declaración del acusado, algo que la jueza instructora del caso, así como los agentes no acaban de dar credibilidad. Jorge Palma asegura que descuartizó a la joven pero que no la mató. Por eso es tan importante para los investigadores hallar el cadáver. Una tarea que está siendo complicada tras la confesión de haber tirado el cuerpo a varios contenedores después de desmembrarla. Algo para lo que los investigadores sospechan que pudo contar con ayuda, dada la pulcritud de la limpieza posterior del domicilio de Manuel donde supuestamente sucedieron los hechos.

Los agentes han rastreado campos, acequias, pozos, el río… sin éxito. Ahora trabajan en las zonas señaladas gracias a la geolocalización de uno de los tres móviles de Jorge Palma. Según informa el diario Las Provincias. Días después de la desaparición de la joven, su teléfono le sitúa en la localidad de Silla.

Tras remover 170 toneladas de basura, los agentes tampoco dejan de buscar en el vertedero de Dos Aguas, donde habría llegado el cadáver de la chica de ser cierta la versión del acusado.

NUEVO TESTIMONIO CONTRA EL ACUSADO

Una nueva mujer se ha sumado a los testimonios que narran el ‘modus operandi’ de Jorge Ignacio Palma. Según adelantaba Levante-EMV, una joven de 19 años afirma haber estado con el acusado la misma noche en que desapareció Marta Calvo.

Según su testimonio, el joven contactó con ella a través de Whatsapp para contratar sus servicios sexuales. Además, el detenido insistió en que en dicho encuentro debía haber cocaína.

Entre sus declaraciones destaca el carácter «muy violento» e «insistente» del sospechoso en que fuera ella quien consumiera la droga y se la introdujera tanto en la boca como en los genitales, «mientras que él solo bebía agua».

Dada su insistencia, la joven decidió echarlo de su casa. Todo ello supuestamente ocurría poco antes de que la madrugada del 7 de noviembre, el investigado se citase con Marta Calvo en su casa de Manuel.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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