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El Pleno del Ayuntamiento reclama para València la sede de la fusión de Bankia y Caixabank

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El Pleno del Ayuntamiento ha expresado hoy su «voluntad clara e inequívoca de que la entidad resultante de la fusión de Bankia y Caixabank tenga su sede social, fiscal y operativa de forma definitiva en la ciudad de València», y se ha comprometido “a defender, en consecuencia, tal posición ante las citadas entidades bancarias, así como ante los organismos e instituciones pertinentes y, en particular, ante el Gobierno de España”.

La propuesta de acuerdo inicial había sido presentada por el Grupo Popular y ha sido finalmente aprobada con una enmienda del equipo de gobierno y con el voto de todos los grupos municipales (excepto el de Vox, que se ha abstenido) que reclama que se sitúe en València no solo la sede social, sino también la sede fiscal, además de mantener los puestos de trabajo de las entidades.

Según el acuerdo plenario, el Ayuntamiento instará al Gobierno de España «a sumarse a esta propuesta, y a comprometerse con su consecución, realizando todas las gestiones y medidas que sean precisas para su cumplimiento». Finalmente, el Pleno también ha decidido instar a la entidad bancaria resultante “a adoptar un plan de mantenimiento, recualificación y reubicación de todo el personal afectado por el proceso de fusión, especialmente aquellos de la ciudad de València, así como a mantener e impulsar todavía más sus proyectos de obra social y otros de interés general que se desarrollen en la Comunitat Valenciana y más concretamente en la ciudad de València”.

El acuerdo ha sido defendido por la concejala de Emprendimiento y Empleo, Pilar Bernabé, y el concejal de Innovación, Carlos Galiana, quienes han subrayado “la importancia de reubicar el personal de estas entidades”. La propuesta inicial del PP defendía la «voluntad clara e inequívoca del Ayuntamiento de que la entidad resultante de la fusión de Bankia y Caixabank tenga su sede operativa o, con carácter subsidiario, alguna de sus divisiones administrativas en la ciudad de València». Y su portavoz, María José Català ha agradecido el consenso, mientras que el concejal Rafael Pardo, de Ciudadanos, ha solicitado “que se negocie” y “se le ofrezcan las máximas ventajas posibles a esta entidad para convertir València en su sede operativa”.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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