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El PP advierte a Ribó sobre su voluntad de eliminar la fiesta del patrón de Valencia, San Vicente

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El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, ha advertido al alcalde, Joan Ribó, que antes de tomar ninguna decisión sobre el futuro de la festividad de San Vicente Mártir «debe establecer un amplio consenso social al respecto». Ribó expresó recientementre su voluntad de suprimir la fiesta del patrono de la ciudad, que se celebra este domingo, bajo el pretexto de que esta fecha se encuentra muy cercana al periodo navideño y que los valencianos «la aprovechan muy poco».

Santamaría ha recordado que «es una tradición que los valencianos disfrutan desde hace tiempos inmemoriales» y por lo tanto cualquier cambio necesitaría de «un proceso de diálogo con todos los colectivos implicados, desde los organizadores hasta las asociaciones que participan en la procesión donde el Santo, según la tradición, recibió martirio».

Hasta la fecha, ha recordado el dirigente popular, el alcalde de la ciudad «no está siendo justo con muchos colectivos y ha suprimido la tradición entrada de la Real Senyera a la Catedral de Valencia en la festividad del 9 d’Octubre, entre otras muchas tradiciones que está poniendo en solfa». Es por ello que ha reclamado un espacio para la negociación si realmente se quiere realizar algún cambio sobre la festividad del patrono de la ciudad que es «parte del acervo cultural de los valencianos».

Dado que este año el 22 de enero es domingo la festividad laboral se ha trasladado al 17 de marzo en plena semana fallera por lo que no ha habido debate. Luis Santamaría entiende que hay así una oportunidad de reflexionar durante todo el año para «establecer lo mejor para el futuro de la fiesta entre todas las partes implicadas».

«Si Joan Ribó opta por la imposición», ha explicado el presidente de la gestora, demostrará que «no es un alcalde de todos los valencianos y que muestra cierta fijación en materia religiosa, ya que al margen de la supresión de la entrada de la Real Senyera a la Catedral, también ha suprimido símbolos católicos del Cementerio General y no ha participado en las procesiones de honor al patrón de la ciudad ni en las de la Semana Santa Marinera». Por contra, sí se ha involucrado en cabalgatas como las «reinas magas republicanas sin ninguna raigambre entre los valencianos».

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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