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El PP advierte a Ribó sobre su voluntad de eliminar la fiesta del patrón de Valencia, San Vicente

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El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, ha advertido al alcalde, Joan Ribó, que antes de tomar ninguna decisión sobre el futuro de la festividad de San Vicente Mártir «debe establecer un amplio consenso social al respecto». Ribó expresó recientementre su voluntad de suprimir la fiesta del patrono de la ciudad, que se celebra este domingo, bajo el pretexto de que esta fecha se encuentra muy cercana al periodo navideño y que los valencianos «la aprovechan muy poco».

Santamaría ha recordado que «es una tradición que los valencianos disfrutan desde hace tiempos inmemoriales» y por lo tanto cualquier cambio necesitaría de «un proceso de diálogo con todos los colectivos implicados, desde los organizadores hasta las asociaciones que participan en la procesión donde el Santo, según la tradición, recibió martirio».

Hasta la fecha, ha recordado el dirigente popular, el alcalde de la ciudad «no está siendo justo con muchos colectivos y ha suprimido la tradición entrada de la Real Senyera a la Catedral de Valencia en la festividad del 9 d’Octubre, entre otras muchas tradiciones que está poniendo en solfa». Es por ello que ha reclamado un espacio para la negociación si realmente se quiere realizar algún cambio sobre la festividad del patrono de la ciudad que es «parte del acervo cultural de los valencianos».

Dado que este año el 22 de enero es domingo la festividad laboral se ha trasladado al 17 de marzo en plena semana fallera por lo que no ha habido debate. Luis Santamaría entiende que hay así una oportunidad de reflexionar durante todo el año para «establecer lo mejor para el futuro de la fiesta entre todas las partes implicadas».

«Si Joan Ribó opta por la imposición», ha explicado el presidente de la gestora, demostrará que «no es un alcalde de todos los valencianos y que muestra cierta fijación en materia religiosa, ya que al margen de la supresión de la entrada de la Real Senyera a la Catedral, también ha suprimido símbolos católicos del Cementerio General y no ha participado en las procesiones de honor al patrón de la ciudad ni en las de la Semana Santa Marinera». Por contra, sí se ha involucrado en cabalgatas como las «reinas magas republicanas sin ninguna raigambre entre los valencianos».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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