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El PP advierte a Ribó sobre su voluntad de eliminar la fiesta del patrón de Valencia, San Vicente

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El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, ha advertido al alcalde, Joan Ribó, que antes de tomar ninguna decisión sobre el futuro de la festividad de San Vicente Mártir «debe establecer un amplio consenso social al respecto». Ribó expresó recientementre su voluntad de suprimir la fiesta del patrono de la ciudad, que se celebra este domingo, bajo el pretexto de que esta fecha se encuentra muy cercana al periodo navideño y que los valencianos «la aprovechan muy poco».

Santamaría ha recordado que «es una tradición que los valencianos disfrutan desde hace tiempos inmemoriales» y por lo tanto cualquier cambio necesitaría de «un proceso de diálogo con todos los colectivos implicados, desde los organizadores hasta las asociaciones que participan en la procesión donde el Santo, según la tradición, recibió martirio».

Hasta la fecha, ha recordado el dirigente popular, el alcalde de la ciudad «no está siendo justo con muchos colectivos y ha suprimido la tradición entrada de la Real Senyera a la Catedral de Valencia en la festividad del 9 d’Octubre, entre otras muchas tradiciones que está poniendo en solfa». Es por ello que ha reclamado un espacio para la negociación si realmente se quiere realizar algún cambio sobre la festividad del patrono de la ciudad que es «parte del acervo cultural de los valencianos».

Dado que este año el 22 de enero es domingo la festividad laboral se ha trasladado al 17 de marzo en plena semana fallera por lo que no ha habido debate. Luis Santamaría entiende que hay así una oportunidad de reflexionar durante todo el año para «establecer lo mejor para el futuro de la fiesta entre todas las partes implicadas».

«Si Joan Ribó opta por la imposición», ha explicado el presidente de la gestora, demostrará que «no es un alcalde de todos los valencianos y que muestra cierta fijación en materia religiosa, ya que al margen de la supresión de la entrada de la Real Senyera a la Catedral, también ha suprimido símbolos católicos del Cementerio General y no ha participado en las procesiones de honor al patrón de la ciudad ni en las de la Semana Santa Marinera». Por contra, sí se ha involucrado en cabalgatas como las «reinas magas republicanas sin ninguna raigambre entre los valencianos».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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