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El presidente de fallas de Especial y el de Lo Rat Penat en la lista del PP al Ayuntamiento de València

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VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

La candidata del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de València, María José Català, ha presentado este martes la lista con la que se presenta a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, entre la que aparecen nombres como la diputada en Les Corts, María José Ferrer San Segundo; el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, y la exconcejala durante el gobierno de Rita Barberá, Marta Torrado.

La líder del PP de València ha declarado que se trata de una lista en la que «por primera vez hay una renovación total», puesto que no incluye a ninguno de los actuales ediles imputados, y que reúne a «los mejores perfiles de dentro y fuera del partido». Sobre los independientes a los que incluye, como el empresario y presidente de la Federación de Especial de Fallas, Santiago Ballester, ha señalado que «se trata de gente que ha mostrado una sobrada preparación».

Català también ha señalado que se trata de «la primera lista encabezada por tres mujeres», siendo la tercera de ellas la actual jefa del Servicio de Proyectos Estratégicos de Innovación de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), Paula Llobet, y que es «totalmente paritaria». Entre los candidatos también se incluyen el hijo del fallecido dirigente de Unió Valenciana Vicente González Lizondo y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien cierra la lista.

De esta manera, en los cinco primeros puestos se sitúan, en este orden, Català, San Segundo, Llobet, Ballester y Esteve. Del cinco al diez, completan la lista el empresario Juan Giner; la exconcejala de Bienestar Social Marta Torrado; la exsecretaria autonómica de Cultura y Deportes durante la etapa de Català en la Conselleria Julia Climent; el asesor del grupo ‘popular’ en el consistorio Carlos Mundina, y Vicent Aleixandre.

Entre el puesto diez el quince aparecen los nombres de la abogada Ana María Gil; el empresario Enrique Pardo Belenguer; el hijo del fallecido dirigente de Unió Valenciana, Vicente González Lizondo, a quien Català ha incluido como «símbolo contra el catalanismo»; María Soledad Vivó, y Amparo Navarro Belenguer.

Del quince al veinte, les siguen José Luís Arnau Sánchez, Cristina María Nebot, Josefa Flores, Antonio Carceller Valls e Ignacio Ferrer Cervera. Hasta el número 25 se encuentran Florencia Martín, Guillermo Ibáñez, Lucila María Talens, Jacobo Navarro y Germán Francisco.

En adelante, se incluyen los nombres de María Isabel Hernández Llopis, Martín Quirós Morató, Paula Medina Huerta, Alberto Armero Estruch, José María Martí Molins, María del Cármen Sánchez Martínez, Carlos Herrero Gil y cierra la lista en el puesto 33 el candidato del PP en las elecciones europeas, Esteban González Pons.

Català también ha aprovechado para «agradecer el trabajo realizado en los últimos años» a los ediles imputados de los que ha prescindido, y ha señalado que ha contado con «su apoyo y colaboración desde el primer día». «Por encima de cualquier otra circunstancia, han puesto su experiencia y conocimiento de la ciudad al servicio del nuevo proyecto que el PP tiene para Valencia» ha añadido.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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