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El presidente de los inmunólogos: En Navidad de 2021 estaremos con vacuna y mascarilla

Publicado
hace 4 añosen
Santander, 15 ene (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ve muy difícil predecir cuánto durará la pandemia y cómo se comportará el virus, pero cree que para Navidades de 2021 todavía se seguirá «con vacunación y mascarilla». «Eso en el mejor de los casos», avisa.
De hecho, Marcos López Hoyos, que también es director científico del Idival (Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla), descarta, en una entrevista con EFE, que pueda cumplirse con la previsión del Gobierno central de tener vacunada contra la covid-19 en verano a un 70 por ciento de la población.
Para lograr ese objetivo, según sus cálculos, se tendría que poner la vacuna a un 2 ó 3 por ciento de la población española a la semana, algo más de un millón de personas, y aún se está lejos de lograr ese ritmo.
«Blanco y en botella, yo creo que no (se va a cumplir la previsión). Lo siento, ojalá me equivoque», remarca, tras señalar como uno de los «puntos negros» de esta crisis sanitaria que «no haya habido una preparación ni una logística», y que el ritmo de vacunación haya sido tan desigual.
Afirma que, por lo que se ha visto, no tiene claro que esté definida la logística «en cada comunidad» y «en cada servicio de salud», «porque no ha habido un avance uniforme» en vacunación entre territorios.
«Una vez más yo echo en falta una política única en este sentido», dice el director científico del Idival.
Aunque no quiere «meterse» en decisiones que ve «puramente políticas», sí piensa que «lo ideal» habría sido que con la vacuna se hubiera dado una gestión única.
López Hoyos considera además, como han dicho algunos responsables políticos, que la vacunación «no es un tema de competición entre comunidades, ni entre países», puesto que lo que se está viviendo es una pandemia global.
«Si no solucionamos el tema en todo el mundo, no podremos movernos, Y ese objetivo, mientras no consigamos la vacunación de forma global, no lo vamos a lograr», subraya.
Lo que sí reconoce López Hoyos es que las comunidades y sus servicios de salud «parece que se están poniendo las pilas». «Creo que esa crítica que ha habido en esa lentitud en la aplicación de la vacuna ha sido buena porque todos están corriendo ahora a vacunar», apunta.
A su juicio, aunque la estrategia nacional de vacunación del Consejo Interterritorial de Salud marca cuatro grupos prioritarios, el orden no tiene por qué seguirse de forma estricta.
«Si tienes vacunas no puedes estar esperando a vacunar primero al primer grupo, luego al segundo y luego al tercero, porque al final vas alargando el proceso. Lo que tenemos que hacer es vacunar a esos cuatro grupos de forma casi simultánea y si hay vacunas usarlas, siempre que haya esa reserva», explica.
El presidente de la Sociedad Española de Inmunología insiste en que las vacunas contra la covid-19 son seguras, y señala la respuesta inmunitaria como una de las pocas armas eficaces para combatir el virus.
«La vacuna ha demostrado en los ensayos que es segura. Ya llevamos vacunada en el mundo una cifra que sobrepasa el millón de personas y no hemos oído efectos adversos graves», destaca.
López Hoyos manifiesta también que, sin duda, desde el punto de vista sanitario, un confinamiento sería el camino para bajar la escalada de la curva en España, pero también reconoce el problema que supone el parón económico y que «si no hay dinero la sanidad tampoco funciona».
«Lo que se ha demostrado que para la curva es evitar el contacto social, pero la población lleva un año atípico del todo, respondiendo, siendo responsable y aguantando, y la economía es una factura de la que vamos a tener que hablar», advierte.
También cree que, pese a todo el desconocimiento que hay aún sobre la evolución de este SARS-CoV-2, hay datos y evidencias que invitan a tener cierta esperanza.
Y se refiere a artículos que señalan que quienes han recibido la vacuna de Pfizer producen anticuerpos que son capaces de neutralizar la variante británica del virus.
Y añade que la inmunidad que genera la vacuna es más elevada que la de la infección.
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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