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El Senado se desvincula del asunto Agramunt y cede al PP la decisión sobre su situación política

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MADRID/VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – El Senado por el momento no abrirá una reflexión sobre la sanción impuesta por el Consejo de Estado contra el senador ‘popular’ Pedro Agramunt y se ha desvinculado del asunto, dejándolo en manos del Grupo Popular que está buscando un sustituto para reemplazarlo a finales de junio.

Todo comenzó con una investigación del Consejo que señaló acusaciones de corrupción contra el senador valenciano y otros miembros de la Asamblea de Estrasburgo; además, el informe recomendaba a los parlamentos nacionales que tomaran medidas. Hace unas semanas, el Senado pidió tiempo para que se resolviera el proceso interno abierto en el Consejo contra Agramunt antes de reflexionar sobre este caso.

Ahora, cuando Agramunt ha sido sancionado por el Consejo, el Senado se ha desvinculado de la posibilidad de abrir un debate sobre el caso del senador valenciano y ha atribuido al Grupo Popular la posibilidad de tomar medidas, aunque como en otros casos, el escaño pertenece al propio senador.

En una rueda de prensa este martes, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que este asunto no se ha abordado ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces, alegando que «nadie en absoluto» ha llevado esta cuestión a las reuniones de hoy.

«Desconozco si nos ha llegado algún informe concreto sobre la resolución tomada en la Asamblea del Consejo de Europa», ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, quien ha apuntado a las medidas tomadas en el seno del Grupo Popular.

EL PP BUSCA SUSTITUTO
Agramunt anunció tras su sanción que dejará de ser miembro del Consejo de Europa a finales de junio, una decisión que transmitió en una reunión la pasada semana con la dirección del Grupo Popular en el Senado. El PP ya está trabajando en buscar un sustituto para Agramunt, además de para Xabier García Albiol, que no revalidó su condición de senador en las últimas elecciones catalanas y perderá por tanto el puesto en el Consejo.

Después de conocerse el informe de Estrasburgo, tanto PSOE como Unidos Podemos pidieron el cese de Agramunt del Consejo de Europa y exigieron al PP que lo apartara de su escaño en la Cámara Alta, si bien no han insistido en ello desde que el senador anunció su marcha del Consejo de Europa.

SANCIÓN CONTRA AGRAMUNT
Tras la investigación del Consejo de Europa que apuntaba a actividades corruptas por parte de Agramunt, éste presentó sus alegaciones ante el Comité de Reglas del Consejo que estableció una serie de sanciones.

En concreto, Agramunt fue sancionado por infringir «seriamente» el Código de Conducta siendo inhabilitado durante diez años con desempeñar las labores de observador electoral o ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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