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El Senado se desvincula del asunto Agramunt y cede al PP la decisión sobre su situación política

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MADRID/VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – El Senado por el momento no abrirá una reflexión sobre la sanción impuesta por el Consejo de Estado contra el senador ‘popular’ Pedro Agramunt y se ha desvinculado del asunto, dejándolo en manos del Grupo Popular que está buscando un sustituto para reemplazarlo a finales de junio.

Todo comenzó con una investigación del Consejo que señaló acusaciones de corrupción contra el senador valenciano y otros miembros de la Asamblea de Estrasburgo; además, el informe recomendaba a los parlamentos nacionales que tomaran medidas. Hace unas semanas, el Senado pidió tiempo para que se resolviera el proceso interno abierto en el Consejo contra Agramunt antes de reflexionar sobre este caso.

Ahora, cuando Agramunt ha sido sancionado por el Consejo, el Senado se ha desvinculado de la posibilidad de abrir un debate sobre el caso del senador valenciano y ha atribuido al Grupo Popular la posibilidad de tomar medidas, aunque como en otros casos, el escaño pertenece al propio senador.

En una rueda de prensa este martes, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que este asunto no se ha abordado ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces, alegando que «nadie en absoluto» ha llevado esta cuestión a las reuniones de hoy.

«Desconozco si nos ha llegado algún informe concreto sobre la resolución tomada en la Asamblea del Consejo de Europa», ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, quien ha apuntado a las medidas tomadas en el seno del Grupo Popular.

EL PP BUSCA SUSTITUTO
Agramunt anunció tras su sanción que dejará de ser miembro del Consejo de Europa a finales de junio, una decisión que transmitió en una reunión la pasada semana con la dirección del Grupo Popular en el Senado. El PP ya está trabajando en buscar un sustituto para Agramunt, además de para Xabier García Albiol, que no revalidó su condición de senador en las últimas elecciones catalanas y perderá por tanto el puesto en el Consejo.

Después de conocerse el informe de Estrasburgo, tanto PSOE como Unidos Podemos pidieron el cese de Agramunt del Consejo de Europa y exigieron al PP que lo apartara de su escaño en la Cámara Alta, si bien no han insistido en ello desde que el senador anunció su marcha del Consejo de Europa.

SANCIÓN CONTRA AGRAMUNT
Tras la investigación del Consejo de Europa que apuntaba a actividades corruptas por parte de Agramunt, éste presentó sus alegaciones ante el Comité de Reglas del Consejo que estableció una serie de sanciones.

En concreto, Agramunt fue sancionado por infringir «seriamente» el Código de Conducta siendo inhabilitado durante diez años con desempeñar las labores de observador electoral o ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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