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El Senado se desvincula del asunto Agramunt y cede al PP la decisión sobre su situación política

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MADRID/VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – El Senado por el momento no abrirá una reflexión sobre la sanción impuesta por el Consejo de Estado contra el senador ‘popular’ Pedro Agramunt y se ha desvinculado del asunto, dejándolo en manos del Grupo Popular que está buscando un sustituto para reemplazarlo a finales de junio.

Todo comenzó con una investigación del Consejo que señaló acusaciones de corrupción contra el senador valenciano y otros miembros de la Asamblea de Estrasburgo; además, el informe recomendaba a los parlamentos nacionales que tomaran medidas. Hace unas semanas, el Senado pidió tiempo para que se resolviera el proceso interno abierto en el Consejo contra Agramunt antes de reflexionar sobre este caso.

Ahora, cuando Agramunt ha sido sancionado por el Consejo, el Senado se ha desvinculado de la posibilidad de abrir un debate sobre el caso del senador valenciano y ha atribuido al Grupo Popular la posibilidad de tomar medidas, aunque como en otros casos, el escaño pertenece al propio senador.

En una rueda de prensa este martes, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que este asunto no se ha abordado ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces, alegando que «nadie en absoluto» ha llevado esta cuestión a las reuniones de hoy.

«Desconozco si nos ha llegado algún informe concreto sobre la resolución tomada en la Asamblea del Consejo de Europa», ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, quien ha apuntado a las medidas tomadas en el seno del Grupo Popular.

EL PP BUSCA SUSTITUTO
Agramunt anunció tras su sanción que dejará de ser miembro del Consejo de Europa a finales de junio, una decisión que transmitió en una reunión la pasada semana con la dirección del Grupo Popular en el Senado. El PP ya está trabajando en buscar un sustituto para Agramunt, además de para Xabier García Albiol, que no revalidó su condición de senador en las últimas elecciones catalanas y perderá por tanto el puesto en el Consejo.

Después de conocerse el informe de Estrasburgo, tanto PSOE como Unidos Podemos pidieron el cese de Agramunt del Consejo de Europa y exigieron al PP que lo apartara de su escaño en la Cámara Alta, si bien no han insistido en ello desde que el senador anunció su marcha del Consejo de Europa.

SANCIÓN CONTRA AGRAMUNT
Tras la investigación del Consejo de Europa que apuntaba a actividades corruptas por parte de Agramunt, éste presentó sus alegaciones ante el Comité de Reglas del Consejo que estableció una serie de sanciones.

En concreto, Agramunt fue sancionado por infringir «seriamente» el Código de Conducta siendo inhabilitado durante diez años con desempeñar las labores de observador electoral o ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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