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El Senado se desvincula del asunto Agramunt y cede al PP la decisión sobre su situación política

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MADRID/VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) – El Senado por el momento no abrirá una reflexión sobre la sanción impuesta por el Consejo de Estado contra el senador ‘popular’ Pedro Agramunt y se ha desvinculado del asunto, dejándolo en manos del Grupo Popular que está buscando un sustituto para reemplazarlo a finales de junio.

Todo comenzó con una investigación del Consejo que señaló acusaciones de corrupción contra el senador valenciano y otros miembros de la Asamblea de Estrasburgo; además, el informe recomendaba a los parlamentos nacionales que tomaran medidas. Hace unas semanas, el Senado pidió tiempo para que se resolviera el proceso interno abierto en el Consejo contra Agramunt antes de reflexionar sobre este caso.

Ahora, cuando Agramunt ha sido sancionado por el Consejo, el Senado se ha desvinculado de la posibilidad de abrir un debate sobre el caso del senador valenciano y ha atribuido al Grupo Popular la posibilidad de tomar medidas, aunque como en otros casos, el escaño pertenece al propio senador.

En una rueda de prensa este martes, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha asegurado que este asunto no se ha abordado ni en la reunión de la Mesa ni de la Junta de Portavoces, alegando que «nadie en absoluto» ha llevado esta cuestión a las reuniones de hoy.

«Desconozco si nos ha llegado algún informe concreto sobre la resolución tomada en la Asamblea del Consejo de Europa», ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, quien ha apuntado a las medidas tomadas en el seno del Grupo Popular.

EL PP BUSCA SUSTITUTO
Agramunt anunció tras su sanción que dejará de ser miembro del Consejo de Europa a finales de junio, una decisión que transmitió en una reunión la pasada semana con la dirección del Grupo Popular en el Senado. El PP ya está trabajando en buscar un sustituto para Agramunt, además de para Xabier García Albiol, que no revalidó su condición de senador en las últimas elecciones catalanas y perderá por tanto el puesto en el Consejo.

Después de conocerse el informe de Estrasburgo, tanto PSOE como Unidos Podemos pidieron el cese de Agramunt del Consejo de Europa y exigieron al PP que lo apartara de su escaño en la Cámara Alta, si bien no han insistido en ello desde que el senador anunció su marcha del Consejo de Europa.

SANCIÓN CONTRA AGRAMUNT
Tras la investigación del Consejo de Europa que apuntaba a actividades corruptas por parte de Agramunt, éste presentó sus alegaciones ante el Comité de Reglas del Consejo que estableció una serie de sanciones.

En concreto, Agramunt fue sancionado por infringir «seriamente» el Código de Conducta siendo inhabilitado durante diez años con desempeñar las labores de observador electoral o ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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