Paco Ferrandis

El pasado día 1 de febrero tuvo lugar la reunión entre el Presidente Puig y la Vicepresidenta Santamaría , donde se trató sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El encuentro fue calificado por Ambo como «fructífero» y que transcurrió en un clima de «lealtad institucional» (tal vez para remarcar la diferencia con el clima de «deslealtad constitucional» que se respira en Cataluña ), al tiempo que servir para estudiar cuestiones acordadas en la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos .

Precisamente, fue la finalización de dicha Conferencia (a la que no asistieron las máximas autoridades de Cataluña y Euskadi , dado que quieren comer aparte ) donde se constató que el eje del debate no iría en la dirección de acabar con las injusticias que provoca el actual sistema de financiación, fundamentalmente hacia la Comunidad Valenciana en cuanto que es la única con una renta per cápita inferior a la media estatal que debe aportar recursos a otras comunidades con un nivel de renta superior. No, el debate que transcedir a la opinión pública fue el iniciado por la Presidenta de Andalucía Susana Díaz , en cuanto a la necesidad de fijar unos límites a la potestad impositiva de las comunidades autónomas, a fin de evitar el dumping tributario.

Como no, el guante fue recogido por la Presidenta madrileña Cristina Cifuentes que, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación con sede en Madrid , se dedicó a alabar las virtudes del sistema tributario de la capital de España , pasando por alto el gran privilegio que supone para esa comunidad tener en su territorio la capitalidad del Estado (sede de Ministerios, medios de comunicación, empresas más importantes, museos y servicios culturales, aeropuerto como plataforma intercontinental, con un sistema estatal de comunicaciones que confluyen en la capital …).

La preeminencia mediática del debate político entre las dirigentes de Andalucía y Madrid y la negativa del Gobierno a establecer la retroactividad del nuevo sistema de financiación en el año 2014, fueron el toque de alerta sobre la imposición de la dura realidad al juego político, donde la prioridad no pasa por los climas de «lealtad institucional» y la lucha heroica contra las desigualdades y las injusticias sociales. No, en política el primer objetivo es la conquista y el posterior mantenimiento del poder. Y, como sucede en la etapa actual del sistema político español -donde el Gobierno no dispone de una mayoría absoluta- lo que es prioritario pasa por atender las exigencias de las fuerzas políticas capaces de prestar su apoyo para gobernar, o de aquellas que plantean retos poderosos a la integridad del territorio español.

En ese sentido, Ciudadanos y Coalición Canaria ya votaron a favor de la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, lo que fue posible con la abstención de un PSOE que se había deshecho de Pedro Sánchez y era controlado por la andaluza Susana Díaz. Como hemos dicho antes, el PNV desea establecer unas relaciones bilaterales con el Gobierno, al tiempo que se deja querer cuando se trata de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Es claro que los apoyos de unos y otros se deberá pagar con inversiones y privilegios hacia los territorios correspondientes. Además, habrá que hacer partícipes de esas inversiones y privilegios a las fuerzas soberanistas catalanas, porque desisten del despliegue del «proceso» hacia la independencia (más virtual que real). El nombramiento de Dolors Montserrat como cuota catalana en el Gobierno central y la apertura a Barcelona del palacete-residencia de la Virreina Soraya , son gestos que avanzan la predisposición de Madrid para contentar el Gobierno rebeldes de Cataluña.

En dicha reunión con Soraya Sáenz de Santamaría, Ximo Puig le trasladó la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado tuvieran sensibilidad con la Comunidad Valenciana y con los déficits acumulados durante años. No obstante, la correlación de fuerzas políticas nos lleva hacia un nuevo sistema de financiación similar al vigente, que fue aprobado por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ; es decir, una financiación favorable en Canarias (por el apoyo de Coalición Canaria), Andalucía (por los servicios prestados por Susana Díaz en la investidura de Rajoy) y Cataluña (para intentar la neutralización del «proceso»). Y no hablemos de Euskadi porque funciona de maravilla con el concierto económico.

Llegados a este punto, resulta manifiesta la incapacidad negociadora de las fuerzas firmantes del Acuerdo del Botánico que, aferradas al dogma fusteriano, tan sólo podrán ver como pasa delante de sus narices un nuevo sistema de financiación autonómica que, una vez más, sacrificará buena parte de los bienes de los valencianos para dar satisfacción a los intereses de los pueblos canario, andaluz, vasco y catalán. Quien no conoce la idiosincrasia del nacionalismo valenciano se sorprende al observar que los cuatro diputados de Compromís no se hagan valer a la hora de condicionar el sentido de las leyes aprobadas por el Congreso , hacia una mejora de las condiciones de vida del pueblo valenciano, así como para participar en el diseño de la nueva planta del sistema constitucional español.

Mas, como » lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible «, sólo la mejora de la economía, por la salida de la crisis, podrá mitigar los efectos nefandos del nuevo-viejo sistema de financiación. Eso sí, nos dejaremos las fuerzas denunciando las desigualdades y las injusticias sociales y, sobre todo, continuaremos hablando de la corrupción … De pena!