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Valencia

El Supremo confirma que la Generalitat debe pagar la multa de 19 millones de la UE por manipular el déficit

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La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2016, de repercutir a dicha comunidad la responsabilidad exclusiva del pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta a España por el Consejo de la UE el 13 de julio de 2015 por manipulación de los datos del déficit en la Comunidad Valenciana.

El Supremo considera ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunidad Valenciana por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y estableció la repercusión a dicha Comunidad del pago de la multa de 18.93 millones de euros, que España abonó en la cuenta habilitada por la Comisión Europea en fecha 28 de enero de 2016, añadiendo a dicho importe la cantidad de 57.567 euros en concepto de intereses compensatorios de los costes financieros que se han devengado desde el pago efectuado por España hasta el Acuerdo del Consejo de Ministros.

La Sala hace suyas las conclusiones del Informe de la Comisión Europea sobre el asunto, que pusieron de manifiesto el papel clave de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en las graves irregularidades en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad de la Comunidad Valenciana y en el consiguiente incumplimiento de la obligación de notificar a Eurostat los datos anuales de déficit y de deuda con observancia de las normas y procedimientos estadísticos europeos (Sistema Europeo de Cuentas, SEC), “sin que la actuación de otras entidades e instituciones haya sido relevante en la manipulación de las cuentas de la sanidad de la Generalitat Valenciana”.

Los resultados de la investigación se recogieron en ese minucioso y exhaustivo Informe de la Comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, en el que se hacía una descripción detallada de las circunstancias en las que, en 2012, se hizo una corrección del déficit público en España de 1.900 millones de euros, en relación con el gasto público en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat Valenciana, en su recurso, sostenía que el Gobierno de la nación era directamente responsable porque el problema del gasto sanitario en la Comunidad Valenciana era vox populi en España desde mucho tiempo atrás, y se hallaba documentado en informes y en datos públicos, pero pese a ello, las autoridades nacionales no pusieron remedio a esta situación, sin que la Administración del Estado, que remitió los datos a Eurostat, pudiera razonablemente desconocer la existencia del problema e ignorar que los datos comunicados en abril de 2012 eran incorrectos.

El informe de la Comisión, ahora asumido por el Supremo, llegó a la conclusión, sin embargo, de que la Intervención General de la Generalitat Valenciana “se mostró gravemente negligente en lo que concierte a la ausencia de registro de gastos en las cuentas nacionales”. La sentencia indica que dicha Intervención General está integrada en la Administración de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto 72/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, que señala que la Intervención General “está adscrita orgánicamente a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo”, y ejerce las funciones establecidas en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y, en concreto, “el control de todos los actos de la administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y de la recaudación, inversión o aplicación en general de sus caudales, con el fin de asegurar que la administración de su hacienda se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.”

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Valencia

La jueza de la dana defiende la actuación de Feijóo: «Si hubiera considerado mala la gestión de Mazón, lo habría cesado al momento»

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El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. - EUROPA PRESS - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 volvió a estar marcada por la tensión en la sala y por un intenso cruce de argumentos entre las partes. Durante la comparecencia, la magistrada realizó una afirmación clave al señalar que, si Feijóo hubiera considerado que Carlos Mazón realizó una mala gestión, lo habría cesado de inmediato, algo que no ocurrió hasta un año después.


Una comparecencia tensa y llena de interrupciones

La declaración, realizada por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, se vio interrumpida en numerosas ocasiones por protestas de varios letrados, que cuestionaban la pertinencia de determinadas preguntas por considerarlas prospectivas o carentes de interés directo para la causa.

La jueza mantuvo varios enfrentamientos dialécticos, especialmente con la defensa de Emilio Argüeso, en una sesión que volvió a evidenciar el clima de confrontación procesal que rodea a la investigación judicial de la dana.


Feijóo: “No supe de la dana hasta pasadas las 20 horas”

Durante su testimonio, Feijóo afirmó que no tuvo conocimiento de la gravedad de la riada hasta aproximadamente las 20 horas del día 29 de octubre. Aclaró que Carlos Mazón no le informó en tiempo real durante la jornada, corrigiendo así unas declaraciones previas que atribuyó a un error.

El presidente del Partido Popular explicó que cuando habló de información “en tiempo real” se refería a los días posteriores, martes y miércoles, y no al mismo día de la riada. Subrayó que no recibió información alguna de Mazón el día 29, ni tampoco la solicitó, ya que desde el Gobierno central no se trasladó ninguna alerta al Congreso que le permitiera calibrar la magnitud de lo que estaba ocurriendo.


Los mensajes con Mazón y el desconocimiento del Cecopi

Feijóo detalló que comenzó a intercambiar mensajes con Mazón a las 19:59 horas, manteniendo hasta medianoche 27 comunicaciones. En ese momento, según declaró, no sabía que existía un Cecopi ni que estuviera en funcionamiento, y no mantuvo contacto con ningún otro miembro del Gobierno autonómico.

A preguntas de la jueza, reconoció que desconocía dónde se encontraba Mazón cuando comenzaron a hablar y que tampoco sabía de su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. Aun así, señaló que por el contenido de los mensajes le pareció que el expresident estaba informado, ya que incluso le advirtió de que la noche iba a ser “larga”.

La primera referencia a fallecidos la recibió a las 23:25 horas, cuando Mazón le habló de muertos en Utiel.


Emergencia nacional y críticas al papel del Gobierno central

Feijóo sostuvo ante la magistrada que la situación vivida en la Comunitat Valenciana constituía un “supuesto clarísimo de emergencia nacional”, por lo que, a su juicio, debió asumirla el Ministerio del Interior. Al no declararse esa emergencia, añadió, la responsabilidad habría recaído en la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

La jueza le recordó que la titularidad del Plan Especial de Inundaciones corresponde a la consellera, puntualización que marcó uno de los momentos clave del interrogatorio.


Las preguntas de Manolo Mata y la reflexión de la jueza

El abogado Manolo Mata, exsíndic del PSPV y representante de Acció Cultural del País Valencià, centró parte de su interrogatorio en la actuación de Feijóo durante las inundaciones de Galicia en 2013, así como en otros episodios de su trayectoria política.

Fue a raíz de estas preguntas cuando la jueza realizó la afirmación más contundente de la sesión:

«Si el testigo hubiera considerado que Mazón hizo una mala gestión, lo habría cesado al momento».

La magistrada subrayó que ese cese no se produjo hasta un año después, lo que, a su juicio, resulta relevante para valorar la cadena de responsabilidades.


Remodelación del Consell y dimisión de Mazón

Feijóo confirmó que Mazón le comunicó su intención de remodelar el Consell, con ceses que afectarían a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a la titular de Industria y Turismo. Aseguró que no le explicó los motivos y que él tampoco se los pidió.

Sobre la dimisión de Mazón, relató que tras el funeral de Estado le pidió centrarse en la reconstrucción y aprobar los presupuestos. Posteriormente, el propio Mazón le informó de su decisión de dimitir, sin que Feijóo le diera indicaciones ni recomendaciones.


Una causa aún abierta y cargada de implicaciones políticas

La comparecencia de Feijóo vuelve a poner de manifiesto la complejidad política y jurídica de la causa de la dana, con reproches cruzados, responsabilidades aún por delimitar y un procedimiento que continúa avanzando entre declaraciones clave y un fuerte impacto social.

 

Así es Nuria Ruiz Torraba, la jueza encargada de la investigación de la DANA

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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