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Valencia

El TSJ envía al juzgado la causa por blanqueo que sobreseyó a Domínguez tras pedirlo el fiscal

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VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 18, que instruye dentro del caso Taula el conocido como ‘pitufeo’ en el grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de València, la causa por blanqueo que en su día sobreseyó provisionalmente al exconcejal del PP Miquel Domínguez.

El alto tribunal ha tomado esta decisión, después de que así lo solicitara Fiscalía Anticorrupción, debido a que Domínguez ya no es diputado en Les Corts y por tanto ha perdido su condición de aforado, según han informado fuentes jurídicas.

Esta decisión se produce después de que a mediados del pasado mes de mayo la Fiscalía Anticorrupción solicitara el traslado de esta causa que sobreseyó en su día la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV al considerar que no había suficientes elementos de prueba para actuar contra Domínguez.

Sin embargo, en estos momentos, cuando el caso Taula afronta la recta final de la instrucción en el Juzgado número 18, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce considera que sí que existen ya esos elementos probatorios que permitirían la reapertura de la investigación archivada de forma provisional.

Por lo tanto, ahora el Ministerio Público tendrá que solicitar, si así lo considera, que Domínguez –que pasó del PP al grupo de No Adscritos y ahora ya no es aforado– sea considerado como investigado por este juzgado.

El TSJCV optó por el sobreseimiento provisional (cabía, por tanto, la reapertura) y no por el sobreseimiento libre (archivo definitivo) porque consideraba que los hechos descritos en la exposición razonada elevada por el instructor del ‘caso Imelsa’ tenían apariencia delictiva y no existía certeza de la inexistencia del hecho investigado.

Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podía reabrirse si aparecían nuevos elementos que desvirtuasen las razones en las que se basaba el archivo. El fiscal Anticorrupción remitió su escrito de petición de traslado de la causa al alto tribunal al entender que existen ya elementos suficientes de prueba, y cabe su vuelta al Juzgado.

LOS INDICIOS CONTRA DOMÍNGUEZ
La causa contra Domínguez tiene su origen en la exposición razonada que el juez del caso Imelsa –en una pieza separada– elevó en su día al TSJCV y en la que entendía que, habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros en las elecciones de 2015 por el que están investigados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores del grupo ‘popular’ dirigido por Rita Barberá en el Ayuntamiento, hubiera sido «incoherente» que el alto tribunal no lo investigara a él también.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afectaba a la exalcaldesa y senadora fallecida. En el caso de la ex primera edil, el TS se vio obligado a archivar la causa al darse por extinguida su responsabilidad penal con su fallecimiento.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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