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El TSJCV anula el presupuesto de À Punt de 2017

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VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del Consell que en febrero de 2017 aprobó el presupuesto para ese año de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació al haber sido dictado por un órgano carente de competencia para ello, de acuerdo con el artículo 41.1.b de la Ley 39/2015, que establece que deben ser Les Corts las que lo hagan.

Así consta en una sentencia de la sala de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el TSJCV estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los diputados del PP Rubén Ibáñez y Jorge Bellver, contra el acuerdo de 24 de febrero de 2017 del Consell de aprobación del presupuesto de ese año para la CVMC, que se publicó en el DOCV el 22 de marzo. La sentencia, contra la que cabe recurso, impone las costas a la Generalitat, con un límite de 1.200 euros.

Los parlamentarios ‘populares’ habían alegado que el acuerdo era nulo de pleno derecho al haberlo aprobado el Consell y no Les Corts, mientras que la Generalitat se opuso con un doble argumento: falta de legitimación activa de los diputados para recurrir y que una disposición de la Ley 14/2016 habilitaba al Consell para dar luz verde a esas cuentas.

Así, argumentaba que al haber entrado en vigor en julio de 2016 la ley 6/2016 del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, y constituido el Consejo Rector en octubre de ese año, no fue posible la aprobación por este órgano del anteproyecto de presupuestos de la CVMC de 2017 según las previsiones legislativas, por lo que se hizo uso de la autorización contemplada en esa disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2016 de Presupuestos para 2017.

En su resolución, en primer lugar, la sala inadmite el primero de los recursos y señala que los recurrentes son dos diputados de la cámara autonómica y miembros de un grupo político que presentan un recurso dirigido a impugnar un acto cuya aprobación por el órgano colegiado de Gobierno de la Generalitat y no por Les Corts «se ha podido traducir en la privación del derecho de los recurrentes como diputados y miembros de un grupo político a intervenir en el indicado procedimiento legislativo autonómico en lo tocante a la Corporación» y la naturaleza de la controversia planteada puede afectar al núcleo de atribuciones de los diputados.

En segundo, la sala pasa a examinar si cabría esa autorización alegada por la Generalitat y a analizar si realmente la CVMC inició su actividad en el año 2017, que sería el primero de los presupuestos previstos en esa habilitación en la que se fundamentaría la competencia del Consell. Al respecto, sostiene que no se puede asumir la interpretación de esta parte que identifica el inicio de la actividad del ente a lo largo de 2017 con la prestación efectiva del servicio público audiovisual, y alude a la prueba documental para apuntar que en octubre de 2016 ya se publicó el nombramiento del presidente del Consejo Rector.

26,5 MILLONES EN 2016
Desde esa fecha, hace un repaso a la actividad desarrollada, incluyendo adjudicación de contratos y que el 16 de diciembre de 2016 se aprobó el presupuesto de la corporación para ese mismo ejercicio, por importe de 26,5 millones de euros. «En definitiva, la Corporación se crea e inicia su actividad durante 2016, como lo demuestra que tuvo a su disposición 26.500.000 euros para su desarrollo efectivo», añade.

Por este motivo, por no concurrir el presupuesto previsto en la habilitación legislativa examinado, la sala considera que el acuerdo «adolece del vicio de nulidad absoluta» recogido en el artículo 47.1.b de la ley 39/2015 «al ser dictado por un órgano que carece de competencia para ello, una falta de competencia que como exige el precepto, debe reputarse ostensible, manifiesta, comportando una gravedad relevante para el interés público, por lo que debe proceder la declaración de nulidad absoluta pretendida».

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Un valenciano de 52 años, entre los presos liberados en Venezuela tras un año encarcelado

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Ernesto Gorbe Cardona, natural de València, permanecía detenido en la prisión de El Rodeo (Caracas) acusado de tener la visa vencida. Su liberación se enmarca en una excarcelación colectiva anunciada por el Parlamento venezolano.

Un ciudadano valenciano figura entre las personas excarceladas en Venezuela en las últimas horas. Se trata de Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años y nacido en València, quien llevaba aproximadamente un año detenido en la prisión de El Rodeo, en Caracas, junto a otros ciudadanos hispano-venezolanos con doble nacionalidad.

Gorbe Cardona fue arrestado por las autoridades venezolanas bajo la acusación de irregularidades administrativas relacionadas con la caducidad de su visado, según fuentes cercanas al caso. Su nombre aparece ahora en la lista de personas liberadas dentro de un proceso anunciado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

El dirigente chavista informó de la liberación de un “número importante” de presos, entre los que se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, aunque no precisó cifras concretas. Según explicó, la medida responde a un gesto político orientado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

La excarcelación se produce en un contexto de presión internacional y movilizaciones ciudadanas, como las concentraciones recientes en varias ciudades españolas donde decenas de personas reclamaron “libertad para Venezuela” y la liberación de presos considerados arbitrarios.

El anuncio ha generado expectación entre familiares y organizaciones de derechos humanos, que esperan que este proceso suponga un primer paso hacia nuevas liberaciones y una mejora de la situación de los detenidos extranjeros en el país sudamericano.

 

Vuelos a Venezuela siguen suspendidos

Mientras tanto, las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra han decidido prolongar la suspensión de vuelos a Caracas hasta finales de enero, siguiendo las recomendaciones de seguridad de la AESA y organismos internacionales.

La situación política y militar en Venezuela, sumada a la operación estadounidense y la captura de Maduro, ha elevado los riesgos en el espacio aéreo, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga y comercio entre España y Venezuela.


Gobierno venezolano y presidencia interina

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez ha sido nombrada presidenta interina, aunque su mandato se enfrenta a un escenario incierto debido a la intervención estadounidense y la presión internacional.

Expertos internacionales recomiendan evitar viajar a Venezuela hasta que la situación política se estabilice y las aerolíneas vuelvan a operar con normalidad.

 

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