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El TSJCV anula el presupuesto de À Punt de 2017

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VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del Consell que en febrero de 2017 aprobó el presupuesto para ese año de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació al haber sido dictado por un órgano carente de competencia para ello, de acuerdo con el artículo 41.1.b de la Ley 39/2015, que establece que deben ser Les Corts las que lo hagan.

Así consta en una sentencia de la sala de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el TSJCV estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los diputados del PP Rubén Ibáñez y Jorge Bellver, contra el acuerdo de 24 de febrero de 2017 del Consell de aprobación del presupuesto de ese año para la CVMC, que se publicó en el DOCV el 22 de marzo. La sentencia, contra la que cabe recurso, impone las costas a la Generalitat, con un límite de 1.200 euros.

Los parlamentarios ‘populares’ habían alegado que el acuerdo era nulo de pleno derecho al haberlo aprobado el Consell y no Les Corts, mientras que la Generalitat se opuso con un doble argumento: falta de legitimación activa de los diputados para recurrir y que una disposición de la Ley 14/2016 habilitaba al Consell para dar luz verde a esas cuentas.

Así, argumentaba que al haber entrado en vigor en julio de 2016 la ley 6/2016 del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, y constituido el Consejo Rector en octubre de ese año, no fue posible la aprobación por este órgano del anteproyecto de presupuestos de la CVMC de 2017 según las previsiones legislativas, por lo que se hizo uso de la autorización contemplada en esa disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2016 de Presupuestos para 2017.

En su resolución, en primer lugar, la sala inadmite el primero de los recursos y señala que los recurrentes son dos diputados de la cámara autonómica y miembros de un grupo político que presentan un recurso dirigido a impugnar un acto cuya aprobación por el órgano colegiado de Gobierno de la Generalitat y no por Les Corts «se ha podido traducir en la privación del derecho de los recurrentes como diputados y miembros de un grupo político a intervenir en el indicado procedimiento legislativo autonómico en lo tocante a la Corporación» y la naturaleza de la controversia planteada puede afectar al núcleo de atribuciones de los diputados.

En segundo, la sala pasa a examinar si cabría esa autorización alegada por la Generalitat y a analizar si realmente la CVMC inició su actividad en el año 2017, que sería el primero de los presupuestos previstos en esa habilitación en la que se fundamentaría la competencia del Consell. Al respecto, sostiene que no se puede asumir la interpretación de esta parte que identifica el inicio de la actividad del ente a lo largo de 2017 con la prestación efectiva del servicio público audiovisual, y alude a la prueba documental para apuntar que en octubre de 2016 ya se publicó el nombramiento del presidente del Consejo Rector.

26,5 MILLONES EN 2016
Desde esa fecha, hace un repaso a la actividad desarrollada, incluyendo adjudicación de contratos y que el 16 de diciembre de 2016 se aprobó el presupuesto de la corporación para ese mismo ejercicio, por importe de 26,5 millones de euros. «En definitiva, la Corporación se crea e inicia su actividad durante 2016, como lo demuestra que tuvo a su disposición 26.500.000 euros para su desarrollo efectivo», añade.

Por este motivo, por no concurrir el presupuesto previsto en la habilitación legislativa examinado, la sala considera que el acuerdo «adolece del vicio de nulidad absoluta» recogido en el artículo 47.1.b de la ley 39/2015 «al ser dictado por un órgano que carece de competencia para ello, una falta de competencia que como exige el precepto, debe reputarse ostensible, manifiesta, comportando una gravedad relevante para el interés público, por lo que debe proceder la declaración de nulidad absoluta pretendida».

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Primer informe sobre la posible causa del accidente de trenes en Adamuz

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La Comisión de Accidentes cree que la vía estaba partida antes del descarrilamiento del tren en Adamuz

La investigación sobre el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales, avanza con nuevos indicios que apuntan directamente al estado de la infraestructura. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que la vía podría haberse fracturado antes del paso del tren Iryo siniestrado, lo que refuerza la hipótesis de un fallo previo en el carril como posible causa del descarrilamiento.

Según los primeros avances oficiales hechos públicos este viernes por el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, “la fractura del carril se habría producido con anterioridad al paso del tren y, por tanto, antes del descarrilamiento”, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Marcas en las ruedas y en trenes anteriores

La investigación se centra ahora casi exclusivamente en el estado de la vía a la altura del kilómetro 318. Las muescas detectadas en los bogies de los primeros vagones del Iryo, así como en otros trenes que circularon previamente por el mismo tramo, refuerzan la tesis de un deterioro progresivo del carril que pudo agravarse con el paso de los convoyes.

Los técnicos analizan si la rotura fue la causa directa del accidente o si existían microrroturas previas que no fueron detectadas a tiempo.

Las 45 víctimas murieron en el acto

La Junta de Andalucía ha confirmado que el operativo de búsqueda ha concluido tras la identificación de todos los cuerpos y ha subrayado que las 45 víctimas fallecieron en el acto, descartando que ninguna muriera mientras esperaba asistencia sanitaria.

Asimismo, el Gobierno central y la administración autonómica han reconocido que los primeros equipos de Emergencias y Guardia Civil desplazados a la zona no eran conscientes de que había un segundo tren implicado en el siniestro durante las primeras horas.

Pedro Sánchez asume la responsabilidad

En una comparecencia tras la reunión de líderes de la Unión Europea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió “toda la responsabilidad” por el accidente y prometió transparencia total en la investigación.

“El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno. Desde el primer minuto vamos a responder como hemos hecho en todas las crisis”, afirmó visiblemente afectado, agradeciendo también la labor de los servicios públicos y de los ciudadanos que ayudaron tras la tragedia.

Reacciones políticas y desmentidos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este viernes a su equipo en Génova para analizar lo que ha calificado como una “crisis ferroviaria”, tras lo que comparecerá ante los medios.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desmentido informaciones que hablaban del abandono de trenes auscultadores destinados a detectar microrroturas en la vía. Ha asegurado que varios de estos convoyes ya están operativos o en proceso de calibración, y que otro estará en funcionamiento a finales de año.

Nuevas incidencias ferroviarias

A la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía se suma la interrupción del servicio ferroviario entre Córdoba y Linares-Baeza, debido a la caída de un muro de contención por la acumulación de agua. Renfe ha habilitado transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados.

La investigación continúa mientras se analizan los restos de la vía y los trenes implicados, en un accidente que ya se sitúa entre los más graves de la historia reciente del ferrocarril en España.

 

 

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