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El TSJCV anula el presupuesto de À Punt de 2017

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VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del Consell que en febrero de 2017 aprobó el presupuesto para ese año de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació al haber sido dictado por un órgano carente de competencia para ello, de acuerdo con el artículo 41.1.b de la Ley 39/2015, que establece que deben ser Les Corts las que lo hagan.

Así consta en una sentencia de la sala de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el TSJCV estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los diputados del PP Rubén Ibáñez y Jorge Bellver, contra el acuerdo de 24 de febrero de 2017 del Consell de aprobación del presupuesto de ese año para la CVMC, que se publicó en el DOCV el 22 de marzo. La sentencia, contra la que cabe recurso, impone las costas a la Generalitat, con un límite de 1.200 euros.

Los parlamentarios ‘populares’ habían alegado que el acuerdo era nulo de pleno derecho al haberlo aprobado el Consell y no Les Corts, mientras que la Generalitat se opuso con un doble argumento: falta de legitimación activa de los diputados para recurrir y que una disposición de la Ley 14/2016 habilitaba al Consell para dar luz verde a esas cuentas.

Así, argumentaba que al haber entrado en vigor en julio de 2016 la ley 6/2016 del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, y constituido el Consejo Rector en octubre de ese año, no fue posible la aprobación por este órgano del anteproyecto de presupuestos de la CVMC de 2017 según las previsiones legislativas, por lo que se hizo uso de la autorización contemplada en esa disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2016 de Presupuestos para 2017.

En su resolución, en primer lugar, la sala inadmite el primero de los recursos y señala que los recurrentes son dos diputados de la cámara autonómica y miembros de un grupo político que presentan un recurso dirigido a impugnar un acto cuya aprobación por el órgano colegiado de Gobierno de la Generalitat y no por Les Corts «se ha podido traducir en la privación del derecho de los recurrentes como diputados y miembros de un grupo político a intervenir en el indicado procedimiento legislativo autonómico en lo tocante a la Corporación» y la naturaleza de la controversia planteada puede afectar al núcleo de atribuciones de los diputados.

En segundo, la sala pasa a examinar si cabría esa autorización alegada por la Generalitat y a analizar si realmente la CVMC inició su actividad en el año 2017, que sería el primero de los presupuestos previstos en esa habilitación en la que se fundamentaría la competencia del Consell. Al respecto, sostiene que no se puede asumir la interpretación de esta parte que identifica el inicio de la actividad del ente a lo largo de 2017 con la prestación efectiva del servicio público audiovisual, y alude a la prueba documental para apuntar que en octubre de 2016 ya se publicó el nombramiento del presidente del Consejo Rector.

26,5 MILLONES EN 2016
Desde esa fecha, hace un repaso a la actividad desarrollada, incluyendo adjudicación de contratos y que el 16 de diciembre de 2016 se aprobó el presupuesto de la corporación para ese mismo ejercicio, por importe de 26,5 millones de euros. «En definitiva, la Corporación se crea e inicia su actividad durante 2016, como lo demuestra que tuvo a su disposición 26.500.000 euros para su desarrollo efectivo», añade.

Por este motivo, por no concurrir el presupuesto previsto en la habilitación legislativa examinado, la sala considera que el acuerdo «adolece del vicio de nulidad absoluta» recogido en el artículo 47.1.b de la ley 39/2015 «al ser dictado por un órgano que carece de competencia para ello, una falta de competencia que como exige el precepto, debe reputarse ostensible, manifiesta, comportando una gravedad relevante para el interés público, por lo que debe proceder la declaración de nulidad absoluta pretendida».

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Los maquinistas convocan una huelga general: estos son los días de paro

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huelga maquinistas
Los maquinistas convocan una huelga general: estos son los días de paro

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) –

Convocatoria de huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».

Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es «la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril».

Alcance de los paros en el sector ferroviario

La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros.

Además, desde el sindicato han afirmado que han iniciado todos los procesos legales correspondientes para la tramitación de la huelga en las distintas empresas que componen el sector ferroviario.

 Accidentes de Adamuz y Gelida como punto de inflexión

«Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida, ambos con varias víctimas mortales, suponen un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria», han indicado desde Semaf.

Denuncias sobre el mal estado de las vías

Así, han pedido empezar las actuaciones por atender los «numerosos» partes y notificaciones que los profesionales remiten a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, en lugar de dejarlos «sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años».

Analizan medidas legales tras difusión de conversaciones del maquinista

Además, han calificado de «inadmisible» la difusión «sesgada» de las conversaciones del maquinista afectado en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, siendo este último, Adif, quien debe «garantizar su custodia y protección».

«Se estudiarán las opciones legales para reclamar la investigación judicial de dicha filtración», han afirmado al respecto.

Desde el sindicato de maquinistas han destacado la «ejemplar» actuación de los profesionales involucrados en este accidente, siendo «impecable y efectiva» dada la situación que se vivía en ese «trágico escenario».

Protocolos de prevención ante emergencias meteorológicas

En relación al accidente mortal de Gelida, desde Semaf han indicado que es «imprescindible» establecer protocolos de prevención en la operación ferroviaria ante emergencias meteorológicas, especialmente en aquellos puntos con antecedentes de accidentes.

«En estos tramos, cada vez que se producen temporales se desprenden numerosos elementos sobre las vías –muros, rocas, árboles–, una circunstancia que podría evitarse mediante planes preventivos adecuados», han expuesto.

Reclamación de responsabilidades penales

Al margen de la huelga, el sindicato ha reclamado «responsabilidades penales» a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, ante los fallecimientos ocurridos y la continua desatención de los reportes de los maquinistas que alertan de diversas deficiencias.

 

Adif rectifica y vuelve a limitar a 160 km/h la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona

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