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El TSJCV avala la denominación oficial en valenciano del topónimo de la ciudad de València

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VALÈNCIA, 23 Jul. – La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso interpuesto en su día por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València contra el cambio de la denominación oficial de la ciudad exclusivamente en valenciano. La resolución judicial considera que el cambio del topónimo –de Valencia a València– se hizo respetando la normativa y con informes que lo justificaban.

De esta manera, el fallo, fechado el 10 de julio y consultado por Europa Press, desestima el recurso que presentaron los ‘populares’ contra el decreto del Consell mediante el cual se aprobó el cambio de denominación de la ciudad a la forma exclusiva en valenciano y el posterior acuerdo que rechazó el recurso de reposición que interpusieron en un primer momento los demandantes.

Los concejales del PP alegaban, entre otras cuestiones, que la instrucción del expediente se había hecho sin informe técnico municipal antes del trámite de exposición al público o que se habían omitido informes de particulares o entidades con autoridad sobre la materia. La Abogacía de la Generalitat, por su parte, defendió que no se había producido ninguna irregularidad formal, al igual que el Ayuntamiento, que sostuvo que durante el trámite no hubo nada «invalidante».

En la sentencia, la sala sostiene que «los defectos en la tramitación del procedimiento expuestos en el escrito de demanda no constituyen en ningún caso defectos que supongan que la administración local haya prescindido total y absolutamente de los trámites del procedimiento exigidos en el Decreto 58/1992».

«Nos encontramos –precisa– ante un expediente de alteración del nombre del municipio de Valencia, iniciado mediante Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, adoptado con informe de Secretaria y con el quórum exigido en el artículo 47.2 de la ley 7/85 y en la instrucción del expediente».

Aseguran los magistrados que «existen informes que justifican razonadamente el cambio de nombre que se propone, con exposición al público por plazo de un mes y con resolución de las reclamaciones presentadas, también con los correspondientes informes y con el quórum exigido legalmente, por lo que procede, sin necesidad de más pronunciamiento la desestimación del recurso».

Sobre este asunto se ha pronunciado el alcalde de València, Joan Ribó, que ha celebrado que la sentencia «avala, como no podía ser de otro modo, que el nombre de nuestra ciudad también se puede decir en valenciano».

«TODA LA LEGITIMIDAD»
«Ahora los tribunales nos dicen que ese topónimo, el de València, tiene toda la legitimidad, y que el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente la ley a la hora de adecuar el nombre de la ciudad al valenciano», ha aseverado.

El primer edil ha recordado que la decisión adoptada en su momento por el consistorio «cumple el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que dice que tenemos dos lenguas oficiales, el castellano y el valenciano, y que hay que cuidar especialmente del valenciano por ser la lengua propia y la más débil». «Un patrimonio que es de todos y todas, independientemente de la lengua que hablemos en casa», ha apostillado.

En esta línea, Ribó ha subrayado que «estamos cumpliendo con el acuerdo plenario del Ayuntamiento que, por unanimidad, aprobó el Reglamento de uso y normalización del valenciano».

«Todos los grupos políticos llegaron a un consenso en 1996 que ahora el PP quería romper. En ese reglamento, ya se indicaba que la toponimia en valenciano es la histórica y propia de esta ciudad. De hecho, en el año 2009, todos los grupos políticos del Ayuntamiento, ya aprobaron que el logotipo del Ayuntamiento sería en valenciano, como muestra de orgullo de nuestra singularidad», ha agregado.

Por último, ha hecho notar que también se respeta lo dictado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), «órgano incluido en el Estatut d’Autonomia, puesto que estamos siguiendo sus informes».

«En definitiva –ha resumido el alcalde– tenemos dos lenguas que son igual de oficiales e igual de respetables: el valenciano y el castellano, y que todo el mundo tiene derecho a usar en igualdad de condiciones. Pero además, una de esas lenguas, el valenciano, es un patrimonio que nos hace únicos al mundo y, por eso, tal como marcan las leyes, tenemos que cuidar del valenciano y lo hacemos gustosamente, porque continúa siendo una lengua viva. Y las mismas normas que por consenso de todos los grupos políticos nos hemos dotado, dicen que la forma histórica y propia de nuestro topónimo es València».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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