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El TSJCV desestima la petición de Ribera Salud de revertir la concesión del Hospital de Alzira

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la petición de Ribera Salud para suspender por la vía de urgencia las normas aprobadas por la Generalitat Valenciana para recuperar la gestión del departamento de salud de Alzira.

La Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 5ª), que tramita el recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud II contra las normas aprobadas por la Consellería de Sanidad para revertir la concesión que expira en marzo del próximo año, considera que no existen “circunstancias de especial urgencia” ni daños irreversibles que justifiquen una medida tan excepcional como la suspensión del acto administrativo sin escuchar a la administración demandada.

El Tribunal rechaza así la suspensión de dichas normas como medida cautelarísima pese a que la empresa recurrente alegaba “gravísimos e inminentes daños” para reclamar que la decisión de Sanidad se suspendiera en un plazo máximo de dos días y sin escuchar a la Abogacía de la Generalitat.

En su auto, la Sala explica que “en el presente caso, la parte recurrente estima de aplicación este precepto no obstante, no se aprecian de sus alegaciones en relación con la naturaleza del acto administrativo objeto de impugnación la concurrencia de condiciones que hagan aconsejable tal medida cuya naturaleza excepcional nace del propio hecho de la adopción de la medida inaudita parte por lo que debe reservarse para casos en los que la urgencia se derive de la naturaleza del acto, de la irreversibilidad de la situación y de la urgencia implícita en todas estas características, circunstancias que no son de apreciar en el presente caso”.

Por tal motivo, el TSJCV acuerda tramitar por la vía ordinaria la petición de suspensión cautelar de la resolución administrativa en tanto se resuelve el fondo del asunto.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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