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La víctima de los abusos pide al juez que el ex de Oltra entre ya en prisión

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El exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, Luis Ramírez (c), a su llegada a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que le ha citado este martes, para tramitar su ingreso en prisión, tras haber sido confirmada por el Supremo su condena por abuso sexual a una menor tutelada. EFE/Biel Aliño

València, 14 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- La víctima de los abusos sexuales cometidos por el educador social Luis Eduardo Ramírez -que estuvo casado con la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra- ha pedido al juez que su agresor entre ya en prisión y que no acceda a la petición de suspender la pena hasta que se resuelva su recurso ante el Tribunal Constitucional.

En un escrito, la abogada de la víctima, que era menor de edad cuando se cometieron los hechos, lamenta «la actitud torticera del condenado, quien ha esperado al último momento para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena».

«Desde el mes de diciembre era conocedor de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena, y cuando ha sido requerido para el ingreso voluntario en prisión lo ha retrasado alegando que tenía cita con el médico -añade-. Todo ello sin manifestar nada del recurso de amparo que pretendía interponer».

Además, continúa el escrito de esta letrada, al que ha tenido acceso EFE, «cuando quedaban pocos días para su ingreso, ha solicitado la suspensión de la condena hasta que se resuelva su recurso de amparo, por lo que con dicha actitud se aprecia claramente la intención de dilatar indebidamente la ejecución, con el riesgo que ello conlleva de eludir la acción de la Justicia».

La defensa de la menor señala que «la facultad de suspender la ejecución de las resoluciones recurridas en amparo corresponde al Tribunal Constitucional, siendo la misma de aplicación restrictiva e inusual», y considera que «en el presente supuesto nos encontramos con que se cumplen todos los criterios relevantes para denegar la suspensión».

Cita, entre otros motivos, «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados», que se trata de «una condena por delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años por parte de un educador» y la «trascendencia social» de este proceso.

Este escrito responde a la pregunta que planteó la Audiencia a las partes el pasado lunes, tras recibir la petición de Luis Eduardo Ramírez de que se suspendiese su entrada en prisión mientras no se resuelva su recurso al Constitucional.

Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de forma continuada de una menor de edad cuando era monitor en un centro de menores de la Generalitat.

El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent (Valencia), inicialmente previsto para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15, de modo que se acordó finalmente el viernes 16 como fecha límite.

 

València, 9 febrero (OFFICIAL PRESS-EFE).- La defensa de Luis Eduardo Ramírez, el educador condenado por abusar sexualmente de una menor de edad y que estuvo casado con la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, ha solicitado la suspensión o paralización de su ingreso voluntario en prisión, previsto para el día 16 de febrero.

El Tribunal Supremo confirmó la condena de 5 años de prisión a Ramírez y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent inicialmente para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15 que por error se dijo que era el día 5.

En un escrito a la Sala al que ha tenido acceso EFE, se argumenta la petición «a la vista de que ha sido presentado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional».

La petición del exmarido de Oltra

Expone que «el condenado, ahora demandante de amparo, siempre ha permanecido, desde el ya lejano año 2018, a disposición de la justicia, compareciendo siempre que ha sido llamado y habiendo estado localizable en todo momento, pese a no tener ninguna medida cautelar» desde el año 2018″.

Igualmente, señala que una de las variables a tener en cuenta a la hora de resolver la suspensión de penas de prisión es «el eventual riesgo de eludir la acción de la justicia que pueda existir» y recuerda que se «satisfizo íntegramente la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal, concretamente 6.000 euros».

Además, considera que «cumple el requisito» por los años a los que ha sido condenado, ya que para la suspensión «cobra especial relevancia la gravedad de la pena impuesta» y el Tribunal Constitucional sigue «como directriz inicial que la pena se sitúe por encima o debajo de la frontera de los 5 años de prisión, que es la que sirve al legislador para distinguir entre las penas graves y las menos graves».

El exmarido de Mónica Oltra a prisión

A ello suma que además de «la importancia de evitar la ejecución de una condena» que consideran que se ha impuesto «ne vulneración de los derechos fundamentales de Ramírez», en caso de no suspenderse «todo apunta a que una eventual estimación del recurso tendrá lugar cuando se haya cumplido ya una parte muy importante de la prisión».

Por ello, solicita que se «suspenda el ingreso en prisión de Ramírez hasta que el recurso de amparo haya sido resuelto; o subsidiariamente hasta que este haya sido admitido o inadmitido a trámite por el Tribunal Constitucional».

Ramírez fue condenado a 5 años de prisión por haber cometido cuando era monitor en un centro de menores abusos sexuales a una chica de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

 

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La menor violada en Valencia estaba con un joven en el baño cuando entraron otros tres: la presunta agresión se prolongó 40 minutos

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Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de una agresión sexual grupal a una menor de 16 años. Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de febrero en el baño de un centro comercial de la ciudad.

En el suceso también habría participado un cuarto menor de 13 años que, debido a su edad, es inimputable y no ha sido arrestado.

Los hechos investigados

Según la información facilitada por fuentes policiales, la menor acudió al baño del centro comercial junto a uno de los jóvenes. De acuerdo con su testimonio, mantuvo inicialmente relaciones consentidas con él. Posteriormente, otros tres menores entraron en el baño y, siempre según su versión, se produjo la presunta agresión durante cerca de 40 minutos.

La víctima ha declarado que se negó a mantener relaciones con los otros implicados y que tampoco autorizó la grabación de lo ocurrido. Sin embargo, los hechos habrían sido registrados con un teléfono móvil.

Los investigados reconocen que hubo relaciones sexuales, aunque sostienen que fueron consentidas. La defensa mantiene además que no hubo penetración y que existen conversaciones previas que, según su versión, acreditarían el consentimiento.

Grabación y difusión del vídeo

Además del presunto delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, los detenidos se enfrentan a un delito contra la intimidad y revelación de secretos por la supuesta grabación y difusión de las imágenes.

Días después de los hechos, la dirección del instituto tuvo conocimiento de que el vídeo estaba circulando entre alumnos del centro. Tras mantener una conversación con la menor, se activó el protocolo de actuación ante posibles casos de agresión sexual y se informó a las autoridades.

Actuaciones judiciales

Los arrestados fueron detenidos este lunes y pasaron al día siguiente a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha acordado como medidas cautelares:

  • Libertad vigilada.

  • Prohibición de comunicación con la víctima.

  • Orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 50 metros.

La investigación permanece abierta.


Actuación del GRUME

El GRUME es la unidad especializada de la Policía Nacional en la investigación de delitos en los que están implicados menores, tanto como presuntos autores como víctimas, actuando bajo la coordinación de la Fiscalía.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de hechos para activar los protocolos de protección y garantizar la asistencia a las víctimas.

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