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El uso de mascarillas, obligatorio en espacios cerrados y vías públicas a partir de hoy

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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) – El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará «muy probablemente mañana por la mañana» (por hoy miércoles) la Orden que fije el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad, fijada en dos metros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha anunciado que la Orden estará en vigor en cuanto se publique en el BOE, algo que se prevé mañana por hoy miércoles), y que contará con «ciertas excepciones» por motivos de edad o por patologías que desaconsejen su utilización. En concreto, las mascarillas que fijará el Gobierno como obligatorias en esas circunstancias serán las higiénicas o las quirúrgicas.

Preguntado acerca de por qué se toma esta decisión ahora, en una fase con muchos menos casos de COVID-19, y no en los momentos más acuciantes de la epidemia, Illa ha señalado que «todas las decisiones y protocolos están en permantente revisión». «En esta fase de desescalada nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado con las comunidades autónomas y hemos escuchado a los expertos. Nos ha parecido una medida de precaución, cautela y seguridad», ha explicado.

El ministro ha recordado que otros socios europeos también han tomado esta decisión en las últimas semanas, y ha vuelto a enmarcar esta medida en la fase de desescalada, en la que también se ha promulgado, por ejemplo, la Orden que establece una cuarentena de 14 días para todos aquellos viajeros que vengan del extranjero.

Illa ha resaltado que las mascarillas serán distribuidas por «distintos canales» ya en uso, como superficies u oficinas de farmacia, tal y como estaba ocurriendo hasta ahora. Con respecto a su precio, ha recordado que está fijado por Orden de Sanidad en 0,96 euros. Sobre la posibilidad de ofrecerlas de forma gratuita a determinados colectivos, ha pasado esta responsabilidad a las comunidades autónomas.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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