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La EMA autoriza la vacunación de niños de 5 a 11 años con Pfizer

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El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamengto (EMA)  autoriza extender el “uso de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para niños de 5 a 11 años”, según ha anunciado el organismo. La decisión de la EMA, inicialmente prevista para diciembre y después anunciada para el 29 de noviembre, ha terminado acelerándose en plena ola de contagios en Europa.

En mayo la EMA ya aprobó inmunizar con Pfizer-BioNTech a los adolescentes de 12 a 15 años y también tiene sobre la mesa el estudio la petición de Moderna para extender el uso de sus inyecciones a niños a partir de lo seis años.

La vacuna de Pfizer-BioNTech se administra en niños también en dos dosis separadas tres semanas una de la otra, con la diferencia de que cada pinchazo solo contiene una tercera parte del principio activo que el administrado a los mayores de 12 años.

Inmunizarlos puede contribuir a elevar el ritmo de vacunación y reducir la transmisión del virus, al incrementar el porcentaje de población vacunada, que en nuestro país ronda el 80%.

Tras los menores de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años llegará el turno para los niños entre los seis meses y los 4 años.

Según Sanidad,  entre 0 y 9 años, ha habido desde el inicio de la pandemia 17 muertes. En los últimos dos meses se ha registrado una única muerte teniendo en cuenta que en algunos casos se trata de niños que pueden tener alguna patología previa o enfermedad que incrementa su riesgo frente a la covid.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido 182 ingresos en uci de niños entre los 0 y los 9 años y algo menos de 3.500 hospitalizaciones, dentro de un total de contagios de casi 360.000 casos.

¿Y ahora qué?

La autorización de la EMA al uso de esta vacuna en niños de 5 a 11 años no significa que se vaya a inmunizar a este grupo, sino que pasa a ser una herramienta más que los Gobiernos pueden utilizar frente a la pandemia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, evitó avanzarse al pronunciamiento de la EMA. “Estamos a la espera y después la ponencia de Vacunas [los expertos que asesoran a Gobierno y comunidades] lo valorará”, ha afirmado.

Será la Comisión de Salud Pública la que tome una decisión, según ha señalado la ministra, que en este caso, se ve condicionada por el ritmo de “llegada de las vacunas”, distintas a las actualmente utilizadas y cuya compra adelantada ya ha sido acordada por la Comisión Europea con la farmacéutica, ha confirmado Darias.

Todo apunta a que la prioridad ahora mismo es la administración de la tercera dosis a los mayores de 60 años y personal sanitario, “cerca de 16 millones de personas, lo antes posible”, antes o después llegará también la hora de vacunar a los niños.

En España el grupo de está franja comprende por 3,2 millones de niños (el 6,9% de la población total). Desde el principio, la vacunación de los niños frente al coronavirus ha sido un asunto que ha dividido a los expertos sobre todo en los últimos meses. Los últimos datos y la acelerada circulación del virus en España y Europa hace que cada vez sea más real la vacunación a estos menores.

Muchos piensan que la inmunización de este grupo permitiría superar ampliamente el 85% de la población total vacunada y acercar más a España hacia la inmunidad de grupo. Mientras el resto opina que no es necesario hacerlo dada la levedad con la que los niños cursan la enfermedad y la baja transmisibilidad del virus entre niños.

Sin embargo el debate está en la mesa ya que actualmente, los menores de 12 años forman el grupo de edad con una mayor incidencia en España, con 233 casos por 100.000 habitantes a 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Una cifra elevada que no llega a doblar los 149 casos registrados en la población general a pesar de que es el único tramo poblacional sin vacunar.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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