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La EMA autoriza la vacunación de niños de 5 a 11 años con Pfizer

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El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamengto (EMA)  autoriza extender el “uso de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para niños de 5 a 11 años”, según ha anunciado el organismo. La decisión de la EMA, inicialmente prevista para diciembre y después anunciada para el 29 de noviembre, ha terminado acelerándose en plena ola de contagios en Europa.

En mayo la EMA ya aprobó inmunizar con Pfizer-BioNTech a los adolescentes de 12 a 15 años y también tiene sobre la mesa el estudio la petición de Moderna para extender el uso de sus inyecciones a niños a partir de lo seis años.

La vacuna de Pfizer-BioNTech se administra en niños también en dos dosis separadas tres semanas una de la otra, con la diferencia de que cada pinchazo solo contiene una tercera parte del principio activo que el administrado a los mayores de 12 años.

Inmunizarlos puede contribuir a elevar el ritmo de vacunación y reducir la transmisión del virus, al incrementar el porcentaje de población vacunada, que en nuestro país ronda el 80%.

Tras los menores de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años llegará el turno para los niños entre los seis meses y los 4 años.

Según Sanidad,  entre 0 y 9 años, ha habido desde el inicio de la pandemia 17 muertes. En los últimos dos meses se ha registrado una única muerte teniendo en cuenta que en algunos casos se trata de niños que pueden tener alguna patología previa o enfermedad que incrementa su riesgo frente a la covid.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido 182 ingresos en uci de niños entre los 0 y los 9 años y algo menos de 3.500 hospitalizaciones, dentro de un total de contagios de casi 360.000 casos.

¿Y ahora qué?

La autorización de la EMA al uso de esta vacuna en niños de 5 a 11 años no significa que se vaya a inmunizar a este grupo, sino que pasa a ser una herramienta más que los Gobiernos pueden utilizar frente a la pandemia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, evitó avanzarse al pronunciamiento de la EMA. “Estamos a la espera y después la ponencia de Vacunas [los expertos que asesoran a Gobierno y comunidades] lo valorará”, ha afirmado.

Será la Comisión de Salud Pública la que tome una decisión, según ha señalado la ministra, que en este caso, se ve condicionada por el ritmo de “llegada de las vacunas”, distintas a las actualmente utilizadas y cuya compra adelantada ya ha sido acordada por la Comisión Europea con la farmacéutica, ha confirmado Darias.

Todo apunta a que la prioridad ahora mismo es la administración de la tercera dosis a los mayores de 60 años y personal sanitario, “cerca de 16 millones de personas, lo antes posible”, antes o después llegará también la hora de vacunar a los niños.

En España el grupo de está franja comprende por 3,2 millones de niños (el 6,9% de la población total). Desde el principio, la vacunación de los niños frente al coronavirus ha sido un asunto que ha dividido a los expertos sobre todo en los últimos meses. Los últimos datos y la acelerada circulación del virus en España y Europa hace que cada vez sea más real la vacunación a estos menores.

Muchos piensan que la inmunización de este grupo permitiría superar ampliamente el 85% de la población total vacunada y acercar más a España hacia la inmunidad de grupo. Mientras el resto opina que no es necesario hacerlo dada la levedad con la que los niños cursan la enfermedad y la baja transmisibilidad del virus entre niños.

Sin embargo el debate está en la mesa ya que actualmente, los menores de 12 años forman el grupo de edad con una mayor incidencia en España, con 233 casos por 100.000 habitantes a 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Una cifra elevada que no llega a doblar los 149 casos registrados en la población general a pesar de que es el único tramo poblacional sin vacunar.

 

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Begoña Gómez solicita aplazar su declaración ante el juez Peinado debido a un compromiso

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Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

La esposa del presidente del Gobierno pide fijar una nueva fecha debido a un compromiso previo en Arona, Tenerife.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado una solicitud ante el juez Juan Carlos Peinado para suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, prevista inicialmente para el próximo 11 de septiembre de 2025.

El motivo alegado en el escrito es que ese mismo día Begoña Gómez tiene fijado otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife, lo que imposibilita su comparecencia ante el juzgado que instruye la causa en cuestión. El abogado ha pedido formalmente que se fije una nueva fecha para la declaración, asegurando que la interesada cumplirá con sus obligaciones judiciales en cuanto sea posible.


Contexto del procedimiento

La declaración se produce en el marco de un procedimiento judicial en el que Begoña Gómez figura como investigada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre las diligencias previas. La solicitud de aplazamiento ha sido presentada ante el juez Peinado, encargado de la instrucción.


Próximos pasos

La decisión sobre el aplazamiento y fijación de nueva fecha depende del juez, quien evaluará la compatibilidad de la agenda de la investigada con los plazos procesales. Este procedimiento judicial sigue en curso, y cualquier cambio en el calendario será comunicado oficialmente por el juzgado.

 

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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