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ERE de Telefónica: afectará a un máximo de 5.100 trabajadores

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ERE de Telefónica

Madrid/València, 4 dic (OFFICIAL PRESS-EFE).- Telefónica plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 5.100 trabajadores, 343 en la Comunitat Valenciana, en las tres sociedades que la compañía tiene en España, según han informado fuentes sindicales tras la primera reunión de constitución de las mesas de negociación.

Este lunes ha finalizado la constitución de las mesas de negociación de las tres entidades jurídicas de Telefónica en España -Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España-, donde trabajan unas 16.000 personas.

La empresa considera que existen 5.124 puestos de trabajos excedentes, que es la cifra máxima de trabajadores que podrían verse afectadas por el ERE.

Telefónica plantea este recorte de empleo por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico.

ERE de Telefónica

Fuentes sindicales estiman que las bajas serán «inevitablemente inferiores», ya que, a su juicio, el ajuste de estos puestos excedentes puede hacerse mediante distintas medidas como cambio de actividad, internalizaciones o recualificaciones, sin necesariamente salidas.

Desde UGT consideran que el volumen de bajas que plantea la compañía «aún no se ha hecho público».

De los 5.124 puestos de trabajo, 4.085 corresponden a Telefónica España, 81 a Soluciones y 958 a la división de móviles, han añadido las mismas fuentes.

Por comunidades autónomas, Madrid es la que acumula más puestos en el ERE, con 1.580 entre las tres sociedades (881 en Telefónica España, 624 en Telefónica Móviles y 75 en Soluciones).

Afectará hasta un máximo de 343 trabajadores en la Comunitat Valenciana

Entre las más afectadas se sitúan asimismo Cataluña, con 777 empleos en total; Andalucía, con 691; Comunitat Valenciana, con 343; Galicia, con 339; Castilla y León con 286; País Vasco, con 255, y Asturias, con 140, detallan fuentes sindicales.

Canarias suma 136 puestos de trabajo excedentes; Aragón 128; Castilla-La Mancha 119; Murcia 90; Islas Baleares 77; Extremadura 76; Cantabria 42; Navarra 36 y La Rioja 9.

El ERE, cuyo plazo se extenderá hasta 2026, está previsto para personas nacidas en 1968 y años anteriores (con 55 años de edad o más), con una antigüedad mínima de 15 años, según las mismas fuentes.

La siguiente reunión entre sindicatos y empresa será el próximo 11 de diciembre.

Estas negociaciones irán en paralelo a las del convenio colectivo de los empleados de las tres sociedades y, de hecho, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán un acuerdo sin el otro.

UGT ha reiterado su posición de que «no habrá acuerdo en el ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad».

Una posición compartida por CCOO, que señala que buscará unos «resultados positivos» en todas las comisiones negociadoras de manera coordinada.

El último ERE que planteó Telefónica se produjo en 2011, cuando despidió a más de 6.000 empleados, una medida que provocó un cambio de legislación.

Desde entonces Telefónica ha optado por poner en marcha salidas de trabajadores mediante el conocido como PSI, las siglas que responden a Plan Suspensión Individual, por el que el empleado sigue vinculado a la empresa hasta su jubilación real, aunque esté suspendido de empleo, y mantiene los beneficios sociales, como el seguro médico y el plan de pensiones.

La empresa ha presentado tres planes de este tipo, en 2016, 2019 y 2021.

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Perfil de Teresa Peramato propuesta como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz

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El Gobierno ha decidido impulsar el nombramiento de Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, una propuesta que llega en un momento de especial relevancia para el Ministerio Fiscal. La decisión será formalmente elevada por el Consejo de Ministros, que tiene previsto abordar el relevo tras la renuncia presentada por Álvaro García Ortiz. Su salida se produjo después de que el Tribunal Supremo confirmara una condena que implica su inhabilitación durante dos años, situación que le imposibilita continuar al frente de la Fiscalía General.

Una sustitución marcada por la urgencia institucional

La renuncia de García Ortiz ha obligado al Ejecutivo a actuar con rapidez para garantizar la continuidad de la institución. La Fiscalía General del Estado es un elemento clave dentro del sistema judicial español, por lo que la designación de una persona con amplia experiencia y solvencia profesional resultaba fundamental.

En este contexto, la figura de Teresa Peramato ha ganado fuerza debido a su larga trayectoria dentro de la carrera fiscal, su especialización en violencia de género y su conocido perfil técnico y progresista.

Perfil y trayectoria de Teresa Peramato: experiencia y continuidad

La propuesta del Gobierno no es casual. Peramato cuenta con más de tres décadas de experiencia en diferentes destinos, destacando especialmente su trabajo en áreas relacionadas con la protección de las víctimas, la igualdad y la justicia penal. Su trayectoria ha estado marcada por cargos de alta responsabilidad y por su implicación en iniciativas para reforzar la atención institucional frente a la violencia machista.

Además, destaca el hecho de que Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización profesional que ha tenido un papel relevante en la elección de los dos fiscales generales anteriores. Su elección, por tanto, mantiene la línea ideológica y técnica de los últimos años dentro del Ministerio Fiscal.

Proceso de nombramiento

Una vez presentada la propuesta por el Consejo de Ministros, se activará el procedimiento habitual:

  1. Solicitud de informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aunque no es vinculante, forma parte del proceso obligatorio.

  2. Comparecencia de Teresa Peramato ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios y exponer las líneas generales de su proyecto.

  3. Finalmente, el Gobierno aprobará su nombramiento mediante Real Decreto, cerrando así el relevo en la Fiscalía General del Estado.

Una elección con implicaciones institucionales y políticas

La propuesta de Peramato llega en un momento complejo para la Fiscalía, tras meses de debate público y tensiones entre distintas sensibilidades dentro de la propia institución. Su perfil, marcado por el compromiso con la perspectiva de género y por una amplia experiencia en la administración de justicia, puede aportar estabilidad en un contexto de polarización.

Al mismo tiempo, su nombramiento es interpretado como un gesto de continuidad respecto al modelo impulsado por sus antecesores, especialmente en aspectos relacionados con la defensa de la igualdad y la modernización del Ministerio Fiscal.

Conclusión: un relevo decisivo para la Fiscalía General del Estado

La designación de Teresa Peramato como candidata a fiscal general del Estado representa un movimiento estratégico para garantizar la continuidad institucional y fortalecer áreas clave como la protección de víctimas y la lucha contra la violencia de género. Su perfil profesional, su pasado en la UPF y su amplia trayectoria en la carrera fiscal la colocan como una de las figuras con mayor preparación para asumir este relevo en un momento crítico para el sistema judicial español.

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